Conversación sobre la FEMOSPP y la memoria histórica, primera parte

       Los académicos tenemos pocas oportunidades para debatir temas fundamentales fuera del estrecho marco que ofrecen los congresos, coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Hace algún tiempo, la profesora Aurelia Gómez Unamuno y yo iniciamos una conversación sobre las inquietudes que compartirmos en torno a la guerra sucia mexicana. Estas son algunas de las notas derivadas de nuestros intercambios epistolares. Las hago públicas por considerar que abordamos temas que ya no se discuten en la esfera pública pero sobre los que hay que insistir si aspiramos a sanear la memoria histórica de la sociedad mexicana.

       AGU: Una de las críticas al trabajo desarrollado por la FEMOSPP ha sido el hecho de no haber una periodización más fina y distinciones entre la violencia de estado (ejecuciones, torturas, desapariciones) entre la década de los sesenta a ochenta, llamada guerra sucia y la posterior violencia contra la oposición política, específicamente contra los partidos de izquierda. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto y los debates en la historiografía mexicana sobre la periodización de la llamada guerra sucia?

ACC: Voy a contestarte con una divagación necesaria para llegar al núcleo del problema. Respecto al trabajo de la FEMOSPP, lo primero que hay que considerar es que hubo dos equipos encargados de la investigación histórica, el primero dirigido por Ángeles Magdaleno y el segundo por José Sotelo Marbán, quien fue el responsable de elaborar el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana "Que no vuelva a suceder!". Ambos equipos fueron integrados al azar, sin ningún reclutamiento riguroso de por medio, así que no contaban con ningún historiador experto en temas de Guerra fría, movimientos armados, derechos humanos o violencia política. (Cabe notar que algunos colaboradores de la FEMOSPP se hicieron especialistas después de trabajar en el informe). El hecho de que Magdaleno no tuviera siquiera la licenciatura terminada es indicativo de la negligencia de las autoridades, aunque el informe afortunadamente fue redactado por el equipo de Sotelo. Magdaleno terminó tomando partido por los represores y acusando al fiscal Ignacio Carrillo Prieto de distorsionar la verdad y fabricar culpables, no sé si lo hizo por dinero o por convicción, pero su falta de preparación y su odio explícito hacia los guerrilleros la convertían en la persona menos calificada para el puesto que tuvo. Sotelo heredó de Magdaleno algo de documentación dispersa, pero no recibió nada por escrito: un reporte, un borrador, un artículo que reflejara el trabajo de su predecesora, nada! La estructura del informe y sus contenidos fueron pues diseñados por el equipo de sociólogos, abogados, exguerrilleros y activistas de derechos humanos convocados por Sotelo. La incorporación de exguerrilleros y activistas era importante para el fiscal Ignacio Carrillo Prieto para darle un barniz de legitimidad al trabajo de la FEMOSPP. Los exguerrilleros, sin duda, eran quienes tenían un conocimiento más profundo sobre el periodo, pero eso no garantizaba que tuvieran el perfil para elaborar un informe de esta naturaleza. El informe requería de expertos imparciales, ajenos a los hechos investigados. En mi opinión, era inevitable que los exguerrilleros jugaran el papel de juez y parte, a pesar de sus buenas intenciones. Previsiblemente, la derecha acusó a la FEMOSPP de ser parcial y tendenciosa por la presencia de los exguerrilleros, pese a que la FEMOSPP como institución realmente nunca tomó partido por las víctimas. Si uno fuera conspiracionista, pensaría que todo esto fue un plan deliberado de la PGR para debilitar la imagen pública de la fiscalía. En resumidas cuentas, encargar un informe histórico a profesionistas no especializados en la materia puede parecer una muestra típica del funcionamiento (o la disfuncionalidad) de las instituciones mexicanas, sin embargo, dada la gravedad de los hechos a investigar, también era un signo inequívoco de la falta de compromiso del Estado con la búsqueda rigurosa de la verdad. Al sostener esto no quiero demeritar el trabajo de los investigadores, que hicieron un gran esfuerzo a pesar de las condiciones adversas que afrontaron, pero el hecho es que el informe presenta múltiples carencias y posee un carácter mixto, ya que oscila entre buscar la verdad histórica y la verdad jurídica. Además, el informe fue saboteado internamente de múltiples maneras, desde la elección arbitraria de los colaboradores, su despido injustificado y la negativa de la PGR a pagar sus sueldos, hasta la censura y tergiversación del documento final. De hecho, cuando me preguntas por el trabajo de la FEMOSPP no sé si te refieres al borrador filtrado a la prensa o al informe que colocó la PGR en su página. El borrador del informe es más conocido porque, a diferencia del informe oficial, se ha mantenido en línea en la página del National Security Archive, sin embargo, su mala factura y el sabotaje del que fue objeto hizo que la severidad de las atrocidades que denunciaba pasara a segundo plano. Fuera del escándalo mediático que duró un par de semanas, el informe pasó desapercibido a su destinatario, que era la sociedad mexicana. En cualquier caso, el informe fue producto de decisiones y desaciertos burocráticos, no el resultado de una comunidad de la memoria que demandara una investigación histórica realizada bajo los estándares más altos de las ciencias sociales. Por tanto, tengo cierta reticencia a juzgar con criterios historiográficos una obra que no puede catalogarse como histórica en estricto sentido.

Otro factor a tomar en cuenta es que cuando el informe estaba en proceso de elaboración, la historiografía sobre la guerra sucia era mínima. No había un acuerdo en torno a la denominación del periodo, algunos exguerrilleros y periodistas defendían el concepto de guerra sucia partiendo de que había habido un conflicto armado interno donde se habían violado las convenciones de Ginebra (entre los que recuerdo estaban Ricardo Rodríguez, José Luis Moreno Borbolla y la revista Proceso). Otros, en cambio, bajo la influencia del caso argentino, rechazaron la idea de que hubiera habido un conflicto entre dos partes beligerantes, se opusieron al concepto de “guerra sucia” por ser el que utilizó el Proceso de Reorganización Nacional y optaron por enfatizar únicamente la violencia de Estado, llamando al periodo “terrorismo de Estado”. De esta manera, parecían obviar  la violencia de los grupos armados. Entre quienes han defendido este concepto se encuentran Alberto López Limón, Claudia Rangel, Evangelina Sánchez y organizaciones de derechos humanos como AFADEM, la fundación Diego Lucero, el Comité Eureka e HIJOS México. Ambos enfoques están basados en distintas interpretaciones del derecho. La primera apela al derecho internacional humanitario y la segunda a los derechos humanos. “Terrorismo de Estado” es una categoría difusa porque las formas extremas de violencia de Estado contra la sociedad civil han sido un fenómeno transversal al siglo XX y lo que va del XXI. Además, el concepto de terrorismo empezó a tener un significado polivalente a partir del 11 de septiembre del 2001 y por tanto muchos académicos prefieren hablar de violencia de Estado o terror estatal. El concepto propuesto por Fritz Glockner de guerra de baja intensidad no ha sido aceptado porque se asocia principalmente con las “proxy wars” de Centroamérica durante la década de los 1980. Idealmente, deberíamos buscar una denominación que escapara al marco jurídico, pues ningún otro conflicto del siglo XX mexicano ha sido nombrado con base en el derecho. Sin embargo, el concepto de guerra sucia se ha consolidado hasta convertirse en una denominación estándar. Me parece que no hay inconveniente si al usarlo resaltamos que, al margen del origen del término y sus implicaciones políticas, hubo una guerra asimétrica y lesiva de los derechos humanos de la población tanto combatiente como civil, distinta a conflictos previos por su carácter profundamente ideológico, la sofisticación que alcanzó la tecnología del terror y la influencia del contexto internacional. Por otra parte, aceptar que hubo un conflicto armado conlleva una periodización más definida. El movimiento armado socialista (MAS) le declaró la guerra al Estado mexicano por primera vez en Chihuahua en 1964, cuando el Grupo Popular Guerrillero comenzó una guerra de guerrillas contra los caciques y las fuerzas de seguridad. Yo nunca incluyo a Rubén Jaramillo como parte del MAS porque tanto su ideología como sus estrategias de lucha eran ajenas a la oleada guerrillera de los sesenta. Entre 1964 y 1978 aparecieron decenas de organizaciones y comandos guerrilleros y los últimos fueron erradicados en el sexenio de José López Portillo, que concluyó en 1982, si bien hubo unos cuantos desaparecidos más hasta 1985, a cargo del Grupo Jaguar. Los grupos armados sobrevivientes (PROCUP, FLN y algunos excomandos de la Liga Comunista 23 de Septiembre) se replegaron y llevaron a cabo acciones armadas esporádicas en la total clandestinidad, de las cuales prácticamente no tenemos conocimiento. No coincido con los autores que dan por terminada la guerra sucia hacia 1978-79 con las leyes de la reforma política y de la amnistía. Me cuesta trabajo pensar en una periodización sobre la guerra sucia que no abarque los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo completos. Si incluyésemos la guerra contra las drogas como una extensión de la guerra sucia, podríamos acordar que 1985 sería el mejor año para dar por concluido el conflicto. A partir del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y la disolución de la DFS, ambos en 1985, la escena política en México se transformó notablemente.

