Por Adela Cedillo
(Julio 2005)
Contexto histórico
Después de la represión al movimiento estudiantil de 1968, que tuvo su máxima expresión en la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, algunas brigadas de activistas estudiantiles que lograron escapar de la persecución policíaca comenzaron a plantearse la necesidad de que crear grupos de autodefensa armada, a fin de repeler la violencia ejercida por el estado contra los movimientos sociales. Además, postulaban que dichos grupos debían convertirse en una vanguardia que politizara a los proletarios y campesinos de México para hacer una nueva revolución, de carácter socialista.
Una vez que estos grupos llegaron a la conclusión de que la vía legal estaba cancelada y que por tanto, debían apelar al lenguaje de las armas para derrocar a un gobierno que consideraban ilegítimo, cada uno adoptó una estrategia guerrillera distinta, de acuerdo con sus principios ideológicos. Algunos retomaron las teorías foquistas de Ernesto Che Guevara, ya para entonces convertido en el icono mundial de la juventud disidente que había crecido con el paradigma de la revolución cubana de 1959. Esta teoría planteaba que, en caso de que en un país no existieran condiciones para tener una vida democrática, un núcleo pequeño de guerrilleros bien preparados podía crearlas en una zona rural. El foco irradiaría a las masas inconformes la voluntad para organizarse, luchar y construir una nueva estructura sociopolítica y económica. La táctica de la guerra de guerrillas consiste en acciones de ataque y retirada contra determinadas unidades del ejército, en un terreno perfectamente conocido por los guerrilleros. A la larga se esperaba que este conjunto de ataques produjera la desmoralización y el desgaste de las fuerzas armadas, lo que facilitaría la embestida final contra el gobierno establecido. Esta teoría propició la creación de numerosos campamentos guerrilleros en las selvas y serranías de América Latina, no obstante, en aquellos países donde no había condiciones geográficas para una lucha semejante, surgió la guerrilla urbana, con tácticas y métodos naturalmente distintos. La guerrilla urbana apuesta al desgaste de las fuerzas enemigas a través de secuestros, “expropiaciones” (asaltos a bancos, tiendas, oficinas gubernamentales, etc.), ajusticiamientos y eventual colocación de explosivos en lugares estratégicos. El Movimiento de Liberación Nacional “Tupamaro” de Uruguay (surgido en 1963) fue la organización político-militar que alcanzó más renombre en la aplicación de los métodos de la guerrilla urbana y se convirtió en la fuente de inspiración de los primeros grupos urbanos en México.
Por otra parte, algunos grupos adoptaron la teoría de la guerra popular prolongada, cuyos promotores fueron Mao Tse Tung, durante la guerra civil en China (1945-1949) y Ho Chi Min y Vo Nguyen Giap en Vietnam, en la guerra que libró el Vietcong contra los Estados Unidos (1964-1975). La guerra popular prolongada parte de una visión a largo plazo en la que lo prioritario es la organización de ejércitos campesinos con amplias redes de apoyo, así como la creación de un partido rector, a fin de construir una fuerza capaz de expulsar a los invasores extranjeros, cercar las ciudades y tomar el poder. En México, los partidarios de esta teoría se establecieron en los estados más pobres y de población mayoritariamente indígena y rural, tales como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Aparición de la guerrilla urbana en México
Antes de la matanza del 2 de octubre de 1968, ya existían algunos grupos en la clandestinidad. Tal es el caso de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, presidida por el maestro Genaro Vázquez Rojas, y el Partido de los Pobres, dirigido por el profesor Lucio Cabañas Barrientos. La base social de ambas agrupaciones era el campesinado pobre de Guerrero. El PdlP en particular puso en práctica la estrategia del foco guerrillero, mientras que la ACNR combinó la guerrilla urbana y rural.
Por otra parte, uno de los primeros grupos en adoptar las estrategias de los Tupamaros fue el llamado “Comando Lacandones”. En realidad se trataba de tres comandos unidos por la misma ideología: el comando “Patria o Muerte”, el “Arturo Gámiz” y el “Lacandones”, los cuales en conjunto sumaban un total de 150 miembros.[1] Los comandos estaban integrados por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y en menor medida de la UNAM, los cuales provenían de diferentes partes del país y eran de niveles socioeconómicos dispares, aunque podrían ser clasificados bajo el ambiguo concepto de “clasemedieros”, puesto que la mayoría no tenía la necesidad de trabajar para sobrevivir.
