Compañeros de la Casa de Todas y Todos:
La presente es mi respuesta a su comunicado del 18 de abril de 2021, en el que sostienen: "Declarar la muerte de aquellas y aquellos que han sufrido la
desaparición forzada, no sólo demerita y ensucia el reclamo de la
justicia, sino que los desaparece de nuevo, dejando libres a quienes
cometieron ese delito, sin que hayan pagado por ello." Ustedes mencionan mi nombre como si esa fuera mi postura, a pesar de mi trabajo público y notorio para exigir la verdad y la justicia para las víctimas de la llamada guerra sucia. Les aclaro, una vez más, que nuestra visión y nuestros métodos son diferentes pero el objetivo es el mismo: que el Estado asuma su responsabilidad por la desaparición de alrededor de tres mil personas durante la década de los setenta y principios de los ochenta, que castigue a los culpables y que establezca una comisión de la verdad que esclarezca todos y cada uno de los episodios de terror estatal que se vivieron durante la dictadura de partido del PRI.
En mi tesis sobre las Fuerzas de Liberación Nacional de la que, asumo, ustedes obtuvieron las fichas signaléticas de Elisa Irina Sáenz Garza, Carlos Arturo Vives Chapa y Raúl Enrique Pérez Gasque, también hablo de las desapariciones de César Yáñez, Juan Guichard Gutiérrez y Federico Carballo Subiaur. En el caso de Pérez Gasque, Carballo y los cuatro hermanos Guichard desaparecidos, las familias alentaron mis pesquisas, no fue algo que yo hubiera investigado por mera curiosidad académica. Mi compromiso con las víctimas de la violencia de Estado siempre ha sido incólumne. Yo hablé con una serie de testigos en la Selva Lacandona que me contaron que estaban presentes cuando dos guerrilleros fueron detenidos en el ejido Cintalapa, del lado de la frontera con Guatemala, a quienes el ejército torturó y asesinó a sangre fría en frente de los campesinos, causándole un gran trauma a los niños que jugaban en las inmediaciones del lugar. Los cadáveres fueron transportados hasta el rancho El Diamante, que estaba a una distancia considerable de Cintalapa y ahí los vieron algunos moradores de la finca de Atanasio López. Una persona me describió a detalle las características de los cadáveres, los cuales tenían volada la tapa de los sesos por la cercanía de los disparos recibidos en la cabeza. A esta persona le llamó la atención que, previo a darles sepultura, los militares hubieran cosido las cabezas de los cadáveres. Asumo que fue para evitar que si alguien los exhumaba, se viera el grueso calibre de las balas militares. Esta versión contradice el reporte militar que sostiene que César Yáñez y Juan Guichard murieron en un combate con el ejército el 16 de abril de 1974.
Conduje esta investigación en la década del 2000, por lo que no tengo forma de saber si los testigos siguen vivos y dispuestos a hablar, pero cualquiera que dedicara los años que yo destiné a buscar a los desaparecidos tanto en las fuentes policiacas como in situ, seguramente daría con los mismos personajes con los que yo hablé. Desde que supe que los cádaveres fueron enterrados en El Diamante he promovido que se haga la búsqueda forense y que se investigue a los militares involucrados, pero no he obtenido respuesta positiva de autoridad alguna. Oficialmente César Germán y Juan Amado siguen desaparecidos, que yo haya encontrado evidencia de cómo fueron ejecutados e inhumados no le quita un ápice a la responsabilidad del Estado de encontrar a los desaparecidos.
Octavio Yáñez Muñoz declaró en una entrevista que su padre, el Dr. Margil Yáñez, por intermediación de su hermano Adrián, que era a la sazón senador del PRI, consiguió que lo llevaran al paraje de la Selva Lacandona donde estaba enterrado César Yáñez. A pesar de eso, la familia Yáñez siempre ha considerado a César como lo que es, un desaparecido, mientras no se aclare el lugar, modo y circunstancia de su desaparición. De eso a nadie tendría que caberle la menor duda. Finalmente, en mi calidad de historiadora, lo que yo diga no tiene un valor jurídico porque debe ser fehacientemente demostrado por la autoridad competente. Comprender la diferencia entre verdad histórica y verdad jurídica es fundamental para procesar estos casos.
Aclaro todo esto porque ustedes, por desconocimiento o por incomprensión de mi labor profesional, me acusan de cosas con las que no me identifico en lo absoluto. Si alguien ajeno a las FLN ha invertido décadas de su vida en buscar a los desaparecidos, he sido yo. Si alguien ajeno a las FLN y las familias de los caídos ha impulsado procesos jurídicos para castigar a los represores de la organización, he sido yo. Si alguien ha hecho el trabajo ingrato de buscar las fosas clandestinas donde fueron enterrados los caídos de Nepantla y El Diamente he sido yo. Mi búsqueda fue tan desesperada que el Ministerio Público de la FEMOSPP no hizo más que burlarse de mí, al decir que yo no tenía personalidad jurídica para meter mi cuchara en esos casos. Ciertamente, las condiciones han cambiado y hay menos apatía institucional con el tema, pero hasta ahora, nadie ha procesado mi solicitud para que se busquen las fosas de El Diamante, pues quienes realmente deberían promover esos procesos, no lo hacen proactivamente. No lo digo a manera de reproche, las familias de las víctimas tienen razones personales para actuar de tal o cual modo, las cuales no son de mi competencia.
Por todo lo anterior, me parece aberrante que me acusen soslayadamente de promover la impunidad y el olvido. Les he pedido en otras ocasiones que dejen de mencionarme en sus escritos adjudicándome posturas que no tengo. Espero que esta sea la última vez que tengo que hacer semejante petición, pues siempre he sido respetuosa de su trabajo y, en reciprocidad, me gustaría recibir el mismo respeto. No está de más traer a colación que hay cuatro grupos distintos que buscan recuperar la historia o la memoria de las FLN: el EZLN, la Casa, exmilitantes de las FLN ajenos a los anteriores y los investigadores. No creo que nuestras diferencias sean tan hondas como para colocarnos en campos enemigos. Los enemigos son aquellos perpetradores de atrocidades, los que mataron, torturaron, desaparecieron, manipularon y escondieron la verdad por décadas. Los expresidentes genocidas que, como Echeverría, gozan de una impunidad absoluta. En relación al tema de los crímenes de lesa humanidad de la guerra sucia, enfocarse en otra cosa que no sean ellos es perder el tiempo.
Atentamente,
Adela Cedillo
Historiadora
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