            Por otra parte, la violencia contra la oposición no armada ha sido también una constante de las elites gobernantes, desde la elite porfirista hasta la elite postrevolucionaria, por eso sería difícil periodizar la violencia contra las organizaciones de la sociedad civil. Durante los ochenta la violencia de Estado tuvo más fluctuaciones, alternando periodos de relativa calma con otros de violencia sistemática, especialmente a raíz del surgimiento del Frente Democrático Nacional en 1988 y del PRD en 1989, lo cual desató una cacería de militantes cardenistas.  La oleada guerrillera de los 1990, protagonizada por el EZLN y el EPR y sus posteriores desprendimientos, desencadenó una guerra de baja intensidad, cuyos efectos son visibles hasta el presente. Una de las falencias de la FEMOSPP y de su equipo histórico es que, al no tener un mandato claro (el nombre de la fiscalía implicaba todos los movimientos sociales del pasado) y al mezclar la dimensión jurídica con la histórica, no se planteó periodizar estos fenómenos.

     AGU: Una de las cuestiones que me parece hemos comentado es la poca visibilidad de la represión del estado y el movimiento armado socialista frente a la memoria del 68. Asimismo revisando el informe de la FEMOSPP y algunos señalamientos de ex combatientes, como lo plantea Gamiño, destaca el mayor peso que tuvo en primera instancia las masacres de Tlatelolco y San Cosme versus los movimientos armados. Esto me parece que fue antes de que se invitaran a algunos excombatientes a participar en la FEMOSPP. Aunque hay una parte del reporte dedicada específicamente al estado de Guerrero, otras masacres y operativos del ejército quedaron soslayados. ¿Cuáles no se abordaron?

ACC: Tengo entendido que el fiscal Ignacio Carrillo en la primera persona que pensó para coordinar el área de investigación histórica fue Sergio Aguayo, pero este rechazó el ofrecimiento y propuso a Ángeles Magdaleno, que había sido su ayudante de investigación para su libro sobre el movimiento estudiantil de 1968. Magdaleno tenía nociones mínimas sobre el ’68 e ignoraba por completo lo que había sido la guerra sucia. Creo que esta es una de las razones por las que al principio se le dio más peso a la investigación tanto histórica como jurídica de las masacres del ’68 y el ’71, pero también había otras razones de contexto. Gracias al activismo del Comité ’68 pro Libertades Democráticas y al papel de los medios de comunicación, la masacre de Tlatelolco fue construida en el imaginario colectivo como el acontecimiento más importante de la guerra fría mexicana. El ’68 se convirtió para el Estado en una especie de marca para delimitar los contornos de la memoria permitida, un hito que podía incorporarse incluso a la historia oficial promovida en los libros de texto. La memoria sobre el ’68 “chilango” fue utilizada para oscurecer o minimizar los otros Tlatelolcos que hubo en el resto de la república. Desafortunadamente, la mayoría de la intelectualidad mexicana con peso en la esfera pública se asienta en la Ciudad de México y ha contribuido a fomentar un enfoque “chilangocéntrico” de la historia, la cultura, las artes, etc. Este sector también contribuyó poderosamente a hacer del ’68 el gran parteaguas de la historia mexicana reciente. No obstante, el verdadero parteaguas fue la lucha armada: fue ésta la que transformó al sistema político, la que obligó al Estado a admitir que la izquierda participara en los procesos electorales y a decretar una amnistía a los presos políticos. El movimiento estudiantil del ’68 no logró nada parecido y no es acertado que se le considere como el gran catalizador de la democratización del país, a menos que se tome en serio la apertura echeverrista, como hacen algunos académicos. La lucha por la democracia y los derechos políticos no fue inaugurada por el movimiento estudiantil sesentayochero, éste fue uno más de los movimientos de masas obreros, campesinos, estudiantiles y populares que emergieron desde la década de 1950, dando lugar a ciclos de protesta recurrentes. La manera despiadada con la que el Estado acabó con la protesta estudiantil el 2 de octubre no tuvo que ver con la peligrosidad del movimiento sino con las Olimpiadas, sin ese factor, el gobierno probablemente hubiera seguido el mismo patrón represivo que aplicó contra los ferrocarrileros en 1959, persiguiendo y encarcelando a miles de activistas y matando a unos cuantos, no cometiendo una carnicería publica y masiva. No hago un llamado a negar la importancia del movimiento estudiantil de masas del ’68, pero nos ha hecho falta ponerlo en perspectiva y entender su justa dimensión en el contexto nacional.

Sin escatimar los logros de las luchas sociales, me parece que la lucha armada fue la que tuvo un impacto más profundo en la transformación del Estado y del régimen político. Al informe histórico le hubiera venido bien descentralizar la importancia de las masacres en la Ciudad de México y visibilizar la violencia estatal en el resto del país, especialmente en el campo. Desafortunadamente, el informe contribuyó a impulsar la narrativa de que los tres eventos más importantes del periodo fueron Tlatelolco, Corpus Christi y la guerra sucia en Guerrero. Recuerdo que la parte de la historia de las organizaciones armadas me pareció la mejor lograda del informe, aunque está un poco desconectada de los otros capítulos que presentan información desorganizada y repetitiva sobre las violaciones a los derechos humanos en Guerrero. Al estudiar la guerra sucia en estados como Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Sinaloa y Sonora y la violencia política en estados con una alta densidad de población indígena, como Michoacán, Puebla, Oaxaca y Chiapas, he caído en la cuenta de que si bien es cierto que Guerrero tuvo el mayor número de víctimas fatales, los efectos de la contrainsurgencia no fueron menos brutales en los estados mencionados. Los estados del norte y el noroeste prácticamente se quedaron sin izquierda porque la izquierda armada fue exterminada y la izquierda democrática perseguida, arrinconada y cooptada. En el caso de las comunidades indígenas, las masacres, los asesinatos u otros episodios de violencia extrema han sido escasamente documentados y han sido atribuidos a “pugnas interétnicas”. Ahí el factor del racismo institucional ha operado fuertemente, cuando pareciera que debería ser lo contrario: que los indígenas recibieran más atención por ser una población más vulnerable y susceptible a ser violentada y discriminada. En algunas regiones la iglesia católica fue la única que llevó un registro de las atrocidades. Esperemos que si algún día hay una comisión de la verdad en México ésta de más visibilidad a los acontecimientos de esos estados y evite dar la impresión de que la violencia contrainsurgente sólo debe tomarse en cuenta cuando implica una alta tasa de homicidios. El enfoque cuantitativo le ha hecho daño al estudio de estos temas, deformando nuestra comprensión sobre la violencia estatal.