Los comandos contaban con una dirección nacional, responsables de unidad y militantes de base. Su estructura era vertical, jerárquica y autoritaria, ya que partían de que sólo la disciplina militar garantizaría el éxito de lucha. Una de las peculiaridades de los “lacandones” es que algunas mujeres formaban parte de la dirección del grupo, a diferencia del grueso de organizaciones en las que los líderes eran exclusivamente hombres. En ese sentido, las mujeres guerrilleras se habían emancipado por completo de las convenciones sociales y no les importaba que hasta sus propias familias las llegaran a tachar de aventureras. En su praxis política, ellas peleaban por tener los mismos derechos y obligaciones que los hombres.
En el año de 1969 estos comandos empezaron a llevar a cabo asaltos espectaculares a bancos y tiendas. Con el dinero obtenido, acondicionaban casas de “seguridad” en las que vivían los militantes clandestinos y compraban armas, mimeógrafos y el material necesario para publicar volantes y comunicados. Pronto, los llamados “lacandones” se convirtieron en el blanco de persecución de las distintas corporaciones policíacas, no obstante, sería hasta el año de 1972 cuando comenzaron las detenciones masivas de activistas armados.
Pese a los numerosos arrestos de miembros de la dirección nacional y militantes de base, los “lacandones” sobrevivieron como grupo hasta el año de 1973. En marzo de ese año diversos grupos guerrilleros urbanos, activos desde 1969, decidieron constituir una organización unificada, a la que denominaron “Liga Comunista 23 de Septiembre”. Los “lacandones” se incorporaron en su totalidad a la nueva agrupación.
El origen de la Brigada Revolucionaria Lacandona (BRL)
A finales de enero de 1973, Heriberto Díaz Coutiño, un militante de base del comando “lacandones”, fue detenido, torturado, procesado y encarcelado en la ciudad de México. Díaz era oriundo de Vega del Paso, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas y era hijo del dirigente campesino Gaspar Díaz Reyes, asesinado por pistoleros de Carmelo Orantes, el cacique más poderoso de esa región. A raíz del asesinato de su padre, Heriberto envió armas a Tuxtla Gutiérrez, a fin de que su hermano Ismael pudiera proteger a la familia en caso de otro ataque. Por esta razón, la policía le siguió la pista a Ismael, hasta capturarlo. Sin embargo, por falta de elementos procesales salió libre a los pocos meses y, a través de los contactos de su hermano, conoció a gente de la ACNR, en desbandada tras la muerte de su líder Genaro Vázquez (2/II/1972).
La relación con la gente del medio guerrillero, el reciente asesinato de su padre y el encarcelamiento de su hermano por motivos políticos, llevaron a Ismael a buscar la organización de una nueva célula guerrillera en Chiapas, a la que bautizó como “Brigada Revolucionaria Lacandona”, cuyo objetivo inmediato era pelear contra el caciquismo y recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas a los campesinos. Antes de lanzarse a una acción armada, Ismael negoció con el presidente del comisariado ejidal de Venustiano Carranza, Bartolomé Martínez Villatoro la entrega de tierras a comuneros y ejidatarios despojados por el cacique Orantes. No obstante, el comisario fue apresado y esto generó un elemento adicional de descontento entre los campesinos. Cuando Ismael los invitó a participar en su proyecto de campamento guerrillero en la región de “Llano Redondo”, muchos de ellos aceptaron convencidos de que luchaban por una causa justa. Entre los nuevos militantes se encontraba Bartolomé Pérez, los hermanos Vázquez, y la novia de Ismael.
El campamento se nutrió también con gente proveniente de Sinaloa, pues otro de los hermanos Díaz Coutiño, de nombre Reynol era estudiante de la preparatoria Flores Magón, de Culiacán, Sinaloa y pertenecía al grupo denominado “Los Enfermos”, incorporado a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Eduardo Villaburu Ibarra (a) “El güero”, miembro de dicho grupo, participó por un tiempo como instructor en el campamento de la BRL y se retiró con la promesa de enviar más gente de la LC23S. Así, se incorporaron elementos que provenían de lugares tan distantes como Monterrey, N.L. y Atoyac de Álvarez, Gro.
Como grupo clandestino, una de las primeras acciones que se propuso la BRL fue la liberación del comisario Bartolomé Martínez de la cárcel, por lo que se planeó el secuestro del presidente municipal de Venustiano Carranza, José de Jesús Domínguez Herrera, para hacer un intercambio. La acción fracasó rotundamente, así que la gente de la LC23S abandonó el grupo. No obstante, Reynol logró de nueva cuenta la incorporación de obreros provenientes de Sinaloa. Con este ingreso, el grupo sumaba ya un total de 25 personas.
