Durante la
“guerra sucia” de la década de los setentas del siglo XX, una de las prácticas
que empleó el Estado mexicano para doblegar a sus opositores fue el secuestro
de los hijos de los principales dirigentes de las organizaciones guerrilleras.
Cientos de familias fueron despedazadas, con especial sevicia las de aquellos
que en su momento representaban al “enemigo público número 1”. Para junio de
1974 el hombre más buscado por la policía y el ejército era el ya legendario
dirigente del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos, quien había
cometido el error estratégico más costoso de la historia de la guerrilla
mexicana: el secuestro del candidato a gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa
Figueroa, acción por la que más de un millar de personas fueron perseguidas,
torturadas, encarceladas, desaparecidas o ejecutadas en la Sierra de Atoyac de
Álvarez.
El 26 de noviembre de 1974,
elementos del ejército al mando del Mayor Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite
cercaron una casa en Tixtla, Gro. en la que familiares cercanos de Lucio
pretendían resguardarse de la represión. Fueron detenidos la madre del
guerrillero, Rafaela Gervasio Barrientos, su mujer Isabel Ayala Nava, su
pequeña y única hija de dos meses de edad, Micaela Cabañas Ayala y sus hermanos
Juana (minusválida), Conrado y Bartola Serafín Gervasio, ésta junto con su
esposo Cleofas Barrientos y sus hijos de 2,
4 y 5 años. Todos fueron trasladados a una cárcel clandestina en el
Campo Militar No. 1, donde sufrieron tortura, vejaciones y privación indefinida
de la libertad. Además, hombres y mujeres fueron separados y no se volvieron a
ver hasta su salida, tres años después. (Proceso 1282, 28 de mayo de 2002).
Lucio nunca supo que sus familiares
habían sido detenidos ni éstos se enteraron de que él había muerto en combate
cinco días después de que fueron capturados. Fue hasta su salida de Campo
Militar No. 1, en el año de 1977, que los Cabañas-Gervasio se percataron de que
tres años atrás había perecido el causante de su encierro. No había
justificación jurídica, ética o política para tenerlos en cautiverio. Todo
indica que el episodio fue parte de una venganza por parte de Rubén Figueroa
Figueroa. El gobernador de Guerrero decidió el tiempo de reclusión, ya que a
Isabel Ayala la liberó a los 20 meses, procediendo de inmediato a violarla,
mientras que al resto de los hermanos los mantuvo presos hasta 1977, en
condiciones infrahumanas. Micaela, la bebé que Lucio no llegó a conocer, pasó
los primeros dos años de su existencia, literalmente, en el infierno. Todo
ocurrió con la complicidad de los presidentes Luis Echeverría y José López
Portillo, así como del ejército.
Todos los hasta aquí mencionados
recobraron su libertad, no así otros 120 familiares del guerrillero, de quienes
se especula, fueron arrojados al océano Pacífico o asesinados en condiciones
ignotas. Cuando las madres y esposas de los desaparecidos demandaron a Rubén
Figueroa Figueroa la presentación con vida de los suyos, el gobernador les
contestó que sus maridos las habían abandonado por ser gordas y viejas.
Entre 1975 y 1976 el hombre más
buscado del país fue David Jiménez Sarmiento, el máximo dirigente de la Liga
Comunista 23 de Septiembre. La historia de la represión a la que fue sometida su
familia es asaz truculenta. El padre, el señor David Jiménez Fragoso, se había
incorporado a trabajar en la imprenta clandestina de la organización. Fue
detenido en mayo de 1975 por una delación, trasladado a Campo Militar No. 1 y
asesinado en la tortura. La familia nunca supo lo que ocurrió con él. La madre
de David, la señora Gloria Sarmiento y sus hijos de 5 y 7 años de edad, también
fueron convertidos en rehenes del Estado, permaneciendo en el Campo Militar No.
1. En julio de 1975 la esposa de Jiménez, Teresa Hernández Antonio, fue asesinada
a mansalva en las “Islas de Ciudad Universitaria”, junto con el profesor Adolfo
Lozano, ambos militantes de la 23. A Teresa se le aplicó la “ley fuga”, recibió
nueve tiros y uno de gracia. También en 1975 fue asesinado el esposo de una
hermana de Jiménez, Joaquín Porras Baños, involucrado en el movimiento.