Por otra parte, es interesante observar que a comienzos de la década del 2000 la guerra contra las drogas de los años 1970 era un tema prácticamente desconocido, por lo que las violaciones masivas a los derechos humanos de las comunidades campesinas acusadas de cultivar drogas en diferentes estados de la república nunca fueron investigadas. Indudablemente, estos hechos fueron parte de la llamada guerra sucia, pues a esta población civil se le dio el mismo trato que a los llamados “subversivos”. Contra guerrilleros y campesinos cultivadores de drogas se emplearon los mismos métodos: la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, los juicios irregulares y los vuelos de la muerte. La narcoguerra actual es hija de la guerra sucia.

      AGU: Asimismo tengo la impresión que el informe de la FEMOSPP si bien provee información importante, el análisis quedó un poco corto en el sentido de que aunque hay reportes detallados con referencias al archivo revisado y testimonios, parecería un listado de las atrocidades y ciertos retazos de reportes, informes y declaraciones de algunas autoridades pero no una elaboración amplia que vuelva comprensible las implicaciones de la información encontrada. ¿Es esta una apreciación errónea? ¿Es esto perdile mucho a la función de una CV o en este caso la FEMOSPP? ¿O ese análisis posterior le corresponde a los académicos? ¿Es parte del tipo de historiografía en México, detallada, pero regionalista y desconectada de un todo?

ACC: Considero que tu apreciación es correcta. La ausencia de una perspectiva histórica bien definida en el informe se hizo notable en la falta de una periodización adecuada, la vaguedad del contexto histórico y la incoherencia de los capítulos, que hizo que el informe se asemejara más a un catálogo de crímenes de Estado que al reporte de una comisión de esclarecimiento histórico. Además de los problemas que ya he mencionado en relación con los redactores del informe y el autosabotaje interno,  el problema central de la FEMOSPP fue la ambigüedad con la que operó. Su mandato era estrictamente jurídico, pero para satisfacer a los partidarios de una comisión de la verdad, al fiscal Carrillo Prieto se le ocurrió que se tenía que elaborar un informe histórico, para el que propuso el desafortunado título de “libro blanco”. Fue un desatino porque con la creación de un equipo improvisado que terminó elaborando un informe mal hecho se restó fuerza a la demanda de crear una comisión de la verdad específicamente orientada a investigar la guerra sucia y el destino de los desaparecidos. Si te fijas es una demanda que ha quedado soterrada. Con todos sus problemas internos de negligencia y corrupción, sumados al hecho de que para el presidente Vicente Fox la FEMOSPP no era sino un peón más del ajedrez político que jugaba con el PRI,  esta oficina no fue capaz de encontrar ni la verdad jurídica ni la verdad histórica. El informe de algún modo refleja todas las limitaciones del contexto en el que fue creado, e insisto, no se puede responsabilizar de esto solamente a los investigadores, quienes me consta que actuaron de buena fue (varios eran desempleados y aceptaron el trabajo a pesar de que la paga no era estable). Fueron los burócratas los que sabotearon el proceso de la búsqueda de verdad y justicia, por dentro y por fuera.  El caso del equipo histórico de la FEMOSPP revela que en realidad, sin transición democrática, no es posible ajustar cuentas con el pasado. Sin voluntad política verdadera, un equipo de esclarecimiento histórico o una comisión de la verdad no puede ser sino un instrumento de simulación del Estado para limpiar su imagen. La única transición democrática que puedo imaginar es una donde el PRI no sea la principal fuerza política del país y se pueda integrar libremente una comisión de la verdad que siga no sólo los estándares más altos del derecho internacional de los derechos humanos sino también los del rigor académico. Si algo nos enseñó el fracaso de la FEMOSPP es que una  comisión de la verdad en México debería crear dos equipos: uno dedicado a investigar la historia de periodos de gran violencia estatal, integrado por historiadores, y otro que tuviera un enfoque cuantitativo, dedicado a contabilizar a las víctimas y el tipo de violaciones a los derechos humanos, que podría ser un equipo multidisciplinario de sociólogos, abogados, etc. Mezclar ambos tipos de investigación sería un desacierto, pues el hecho de que no haya cifras espectaculares provoca la falsa imagen de que la guerra sucia mexicana fue menos importante que cualquier conflicto armado de la época en América Latina.

AGU: En la dinámica entre los discursos oficiales sobre la memoria o estatización de la memoria (partidos políticos, comisiones especiales, CNDH, reportes, FEMOSPP, memorial de Tlatelolco -estela y el CCT-, memorial de desaparecidos) y las prácticas y marcas de memoria como los recorridos, homenajes, escraches, performance y textos testimoniales, parecerían ir en la más de las ocasiones en sentidos contrarios, aunque por momentos también hay un traslape entre iniciativas sociales e iniciativas del Estado. ¿Tienes un comentario sobre esto?

ACC: Rebecca Atencio, en su obra Memory’s Turn: Reckoning with Dictatorship in Brazil intentó teorizar los ciclos de producción de memoria para explicar las interacciones entre la producción cultural y las iniciativas estatales. A veces la producción cultural alusiva a los periodos de violencia estatal tiene tal impacto en la esfera pública que propicia alguna iniciativa gubernamental, ya sea en el ámbito jurídico o en el cultural. Recuerdo que algo así pasó con el debate suscitado por el filme Rojo Amanecer de Jorge Fons. Cuándo nos íbamos a imaginar que la propia Televisa iba a recibir autorización para proyectarla en sus canales abiertos cada 2 de octubre? Con la guerra sucia desgraciadamente no ha habido un producto cultural que haya tenido un amplio efecto social. Recuerdo que cuando se estrenó la obra de teatro del grupo Lagartijas Tiradas al Sol, El rumor del incendio, en 2013 se volvió a hablar de la guerra sucia en los medios, pero la conversación no trascendió el ámbito de la elite culta de la Ciudad de México. Cuando yo empecé a investigar la guerra sucia en 2003 aún era un tema tabú, agradezco que ahora sea un tema que se puede estudiar con más libertad, excepto por la censura y las limitaciones de acceso a los documentos, sin embargo, de ningún modo se ganó la batalla cultural. Si bien es cierto que las nuevas generaciones ya no ven a los guerrilleros de los setenta como delincuentes y terroristas, actualmente hay una aceptación y normalización de las prácticas de tortura y desaparición forzada de personas que ha sido resultado, entre otras cosas, de la ausencia de un sector de la sociedad civil que se dedicara a promover fuertemente la memoria de las víctimas y a condenar las prácticas de terror de la guerra sucia. En México medio mundo sabe quién es Rosario Ibarra pero casi nadie sabe quiénes fueron los desaparecidos, a qué se dedicaban, por qué los desaparecieron, o por qué se introdujeron prácticas como la tortura moderna y la desaparición forzada. A diferencia de Argentina, Chile y otros países latinoamericanos, en México los comités de familiares de desaparecidos no pudieron cumplir con esa función educativa, pues en muchos casos sus miembros fueron directa o indirectamente cooptados por el Estado, al integrarse a los partidos políticos, saltar de los comités a puestos gubernamentales o recibir dinero de servidores públicos de manera informal.  No sólo los comités fallaron, lo poco que se ha hecho en el terreno cultural para recuperar la memoria de la guerra sucia (películas, novelas, obras de teatro, exposiciones, etc.) ha sido muy marginal o ha tenido escasa trascendencia. Sin ninguna investigación de por medio, la intelectualidad de derecha e izquierda decretó que no era un tema importante. En los medios de comunicación nunca existió tal episodio. De todos los conflictos del siglo XX mexicano, la guerra sucia fue la principal víctima del silencio informativo. Es como si nunca hubiera existido y, sin embargo, es el evento clave para entender por qué actualmente México está sumergido en una violencia sociopolítica devastadora.