La caída
En el año de 1974 la organización fue desmembrada por completo. El 9 de mayo, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado interceptaron a los miembros de la BRL que celebraban una asamblea en una cueva, cerca de un lugar denominado “El Zapotal”. Aunque no hay datos que lo confirmen, es muy factible que el grupo hubiera sido delatado por soplones al servicio de los caciques regionales, puesto que de otra forma la policía no hubiera dado con ellos en un lugar tan inhóspito. En total fueron detenidas nueve personas: el líder del grupo, Ismael Díaz Coutiño, su hermano Reynol, dos mujeres, un menor de edad y cuatro indígena tzotziles que no hablaban español. Todos fueron desaparecidos durante un mes, en el que fueron sometidos a torturas bestiales y a tratos inhumanos y degradantes, a fin de arrancarles confesiones que permitieran ubicar el paradero de otros miembros del grupo. Las mujeres corrían con la misma suerte que los hombres, con el agravante adicional de las vejaciones sexuales. En el caso de los matrimonios, era común que el hombre fuera obligado a presenciar cómo era torturada su pareja, a fin de motivar su confesión. Esto pudo haber ocurrido con Ismael y su novia.
En la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, los estudiantes llevaron a cabo una gran movilización para exigir la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos de Venustiano Carranza. Gracias al movimiento, éstos fueron presentados públicamente y procesados.
La continuación
Pese a la detención de los nueve elementos, la BRL no desapareció. Los estudiantes Bartolomé Pérez Hernández, Andrés Gómez Balanzar, Javier Coutiño Gordillo y Sebastián Vázquez Mendoza, oriundos de Venustiano Carranza, Chis. y de edades oscilantes entre los 20 y los 25, le dieron continuidad al proyecto con la ayuda de “Los Enfermos” de Sinaloa. De hecho, Eduardo Villaburu negoció la incorporación de la BLR a la LC23S.
Puesto que el grupo era perseguido, su base de operaciones no podía seguir siendo Chiapas. Al parecer se trasladaron a la huasteca durante una temporada. La única acción armada de importancia en la que participaron fue el secuestro de un ganadero veracruzano, Juvencio Flores Patiño, por el que pensaban pedir una suma considerable de dinero y la libertad de sus presos políticos. La acción ocurrió el 8 de noviembre de 1974, cerca de Paso Largo, Veracruz. El plagiado fue llevado a una cueva ubicada en el municipio de San Andrés, Actopan, Hidalgo, donde los guerrilleros tenían un contacto de nombre Daniel Tapia Pérez, un hombre de 60 años. El día 15 de noviembre, al pasar por dicha cueva, un lugareño vio a los brigadistas reunidos y dio aviso a la policía, sin que éstos hubieran notado que habían sido descubiertos. La policía judicial del estado llegó al poco tiempo y disparó al aire, conminándolos a salir de la cueva. De esta forma, fueron detenidos cinco militantes de la BLR y el secuestrado fue rescatado. Al día siguiente, la policía arrestó con gran violencia al señor Tapia en su casa, en presencia de sus familiares. Pese a que a penas y conocía a los muchachos de la brigada, fue acusado de complicidad y corrió la misma suerte que ellos.
Las desapariciones
Eduardo Candelario Villaburu Ibarra, Javier Francisco Coutiño Gordillo, Sebastián Vázquez Mendoza, Bartolomé Pérez Hernández, Andrés Gómez Balanzar y Daniel Tapia Pérez fueron llevados a los separos de la Policía Judicial de Hidalgo, en Pachuca. En el lugar fueron torturados y fichados, pero a fin de cuentas, presentados ante el ministerio público.
En esa época se desataba una de las persecuciones más feroces que hubiera conocido el movimiento armado socialista hasta ese momento. Después de que Lucio Cabañas hubiera secuestrado al senador Rubén Figueroa, el presidente Luis Echeverría ordenó una amplia movilización de batallones del ejército, en busca de Lucio y su gente. En ese medio año (de junio a diciembre de 1974) se llevaron a cabo detenciones masivas, arbitrarias y sin fundamento y decenas de personas fueron desaparecidas. Esto significa que no fueron procesadas ni como civiles ni como militares y hasta la fecha se ignora su paradero.
Respecto a los detenidos de la BRL, la Dirección Federal de Seguridad, cuyo titular era el capitán Luis de la Barreda Moreno, solicitó al procurador de justicia del estado de Hidalgo, Alejandro Straffon, el traslado de los presos a la ciudad de México. Éste accedió sin el menor reparo en las leyes y los “lacandones” fueron llevados a las oficinas de la DFS, donde se continuó con las sesiones de tortura y se les tomó declaración el 19 de noviembre de 1974. Después de eso fueron llevados al Campo Militar No. 1, donde fueron vistos con vida por un medio hermano de Lucio Cabañas, de nombre Conrado Serafín. Él afirma haber conocido a Andrés Gómez, Sebastián Vázquez, Javier Coutiño, Bartolomé Hernández y Eduardo Villaburu, entre otros presos. Asimismo, le consta que los jóvenes fueron torturados y que, al igual que él, permanecían en mazmorras subterráneas, de un metro por dos, conocidas como las “negras” porque no había luz. Conrado salió de ese lugar en 1977 pero los muchachos a los que había conocido ahí adentro en 1974 no volvieron a ver la luz del sol.