La segunda pareja de Jiménez Sarmiento, María de Jesús Estrada Armendáriz, (a) “Magdalena”,
fue abatida a tiros por la policía en Ciudad Juárez, Chihuahua el 11 de febrero de
1976. El 11 de agosto de ese mismo año, Jiménez Sarmiento murió en el frustrado secuestro de
Margarita López Portillo, en la Ciudad de México, sin embargo, la tragedia
familiar no concluyó ahí. En julio de 1977 cayó una casa de seguridad habitada
por dos primos de David, Ángel Sarmiento Jiménez y Olivia Ledesma, quienes según
algunas versiones, optaron por suicidarse para no caer en manos de sus
enemigos.
La tercera pareja de Jiménez Sarmiento, Leticia Galarza Campos, tenía un par de
meses de embarazo cuando éste perdió la vida. Una vez que nació su hija se vio obligada
a dejarla en manos de una familia cercana, para evitar que también fuera
devorada por la represión. El 5 de enero de 1978, Galarza fue detenida por la
Brigada Blanca, cuyos miembros la torturaron y la condenaron a la desaparición
forzada en las mazmorras del Campo Militar No. 1.
A principios de 1978 salió en libertad Carlos Jiménez Sarmiento,
quien purgaba una condena desde 1972. De hecho, su hermano David había planeado el secuestro
de la hermana de José López Portillo para exigir la liberación de Carlos, la
esposa de éste, María Eugenia Calzada Flores y otros presos políticos. Un día de abril de ’78, cuando Carlos
se disponía a visitar a su esposa en el penal de Santa Marta Acatitla, la
Brigada Blanca interceptó su vehículo, obligando a Carlos y a Rosario Carrillo Saucedo (militante de la 23) a descender. Sin ninguna contemplación, los dos fueron ejecutados
a quemarropa.
A la luz de estas historias de
terror se entiende que el Estado mexicano, por su naturaleza represiva,
perpetúe estas prácticas treinta años más tarde. Tal es el caso de la injusta
reclusión de tres de los cinco hijos de Francisco Cerezo Quirós, uno de los
pocos guerrilleros que lleva más de 35 años en la clandestinidad. Conocido como
“Milton”, Cerezo fue uno de los fundadores de la Unión del Pueblo en los
sesentas y ha vivido todos los procesos de la organización: su conversión en
Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo – Partido de los
Pobres primero y en Ejército Popular Revolucionario después. Sus hijos, sin
embargo, siempre fueron ajenos a su actividad clandestina. Para ellos su padre
era simplemente un profesor y luchador social en movimientos abiertos, como el
de los colonos de San Juan Ixtayopan. No obstante, desde que en 2001 la PGR
identificó a Cerezo como el principal dirigente del EPR, los muchachos han
sufrido en carne propia el espionaje, la intimidación, la persecución, la
tortura y el encierro en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya
de Juárez, aunque si por los emisarios del pasado fuera, estarían en una cárcel
clandestina del Campo Militar No. 1. Por si poco fuera, el 19 de octubre de
2001 fue asesinada Digna Ochoa Plácido, la abogada de los Cerezo, por elementos
intocables para la justicia mexicana.
Finalmente, en una práctica que
recuerda la venganza de Rubén Figueroa contra la familia de Lucio Cabañas, el
pasado 16 de enero fueron separados los hermanos Cerezo: Héctor fue trasladado
al CEREFESO de Puente Grande, Jalisco y Antonio al de Matamoros, Tamaulipas,
por su presunta vinculación con una organización delictiva que operaba al
interior de “La Palma”.
Hace treinta años la ciudadanía no
tenía noción de los “derechos humanos”. La gente vivía permanentemente
aterrada, optando por no enterarse de lo que ocurría en las sórdidas catacumbas
de la represión. Sin embargo, en la actualidad es difícil entender que en un
clima presuntas libertades democráticas, se permita que estos jóvenes padezcan
un injusto cautiverio por el simple hecho de ser hijos del enemigo público
número 1 de la contrainsurgencia. Hoy como ayer el Estado es el mismo, pero
nosotros no. No debemos permitirlo. No otra vez.