Creo que por las mismas razones los esfuerzos por estatizar la memoria han fracasado. De qué sirve que el Estado quiera apropiarse de una memoria histórica de la que la sociedad mexicana no es muy conciente? Las pocas iniciativas estatales han obedecido a la presión de los grupos de derechos humanos pero no han promovido el debate público, por eso son simples medidas cosméticas para que el gobierno sostenga que ya cumplió con su tarea en ese rubro. A mí no me extraña la pésima relación que tienen los mexicanos con la memoria de hechos traumáticos. Somos un país que fue capaz de olvidar a los dos millones de muertos de la revolución mexicana. Memorializamos y sacralizamos a los caudillos, pero nos olvidamos de las víctimas anónimas, ese ha sido nuestro patrón. Con la guerra sucia pasó lo mismo, recordamos a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, a Arturo Gámiz, pero olvidamos a las miles de víctimas. Con ese umbral extremo de olvido, creo que tenemos la capacidad de olvidar lo que sea.

Lino y Esteban, los desaparecidos que aparecieron. Crónica de un entierro con treinta y dos años, dos meses y seis días de retraso

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 POR ADELA CEDILLO

15/03/2007

La tarde del pasado miércoles 7 de febrero arribó a la ciudad de México una camioneta pick-up procedente de Atoyac de Álvarez, Guerrero. En ella viajaban Ascensión Rosas Mesino, Tita Radilla Martínez, Julio Mata Montiel, Hilario Mesino Acosta y su yerno, miembros todos de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México (AFADEM), con quienes la Coordinación General de Investigaciones Especiales (CGIE) de la Procuraduría General de la República (PGR) había convenido hacer la entrega formal de los restos de Lino Rosas Pérez y Esteban Mesino Martínez, guerrilleros del Partido de los Pobres (PdlP) ejecutados y enterrados clandestinamente el 2 de diciembre de 1974 y exhumados e identificados entre 2005 y 2006.

            Hasta ese día, AFADEM y sus asesores jurídicos, pertenecientes a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) habían llevado a cabo una serie de trámites que habrían hecho palidecer a los guionistas de “La muerte de  un burócrata”, debido a la negligencia, la insensibilidad y la falta de voluntad que acusaron los agentes del Ministerio Público adscritos a la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).

Desde su creación en 2002, la FEMOSPP tenía conocimiento de la fosa clandestina en la que fueron enterrados Lino Rosas (a) “René”  y “Arturo” (de identidad entonces desconocida) en la comunidad de El Guayabillo, municipio de Tecpan de Galeana, puesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había realizado una investigación previa en la que varios testigos habían declarado al respecto. Desde entonces, la FEMOSPP había ejecutado diversas diligencias, caracterizadas por su absoluto hermetismo, hasta que, en junio de 2005, practicó la exhumación de las dos osamentas en el panteón de El Guayabillo, las cuales fueron trasladadas a la capital del país para su estudio.

¿Qué circunstancias rodean la dilación de tres años para llevar a cabo esta operación, así como la tardanza de un año para identificar los restos óseos? El burocratismo, la falta de antropólogos forenses de la PGR suficientemente capacitados y sobre todo, el desinterés de los funcionarios de la FEMOSPP para resolver el caso de forma expedita, atenidos como estaban siempre al clima político nacional, son algunas de las razones que lo explican.

El anuncio del hallazgo e identificación de las osamentas lo realizó la FEMOSPP en octubre, en conferencia de prensa, y la entrega a las familias estaba programada para noviembre. Julio Mata, secretario ejecutivo de AFADEM, considera que: “como las organizaciones sociales tenían previsto hacer un homenaje de cuerpo presente a Lino y Esteban el 2 de diciembre del 2006, la FEMOSPP retrasó la entrega para impedirlo”. Y después vinieron las excusas interminables: la FEMOSPP fue desaparecida de un plumazo el último día del gobierno de Vicente Fox, se argumentó que no había presupuesto para que los agentes del MP llevaran los restos a Atoyac, que había que esperar a que la nueva oficina encargada de los casos de la fiscalía se ocupara del particular, etc. En un verdadero arrebato kafkiano, se llegó al extremo de pedir a los familiares que tramitaran ¡las actas de defunción! Después de mucho insistir, el martes 6 de febrero se notificó a las familias por conducto de AFADEM que les serían entregados los restos óseos al día siguiente, en la ciudad de México.

Pero el día siete, ni la edad, la salud o la angustia de los familiares funcionaron de acicate para agilizar las cosas. “Teníamos pendiente de que algo le pasara a Don Chon Rosas, pues tiene 83 años y se puso muy mal tras el viaje, empezó a temblar y no quería comer”, relata Tita Radilla, presidenta ejecutiva de AFADEM. Pese a todos  los obstáculos, las cosas se resolvieron favorablemente para Don Chon, quien recogió los restos de su hijo Lino en las oficinas de la CGIE-PGR, después de treinta y dos años de espera.

María Sirvent de la CMDPDH, narra la forma en la que se hizo la entrega: “Paulina Mesino, hermana de Esteban, no pudo acompañar a la comitiva de AFADEM porque se encontraba cortando café en la sierra de Atoyac y no fue posible localizarla. Por esa razón los funcionarios de la PGR no querían hacernos entrega de los restos de Esteban y nos tuvieron esperando entre las dos de la tarde y las once de la noche. Cuando vieron que la comitiva había llegado en una camioneta pick-up descubierta regañaron a sus miembros, aclarando, hasta ese momento, que se tenían que haber contratado servicios fúnebres. ¡Pero si con trabajo se había conseguido que los regidores de Atoyac prestaran una camioneta y donaran dos féretros, pues hasta la gasolina y las casetas las pagaron los familiares! Por fin los funcionarios accedieron a que sus agentes ministeriales se encargaran del traslado y custodia de los restos del DF a Atoyac. Le entregaron los restos a Don Chon en cinco cajas de plástico como urnas electorales con las leyendas Osamenta 1 y Osamenta 2. Él les dio las gracias pero les preguntó cuál era su hijo, ya que ni siquiera se tomaron la molestia de ponerles nombres a las cajas. Además nos prohibieron tomar fotos, amenazándonos con que no nos darían los restos si lo hacíamos. Y por supuesto, no querían nada de prensa”.

El viaje a Atoyac se hizo de madrugada y la mañana del 8 de febrero del 2007, Lino y Esteban regresaron a la tierra que los vio nacer. Los agentes concluyeron las gestiones en las oficinas de AFADEM y Don Chon Rosas y Doña Paulina Mesino procedieron a sacar los restos de las cajas para depositarlos en los ataúdes. En las cajas de Lino, marcadas con el número uno había un cráneo, una osamenta y ropa y en las de Esteban, número dos, un cráneo, una osamenta, ropa y zapatos.

Los restos, en un avanzado estado de descomposición, habían sido clasificados y colocados en bolsas de papel estraza, con sus respectivas etiquetas. Sin embargo, los familiares, preguntaban a cada instante: “¿esto qué es?”, con un gesto de horror y desconcierto, puesto que los huesos se convertían en polvo al menor contacto. “Este es el brazo, esta la pierna, aquí está la cabeza…” les decían quienes con suma paciencia y cuidado les ayudaban a reconstruir el rompecabezas de sus deudos.