Por su parte, Daniel Tapia fue enviado a una prisión de Pachuca, Hidalgo, más confinado a una celda sin visita. Su familia nunca se enteró de que estaba preso ahí, hasta el año de 1987, en el que su esposa tuvo acceso al archivo de la policía y descubrió con asombro una foto de su marido con la ficha de detención correspondiente. Al investigar con personal del penal, se le dijo que su esposo había estado ahí por lo menos hasta 1977 y que después de ese año se ignoraba a dónde había sido trasladado.
La lucha por los desaparecidos y la impunidad
Los jóvenes de la BLR se sumaron a la lista de más de 700 desaparecidos en México. Los desaparecidos no están vivos, pero tampoco muertos, son “faltantes” (missings, como se dice en inglés). Lo único que sabemos de ellos es que sus familiares los siguen buscando y que el estado mexicano se niega a decir dónde están. Las madres consideran que si sus muchachos cometieron algún delito, debieron ser procesados conforme a derecho. No obstante, el estado optó por una práctica que, de acuerdo al derecho internacional, constituye un crimen de lesa humanidad, pues es un castigo para el agraviado, su familia y su núcleo social, a quienes mantienen en la incertidumbre y la angustia permanentes. Además, se les niega el derecho a uno de los rituales más antiguos de la humanidad: el de la sepultura de los muertos.
Las madres, esposas y hermanas de los desaparecidos fueron quienes dieron inicio a la lucha por la presentación de sus familiares. No es casual que todos los comités pro defensa de presos y desaparecidos fundados a lo largo de la década de los setentas hayan sido presididos por mujeres. Las mujeres demostraron que el amor por los suyos podía convertirse en el instrumento de lucha más tenaz, por lo que a través de los años han hecho todo lo humanamente posible por exigir al estado que les diga qué hizo con los desaparecidos. Las mujeres, a quienes siempre se había considerado peyorativamente como “sentimentales”, le probaron a la sociedad que valía la pena serlo, pues en ello encontraron voluntad, valentía, y fortaleza para pelear. Por lo anterior, las madres de los desaparecidos se han convertido en un nuevo mito materno en América Latina.
Por su parte, el estado ha preferido mantener abierta esa herida y evita ajustar cuentas con el pasado. Aunque el gobierno de la alternancia creó una Fiscalía Especial en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (2002), los resultados que ésta ha ofrecido a la sociedad han sido nulos.
La inexistencia de un marco jurídico adecuado, los candados impuestos a las convenciones internacionales sobre crímenes de lesa humanidad y la permanencia de los represores en las estructuras de poder han sido obstáculos insalvables para castigar a los responsables de la guerra sucia.
En el caso que nos ocupa, el licenciado Straffon, acusado por la FEMOSPP de haber participado en la desaparición de los seis miembros de la BRL, fue detenido el día 23 de junio del presente y fue puesto en libertad el día 24, puesto que el juez federal correspondiente no encontró pruebas que acreditaran su responsabilidad en este delito de lesa humanidad.[2] Pero aún si hubiera sido enjuiciado, hubiera gozado del beneficio de arraigo domiciliario por ser mayor de 80 años, conforme a una ley decretada el año pasado.
De esta forma, estamos muy lejos aún de conocer el paradero de los seis desaparecidos de la Brigada Revolucionaria Lacandona. Y para sus madres o esposas el duelo sigue inconcluso, aunque el luto por la justicia se ha intensificado.
[1] “Patria o muerte” hacía alusión a una de las expresiones más conocidas de Ernesto Che Guevara. Por su parte, “Arturo Gámiz” era el nombre de uno de los fundadores de la guerrilla mexicana moderna, caído en el asalto al cuartel de Madera, el 23 de septiembre de 1965. “Lacandones” era una referencia al grupo étnico chiapaneco cuyo contacto con el mundo occidental era prácticamente inexistente.
[2] Esto pese a que en el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2001, en materia de desaparición forzada, se señalaba lo siguiente: “el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, lejos de entregar a los señores Francisco Javier Coutiño Gordillo, Daniel Tapia Pérez y Sebastián Vázquez Mendoza a una autoridad distinta de la judicial, tuvo que resolver la indagatoria, dejándolos en libertad, o bien, ejercitando acción penal en su contra, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, lo que se traduce en un incumplimiento de la función pública de la procuración de justicia”.
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