Don Chon se desmoronó al ver así a una de las personas que más amaba en el mundo. “¡Mi muchacho! Era muy amable, el más dulce de mis hijos…” decía entre sollozos cortados. Doña Paulina, con más estoicismo, preparó los féretros (eran tan modestos que sus interiores estaban forrados de plástico y hubo que recubrirlos con sábanas blancas) y vació las cajas, sin derramar una lágrima. No así cuando se le preguntó qué sentimiento la había embargado al saber que Esteban había aparecido: “al principio mucho dolor –y sólo de acordarse llora– porque tenía la esperanza de que mi hermanito estuviera vivo. Pero después sentí tranquilidad porque al menos me lo iban a devolver”.

No obstante, como atinadamente señaló Tita Radilla, para ellos era como si sus familiares acabaran de morir. El duelo, abierto por décadas, por fin había concluido. “Dios me concedió poner los huesitos de mi muchacho en una gaveta. Ya me puedo morir en paz”, decía Don Chon a los pocos periodistas presentes. Y es que, contrariamente a lo que podría esperarse, los compañeros de Lucio Cabañas no fueron velados y enterrados en una ceremonia pletórica de activistas de organizaciones sociales, reporteros y cámaras. Las circunstancias llevaron a la sencillez y discreción.

¿Quiénes eran Lino y Esteban?

Hasta antes de la exhumación de Lino Rosas alias “René”, sólo se sabía que había caído en combate junto con Lucio Cabañas el dos de diciembre de 1974 en un enfrentamiento con el ejército en El Otatal, municipio de Tecpan de Galeana. Del otro ejecutado, (a) Arturo, se desconocía todo.

El único guerrillero detenido con vida ese día fue el joven Marcelo Serafín Juárez (a) Roberto, de quince años, a la fecha desaparecido, aunque sus captores también lo reportaron como muerto, según el radiograma 15596 enviado por el Gral. Eliseo Jiménez al secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca, el cual se encuentra en el fondo SEDENA, en el Archivo General de la Nación.

Estos tres nombres completarían la lista de la célula guerrillera que acompañaba a Cabañas el día de su muerte y que fue descubierta y aniquilada en su totalidad, tras la delación de los hermanos Anacleto y José Isabel Ramos Hernández.

De acuerdo con el testimonio del delator Zacarías Barrientos Peralta, que acompañaba al ejército en esos momentos (y que sería asesinado en 2003 por revelar información confidencial a la FEMOSPP), el cuerpo de Cabañas y el joven sobreviviente fueron subidos a un helicóptero y los otros dos guerrilleros fueron detenidos, ejecutados y enterrados cerca del lugar de los hechos. Días después de los hechos, el comisario ejidal de El Guayabillo, Gilberto Ramos, declaró a la prensa, que  ambos habían sido sepultados a escasos kilómetros de su poblado, en tumbas improvisadas, y afirmó que uno de los cadáveres tenía las manos atadas a la espalda con una agujeta. Los Ramos, delatores de Lucio, se encargaron de desenterrar los cuerpos y llevarlos al panteón de El Guayabillo, sin saber quiénes eran. Todavía no lo sabemos, no del todo.

Mientras que existe una abundante bibliografía sobre Cabañas, de sus compañeros de lucha y muerte se sabe casi nada. Consternados y exhaustos como estaban, los familiares de los desaparecidos que aparecieron nos hicieron el favor de proporcionarnos información sobre sus historias de vida.

Paulina Mesino: Mi hermano Esteban nació en El Cacao, municipio de Atoyac. Debería tener 25 años al momento de su muerte. Era el menor de una familia de ocho hermanos. Mi papá murió cuando él era pequeño. Estudió hasta la primaria y se dedicaba al campo. Se casó y se fue a vivir a San Juan de las Flores. Tuvo un hijo que ahora creo está en Estados Unidos, lo dejó como de dos años. Esteban se fue de la casa para seguir al maestro Lucio Cabañas, quería que las cosas cambiaran. Desde entonces no supimos nada de él. Sí lo buscamos y nos enteramos de que había estado con Lucio en los enfrentamientos con el ejército, pero no teníamos ningún dato sobre su paradero. Mi mamá murió de tristeza por la ausencia de su hijo más pequeño. Otro medio hermano, Filemón Mesino Aguilar, fue secuestrado y desaparecido por la policía por darle de comer a los guerrilleros, ese fue su único delito. Mi primo hermano Julio Mesino Galicia también fue detenido y desaparecido por lo mismo. Una vez fuimos a México al Campo Militar No. 1 para preguntar por ellos, pero nos corrieron a garrotazos. Otro primo hermano, Pedro Mesino, quizá fue asesinado el mismo día y en el mismo lugar que Esteban, pues se cree que estaba con Lucio. Tocó la de malas que a mi familia se la llevaran, pero yo lo único que le pido al gobierno es que me la devuelva.

Ascensión Rosas Mesino: Mi muchacho nació en Agua Fría. Era chamaco, andaría por los 20 o 21 cuando murió. Su mamá y yo estábamos separados y ella murió por la época en la que él acabó la primaria. Después él estudió la secundaria técnica en Río Santiago y se puso a dar clases allá en el vallecito [Los Pilones], porque el Ayuntamiento necesitaba maestros. En reuniones de maestros conoció a Lucio Cabañas. Me platicaba de sus ideas pero yo no estaba de acuerdo con él. No he sido hombre de lucha, yo vivo de mi trabajo y así enseñé a mi hijo pero no pude cambiarle su pensamiento. Se fue de la casa sin decirme nada y no lo volví a ver, pero supe que lo buscaban porque a mí me detuvieron los guachos, me llevaron al cuartel de Atoyac, donde estuve quince días y me golpearon para que dijera dónde estaba. Me ponían una pistola en la cabeza y me pedían que declarara todo lo que supiera. Me decían “el papá del guerrillero” pero yo no sabía nada de nada. Tiempo después me puse a averiguar y supe que mi hijo andaba en la luciada. Lo último que investigué es que en El Guayabillo habían enterrado a unos muchachos que habían caído con Lucio. Le pedí a la gente del lugar, que era testigo de los hechos, que pusiera una cruz ahí. Por referencias, tenía la sospecha de que se trataba de mi Lino, pero no tenía la seguridad, hasta ahora. Me lo torturaron y lo mataron, pero prefiero no pensar en eso. De Esteban, aunque era mi sobrino, nunca supe nada.

El mérito de la identificación

Una de las paradojas más grandes del proceso de la identificación de los restos óseos encontrados en El Guayabillo reside en que, mientras los agentes del Ministerio Público de la FEMOSPP ignoraban por completo la identidad de “Arturo” (“René” había sido plenamente identificado desde 2005), los miembros del personal adscrito a su área de Investigación habían recogido testimonios de exmilitantes del PdlP, según los cuales podía tratarse de Esteban Mesino Martínez. De hecho, el borrador elaborado por los investigadores fue filtrado a la revista Eme Equis y dado a conocer en la página web del National Security Archive en febrero de 2006.

Sin embargo, la primera en percatarse del dato fue Tita Radilla, quien después de haber leído el informe filtrado buscó la información que tenía sobre Esteban Mesino, cuya desaparición había sido denunciada por AFADEM. Tita no estaba segura de informar de su hallazgo a la FEMOSPP:

- La hermana de Esteban no quería que se diera a conocer su nombre, hasta que fueran los peritos a Atoyac y pudiera yo asistirla. De esta manera accedió a proporcionar muestras de sangre para la prueba de ADN.

Mientras, un grupo de especialistas forenses coordinado por Carlos Jácome y presentado por AFADEM como su equipo pericial de confianza,  formuló uno de los tres dictámenes que determinaron las causas de la muerte de los guerrilleros. Dos sospechas fueron confirmadas casi simultáneamente: los estudios revelaron que las muestras de sangre eran compatibles con el ADN de los restos óseos y los peritajes probaron que a Lino, arrodillado, le habían disparado desde una distancia muy corta y de frente, con una metralleta. En el caso de Esteban, el deterioro de los restos impidió que se determinara la manera en la que fue ejecutado. Se trata de un peritaje revelador, si se toma en cuenta que el practicado a los restos de Lucio Cabañas sugirió que éste, herido, se había suicidado.

El tercer entierro de Lino y Esteban

Al mediodía del 8 de febrero comienza la velación de Lino y Esteban, en la modesta vivienda de Don Chon Rosas, en la colonia Mártires. La casa fue despejada por completo para recibir a vivos y muertos. El servicio funerario preparó un altar, decorado con cortinas de colores verde, blanco y rojo, por voluntad de Don Chon. Enfrente de los ataúdes fueron colocadas las fotografías en blanco y negro de Lino y Esteban, las únicas que existen. La mujer que dirige los rezos canta en latín y todo se lleva a cabo con estricto apego al ritual funerario católico.

No parece que estemos en el 2007. Tampoco se siente el calor extremo propio de estas tierras. Poco a poco llega la gente y se llena la pequeña sala improvisada. Una señora, con timidez, se acerca a preguntar: “¿qué esperanzas me dan de encontrar a mi padre y a mi esposo desaparecidos?”.  –A todos los seguiremos buscando- se escucha por ahí.

 Los hombres, reunidos afuera de la casa, empiezan a narrar sus historias personales. Pareciera que hubieran vivido el fin del mundo. Todos cuentan con varios familiares que fueron asesinados o desaparecidos en la época de la “revoltura”, como llaman algunos atoyaquenses a la “guerra sucia”.

Después de la larga noche de los dolientes, se lleva a cabo una misa de cuerpo presente en la iglesia de Santa María de la Asunción. Al terminar, un trío acompaña al cortejo fúnebre hasta el panteón tocando música popular con el particular sabor de la región. Los familiares y amigos, los curiosos y los que están de paso no llegan a cien. Con todo y los treinta y dos años de retraso, el entierro es muy emotivo y los presentes apenas pueden contener las lágrimas. Sólo Julio Mata, de AFADEM, y Rocío Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, se animan a hablar, externando la voluntad del reprimido pueblo guerrerense de no olvidar y de luchar por la verdad y la justicia.

Pese a los años y las adversidades, los muertos volvieron a reunirse en Atoyac. En la misma fosa en la que Lucio Cabañas fue enterrado clandestinamente el 3 de diciembre de 1974 y exhumado el 4 de diciembre del 2001, reposan los restos de sus compañeros de batalla. El 12 de febrero les fue colocada una lápida para conmemorar su lucha. El 18 de febrero el novenario-homenaje tiene lugar en El Guayabillo, en el panteón de su segunda sepultura.

¿Y los que están en ningún lado?

            Los miembros de AFADEM son coadyuvantes en las averiguaciones previas  sobre las ejecuciones extrajudiciales de Lino y Esteban y consideran que hay elementos probatorios contundentes para consignar los casos, desde las declaraciones rendidas por los testigos presenciales, hasta los dictámenes periciales. ¿Qué sigue ahora?

            -Vamos a insistir en que los militares responsables de las ejecuciones y desapariciones sean consignados, que no sean juzgados por tribunales especiales, que no sean juez y parte. Ellos cometieron un delito civil. Queremos llevarlos a la justicia civil. Pero nuestra prioridad es saber dónde están nuestros familiares.

Así, la hija del desaparecido Rosendo Radilla, que de estar vivo tendría 95 años, refrenda su voluntad de seguir buscando a los desaparecidos, hasta encontrarlos.

¿Tendrá el gobierno de Felipe Calderón la voluntad para poner fin al secreto de Estado mejor guardado durante décadas o soslayará los crímenes contra la humanidad que el ejército cometió en décadas pasadas, en aras de mantener sin fisuras su estrecha alianza con el instituto armado? 

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Breve historia de los desaparecidos de la Brigada Revolucionaria Lacandona

Por Adela Cedillo

(Julio 2005)

            Contexto histórico

Después de la represión al movimiento estudiantil de 1968, que tuvo su máxima expresión en la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, algunas brigadas de activistas estudiantiles que lograron escapar de la persecución policíaca comenzaron a plantearse la necesidad de que crear grupos de autodefensa armada, a fin de repeler la violencia ejercida por el estado contra los movimientos sociales. Además, postulaban que dichos grupos debían convertirse en una vanguardia que politizara a los proletarios y campesinos de México para hacer una nueva revolución, de carácter socialista.

            Una vez que estos grupos llegaron a la conclusión de que la vía legal estaba cancelada y que por tanto, debían apelar al lenguaje de las armas para derrocar a un gobierno que consideraban ilegítimo, cada uno adoptó una estrategia guerrillera distinta, de acuerdo con sus principios ideológicos. Algunos retomaron las teorías foquistas de Ernesto Che Guevara, ya para entonces convertido en el icono mundial de la juventud disidente que había crecido con el paradigma de la revolución cubana de 1959. Esta teoría planteaba que, en caso de que en un país no existieran condiciones para tener una vida democrática, un núcleo pequeño de guerrilleros bien preparados podía crearlas en una zona rural. El foco irradiaría a las masas inconformes la voluntad para organizarse, luchar y construir una nueva estructura sociopolítica y económica. La táctica de la guerra de guerrillas consiste en acciones de ataque y retirada contra determinadas unidades del ejército, en un terreno perfectamente conocido por los guerrilleros. A la larga se esperaba que este conjunto de ataques produjera la desmoralización y el desgaste de las fuerzas armadas, lo que facilitaría la embestida final contra el gobierno establecido. Esta teoría propició la creación de numerosos campamentos guerrilleros en las selvas y serranías de América Latina, no obstante, en aquellos países donde no había condiciones geográficas para una lucha semejante, surgió la guerrilla urbana, con tácticas y métodos naturalmente distintos. La guerrilla urbana apuesta al desgaste de las fuerzas enemigas a través de secuestros, “expropiaciones” (asaltos a bancos, tiendas, oficinas gubernamentales, etc.), ajusticiamientos y eventual colocación de explosivos en lugares estratégicos. El Movimiento de Liberación Nacional “Tupamaro” de Uruguay (surgido en 1963) fue la organización político-militar que alcanzó más renombre en la aplicación de los métodos de la guerrilla urbana y se convirtió en la fuente de inspiración de los primeros grupos urbanos en México.

            Por otra parte, algunos grupos adoptaron la teoría de la guerra popular prolongada, cuyos promotores fueron Mao Tse Tung, durante la guerra civil en China (1945-1949) y Ho Chi Min y Vo Nguyen Giap en Vietnam, en la guerra que libró el Vietcong contra los Estados Unidos (1964-1975). La guerra popular prolongada parte de una visión a largo plazo en la que lo prioritario es la organización de ejércitos campesinos con amplias redes de apoyo, así como la creación de un partido rector, a fin de construir una fuerza capaz de expulsar a los invasores extranjeros, cercar las ciudades y tomar el poder. En México, los partidarios de esta teoría se establecieron en los estados más pobres y de población mayoritariamente indígena y rural, tales como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Aparición de la guerrilla urbana en México

            Antes de la matanza del 2 de octubre de 1968, ya existían algunos grupos en la clandestinidad. Tal es el caso de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, presidida por el maestro Genaro Vázquez Rojas, y el Partido de los Pobres, dirigido por el profesor Lucio Cabañas Barrientos. La base social de ambas agrupaciones era el campesinado pobre de Guerrero. El PdlP en particular puso en práctica la estrategia del foco guerrillero, mientras que la ACNR combinó la guerrilla urbana y rural.

Por otra parte, uno de los primeros grupos en adoptar las estrategias de los Tupamaros fue el llamado “Comando Lacandones”. En realidad se trataba de tres comandos unidos por la misma ideología: el comando “Patria o Muerte”, el “Arturo Gámiz” y el “Lacandones”, los cuales en conjunto sumaban un total de 150 miembros.[1] Los comandos estaban integrados por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y en menor medida de la UNAM, los cuales provenían de diferentes partes del país y eran de niveles socioeconómicos dispares, aunque podrían ser clasificados bajo el ambiguo concepto de “clasemedieros”, puesto que la mayoría no tenía la necesidad de trabajar para sobrevivir. 

            Los comandos contaban con una dirección nacional, responsables de unidad y militantes de base. Su estructura era vertical, jerárquica y autoritaria, ya que partían de que sólo la disciplina militar garantizaría el éxito de lucha. Una de las peculiaridades de los “lacandones” es que algunas mujeres formaban parte de la dirección del grupo, a diferencia del grueso de organizaciones en las que los líderes eran exclusivamente hombres. En ese sentido, las mujeres guerrilleras se habían emancipado por completo de las convenciones sociales y no les importaba que hasta sus propias familias las llegaran a tachar de aventureras. En su praxis política, ellas peleaban por tener los mismos derechos y obligaciones que los hombres.

En el año de 1969 estos comandos empezaron a llevar a cabo asaltos espectaculares a bancos y tiendas. Con el dinero obtenido, acondicionaban casas de “seguridad” en las que vivían los militantes clandestinos y compraban armas, mimeógrafos y el material necesario para publicar volantes y comunicados. Pronto, los llamados “lacandones” se convirtieron en el blanco de persecución de las distintas corporaciones policíacas, no obstante, sería hasta el año de 1972 cuando comenzaron las detenciones masivas de activistas armados.

            Pese a los numerosos arrestos de miembros de la dirección nacional y militantes de base, los “lacandones” sobrevivieron como grupo hasta el año de 1973. En marzo de ese año diversos grupos guerrilleros urbanos, activos desde 1969, decidieron constituir una organización unificada, a la que denominaron “Liga Comunista 23 de Septiembre”. Los “lacandones” se incorporaron en su totalidad a la nueva agrupación.

El origen de la Brigada Revolucionaria Lacandona (BRL)

            A finales de enero de 1973, Heriberto Díaz Coutiño, un militante de base del comando “lacandones”, fue detenido, torturado, procesado y encarcelado en la ciudad de México. Díaz era oriundo de Vega del Paso, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas y era hijo del dirigente campesino Gaspar Díaz Reyes, asesinado por pistoleros de Carmelo Orantes, el cacique más poderoso de esa región.  A raíz del asesinato de su padre, Heriberto envió armas a Tuxtla Gutiérrez, a fin de que su hermano Ismael pudiera proteger a la familia en caso de otro ataque.  Por esta razón, la policía le siguió la pista a Ismael, hasta capturarlo. Sin embargo, por falta de elementos procesales salió libre a los pocos meses y, a través de los contactos de su hermano, conoció a gente de la ACNR, en desbandada tras la muerte de su líder Genaro Vázquez (2/II/1972).

La relación con la gente del medio guerrillero, el reciente asesinato de su padre y el encarcelamiento de su hermano por motivos políticos, llevaron a Ismael a buscar la organización de una nueva célula guerrillera en Chiapas, a la que bautizó como “Brigada Revolucionaria Lacandona”, cuyo objetivo inmediato era pelear contra el caciquismo y recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas a los campesinos.  Antes de lanzarse a una acción armada, Ismael negoció con el presidente del comisariado ejidal de Venustiano Carranza, Bartolomé Martínez Villatoro la entrega de tierras a comuneros y ejidatarios despojados por el cacique Orantes. No obstante, el comisario fue apresado y esto generó un elemento adicional de descontento entre los campesinos. Cuando Ismael los invitó a participar en su proyecto de campamento guerrillero en la región de “Llano Redondo”, muchos de ellos aceptaron convencidos de que luchaban por una causa justa. Entre los nuevos militantes se encontraba Bartolomé Pérez, los hermanos Vázquez, y la novia de Ismael.

El campamento se nutrió también con gente proveniente de Sinaloa, pues otro de los hermanos Díaz Coutiño, de nombre Reynol era estudiante de la preparatoria Flores Magón, de Culiacán, Sinaloa y pertenecía al grupo denominado “Los Enfermos”, incorporado a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Eduardo Villaburu Ibarra (a) “El güero”, miembro de dicho grupo, participó por un tiempo como instructor en el campamento de la BRL y se retiró con la promesa de enviar más gente de la LC23S. Así, se incorporaron elementos que provenían de lugares tan distantes como Monterrey, N.L. y Atoyac de Álvarez, Gro.

Como grupo clandestino, una de las primeras acciones que se propuso la BRL fue la liberación del comisario Bartolomé Martínez de la cárcel, por lo que se planeó el secuestro del presidente municipal de Venustiano Carranza, José de Jesús Domínguez Herrera, para hacer un intercambio. La acción fracasó rotundamente, así que la gente de la LC23S abandonó el grupo. No obstante, Reynol logró de nueva cuenta la incorporación de obreros provenientes de Sinaloa. Con este ingreso, el grupo sumaba ya un total de 25 personas.

La caída

En el año de 1974 la organización fue desmembrada por completo. El 9 de mayo, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado interceptaron a los miembros de la BRL que celebraban una asamblea en una cueva, cerca de un lugar denominado “El Zapotal”. Aunque no hay datos que lo confirmen, es muy factible que el grupo hubiera sido delatado por soplones al servicio de los caciques regionales, puesto que de otra forma la policía no hubiera dado con ellos en un lugar tan inhóspito. En total fueron detenidas nueve personas: el líder del grupo, Ismael Díaz Coutiño, su hermano Reynol, dos mujeres, un menor de edad y cuatro indígena tzotziles que no hablaban español. Todos fueron desaparecidos durante un mes, en el que fueron sometidos a torturas bestiales y a tratos inhumanos y degradantes, a fin de arrancarles confesiones que permitieran ubicar el paradero de otros miembros del grupo. Las mujeres corrían con la misma suerte que los hombres, con el agravante adicional de las vejaciones sexuales. En el caso de los matrimonios, era común que el hombre fuera obligado a presenciar cómo era torturada su pareja, a fin de motivar su confesión. Esto pudo haber ocurrido con Ismael y su novia.

En la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, los estudiantes llevaron a cabo una gran movilización para exigir la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos de Venustiano Carranza. Gracias al movimiento, éstos fueron presentados públicamente y procesados.

La continuación

Pese a la detención de los nueve elementos, la BRL no desapareció. Los estudiantes Bartolomé Pérez Hernández, Andrés Gómez Balanzar, Javier Coutiño Gordillo y Sebastián Vázquez Mendoza, oriundos de Venustiano Carranza, Chis. y de edades oscilantes entre los 20 y los 25, le dieron continuidad al proyecto con la ayuda de “Los Enfermos” de Sinaloa. De hecho, Eduardo Villaburu negoció la incorporación de la BLR a la LC23S.

Puesto que el grupo era perseguido, su base de operaciones no podía seguir siendo Chiapas. Al parecer se trasladaron a la huasteca durante una temporada. La única acción armada de importancia en la que participaron fue el secuestro de un ganadero veracruzano, Juvencio Flores Patiño, por el que pensaban pedir una suma considerable de dinero y la libertad de sus presos políticos. La acción ocurrió el 8 de noviembre de 1974, cerca de Paso Largo, Veracruz. El plagiado fue llevado a una cueva ubicada en el municipio de San Andrés, Actopan, Hidalgo, donde los guerrilleros tenían un contacto de nombre Daniel Tapia Pérez, un hombre de 60 años. El día 15 de noviembre, al pasar por dicha cueva, un lugareño vio a los brigadistas reunidos y dio aviso a la policía, sin que éstos hubieran notado que habían sido descubiertos. La policía judicial del estado llegó al poco tiempo y disparó al aire, conminándolos a salir de la cueva. De esta forma, fueron detenidos cinco militantes de la BLR y el secuestrado fue rescatado.  Al día siguiente, la policía arrestó con gran violencia al señor Tapia en su casa, en presencia de sus familiares. Pese a que a penas y conocía a los muchachos de la brigada, fue acusado de complicidad y corrió la misma suerte que ellos.

Las desapariciones

 Eduardo Candelario Villaburu Ibarra, Javier Francisco Coutiño Gordillo, Sebastián Vázquez Mendoza, Bartolomé Pérez Hernández, Andrés Gómez Balanzar y Daniel Tapia Pérez fueron llevados a los separos de la Policía Judicial de Hidalgo, en Pachuca. En el lugar fueron torturados y fichados, pero a fin de cuentas, presentados ante el ministerio público.

En esa época se desataba una de las persecuciones más feroces que hubiera conocido el movimiento armado socialista hasta ese momento. Después de que Lucio Cabañas hubiera secuestrado al senador Rubén Figueroa, el presidente Luis Echeverría ordenó una amplia movilización de batallones del ejército, en busca de Lucio y su gente. En ese medio año (de junio a diciembre de 1974) se llevaron a cabo detenciones masivas, arbitrarias y sin fundamento y decenas de personas fueron desaparecidas. Esto significa que no fueron procesadas ni como civiles ni como militares y hasta la fecha se ignora su paradero.

Respecto a los detenidos de la BRL, la Dirección Federal de Seguridad, cuyo titular era el capitán Luis de la Barreda Moreno, solicitó al procurador de justicia del estado de Hidalgo, Alejandro Straffon, el traslado de los presos a la ciudad de México. Éste accedió sin el menor reparo en las leyes y los “lacandones” fueron llevados a las oficinas de la DFS, donde se continuó con las sesiones de tortura y se les tomó declaración el 19 de noviembre de 1974. Después de eso fueron llevados al Campo Militar No. 1, donde fueron vistos con vida por un medio hermano de Lucio Cabañas, de nombre Conrado Serafín. Él afirma haber conocido a Andrés Gómez, Sebastián Vázquez, Javier Coutiño, Bartolomé Hernández y Eduardo Villaburu, entre otros presos. Asimismo, le consta que los jóvenes fueron torturados y que, al igual que él, permanecían en mazmorras subterráneas, de un metro por dos, conocidas como las “negras” porque no había luz. Conrado salió de ese lugar en 1977 pero los muchachos a los que había conocido ahí adentro en 1974 no volvieron a ver la luz del sol.

Por su parte, Daniel Tapia fue enviado a una prisión de Pachuca, Hidalgo, más confinado a una celda sin visita. Su familia nunca se enteró de que estaba preso ahí, hasta el año de 1987, en el que su esposa tuvo acceso al archivo de la policía y descubrió con asombro una foto de su marido con la ficha de detención correspondiente. Al investigar con personal del penal, se le dijo que su esposo había estado ahí por lo menos hasta 1977 y que después de ese año se ignoraba a dónde había sido trasladado.

La lucha por los desaparecidos y la impunidad

Los jóvenes de la BLR se sumaron a la lista de más de 700 desaparecidos en México. Los desaparecidos no están vivos, pero tampoco muertos, son “faltantes” (missings, como se dice en inglés). Lo único que sabemos de ellos es que sus familiares los siguen buscando y que el estado mexicano se niega a decir dónde están. Las madres consideran que si sus muchachos cometieron algún delito, debieron ser procesados conforme a derecho. No obstante, el estado optó por una práctica que, de acuerdo al derecho internacional, constituye un crimen de lesa humanidad, pues es un castigo para el agraviado, su familia y su núcleo social, a quienes mantienen en la incertidumbre y la angustia permanentes. Además, se les niega el derecho a uno de los rituales más antiguos de la humanidad: el de la sepultura de los muertos.

Las madres, esposas y hermanas de los desaparecidos fueron quienes dieron inicio a la lucha por la presentación de sus familiares. No es casual que todos los comités pro defensa de presos y desaparecidos fundados a lo largo de la década de los setentas hayan sido presididos por mujeres. Las mujeres demostraron que el amor por los suyos podía convertirse en el instrumento de lucha más tenaz, por lo que a través de los años han hecho todo lo humanamente posible por exigir al estado que les diga qué hizo con los desaparecidos. Las mujeres, a quienes siempre se había considerado peyorativamente como “sentimentales”, le probaron a la sociedad que valía la pena serlo, pues en ello encontraron voluntad, valentía, y fortaleza para pelear. Por lo anterior, las madres de los desaparecidos se han convertido en un nuevo mito materno en América Latina.

Por su parte, el estado ha preferido mantener abierta esa herida y evita ajustar cuentas con el pasado. Aunque el gobierno de la alternancia creó una Fiscalía Especial en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (2002), los resultados que ésta ha ofrecido a la sociedad han sido nulos.

La inexistencia de un marco jurídico adecuado, los candados impuestos a las convenciones internacionales sobre crímenes de lesa humanidad y la permanencia de los represores en las estructuras de poder han sido obstáculos insalvables para castigar a los responsables de la guerra sucia.

En el caso que nos ocupa, el licenciado Straffon, acusado por la FEMOSPP de haber participado en la desaparición de los seis miembros de la BRL, fue detenido el día 23 de junio del presente y fue puesto en libertad el día 24, puesto que el juez federal correspondiente no encontró pruebas que acreditaran su responsabilidad en este delito de lesa humanidad.[2] Pero aún si hubiera sido enjuiciado, hubiera gozado del beneficio de arraigo domiciliario por ser mayor de 80 años, conforme a una ley decretada el año pasado.

De esta forma, estamos muy lejos aún de conocer el paradero de los seis desaparecidos de la Brigada Revolucionaria Lacandona. Y para sus madres o esposas el duelo sigue inconcluso, aunque el luto por la justicia se ha intensificado.

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[1] “Patria o muerte” hacía alusión a una de las expresiones más conocidas de Ernesto Che Guevara. Por su parte, “Arturo Gámiz” era el nombre de uno de los fundadores de la guerrilla mexicana moderna, caído en el asalto al cuartel de Madera, el 23 de septiembre de 1965.  “Lacandones” era una referencia al grupo étnico chiapaneco cuyo contacto con el mundo occidental era prácticamente inexistente.

[2] Esto pese a que en el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2001, en materia de desaparición forzada, se señalaba lo siguiente: “el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, lejos de entregar a los señores Francisco Javier Coutiño Gordillo, Daniel Tapia Pérez y Sebastián Vázquez Mendoza a una autoridad distinta de la judicial, tuvo que resolver la indagatoria, dejándolos en libertad, o bien, ejercitando acción penal en su contra, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, lo que se traduce en un incumplimiento de la función pública de la procuración de justicia”.