Los pioneros en el estudio del Movimiento Armado Socialista Mexicano

Cuando escucho a alguna persona que comenzó a estudiar el Movimiento Armado Socialista Mexicano (MASM) en la década pasada, catalogarse a sí misma como pionera del tema, además de arrancarme una sonrisa, considero que no hizo el trabajo básico de revisión historiográfica, lo cual se agrava por la circunstancia de que, en efecto, había muy pocos trabajos académicos o analíticos al respecto. El año pasado y el actual han muerto varios de los verdaderos pioneros, como Marco Bellingeri, Juan Fernando Reyes Peláez, Alberto López Limón y Mauricio Laguna Berber. Es por ello que, a vuelo de pájaro, quisiera mencionar a los primeros autores que trascendieron el testimonio o la crónica para adentrarse al análisis sociohistórico del MASM y de la llamada guerra sucia. 

Uno de los primeros esfuerzos organizativos de compilación documental, análisis y divulgación sobre el tema fue el llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA), fundado en 1992 por un grupo de exguerrilleros que habían pertenecido a diferentes organizaciones armadas. Fruto de esa labor fue la revista Para romper el silencio, así como la constitución de un archivo notable con materiales diversos: comunicados, revistas, periódicos, entrevistas, fotografías, testimonios, etc. Algunos miembros del CIHMA escribieron algunos relatos testimoniales, pero fue Juan Fernando Reyes Peláez el primero que se propuso elaborar una visión de conjunto sobre todos los grupos armados. En el año 2000 escribió su ensayo: Introducción a la historia de la guerrilla en México, 1943-1983, sobre el que volvió una y otra vez para corregirlo y aumentarlo. Oficialmente, hubo dos ediciones de este trabajo: una de 2003 y otra de 2019.

Entre los exguerrilleros, algunos escribieron obras de carácter testimonial o literario, pero fue la obra de Carlos Montemayor la que marcó un antes y un después en el tema, entre finales de la década de los noventa y principios del siglo XXI. Algunos exguerrilleros también se desmarcaron de la esfera testimonial para describir la historia de sus organizaciones y hacer el balance de sus acciones. Tal fue el caso de las obras: En las profundidades del MAR, de Fernando Pineda Ochoa (2003), La negación del número, de Salvador Castañeda (2006) y Héroes y fantasmas de Benjamín Palacios Hernández (2009). Por su parte, el exguerrillero Alberto Guillermo López Limón entre 1994 y 2010 produjo sus tres tesis sobre la historia de las organizaciones político-militares mexicanas, las cuales abarcaban desde el jaramillismo hasta el año 1980.

Algunos familiares de víctimas de la guerra sucia también convirtieron al MASM en su objeto de estudio. En 1997, Mauricio Abraham Laguna Berber se tituló con el trabajo La prensa clandestina en México. Caso del periódico Madera, 1973-1981. En 1999, Leticia Carrasco Gutiérrez, hermana de un desaparecido de la Liga Comunista 23 de Septiembre, escribió su tesis La guerrilla en México, 1970-1976. El caso de Guadalajara: La Liga Comunista 23 de Septiembre. En 1998 salió a la luz la obra de Andrea Radilla, hija del desaparecido político atoyaquense Rosendo Radilla, titulada Poderes, saberes y sabores. Una historia de resistencia de los cafeticultores. Atoyac, 1940-1974.  En 2004, Alejandro Peñaloza, hijo del guerrillero desaparecido Felipe Peñaloza, dio a conocer su tesis titulada: La lucha de la esperanza. Historia del Movimiento de Acción Revolucionaria (1965-1971).

El investigador Sergio Aguayo Quezada no tenía parentesco alguno con los protagonistas del MASM, no obstante, conoció a algunos de ellos porque en su juventud vivió en el barrio de San Andrés en Guadalajara, Jalisco. Ahí nació su interés por el tema, como lo revela en su obra seminal La Charola: una historia de los servicios de inteligencia en México (2001). El autor no sólo rastreó la historia de las agencias de seguridad nacional, sino que también utilizó su acceso exclusivo a los archivos del CISEN para buscar información sobre episodios relacionados con la pandilla de los Vikingos y el salto del Frente Estudiantil Revolucionario a la lucha armada. 

Un caso similar es el del historiador y consejero político Gabriel Santos Villarreal; no fue exguerrillero ni familiar, pero por su cercanía con los padres jesuitas que fomentaban la teología de la liberación, conoció en su juventud a algunos activistas de Monterrey, N.L. que terminaron militando en la Liga Comunista 23 de Septiembre, como Ignacio Olivares Torres e Ignacio Salas Obregón. De ahí que se hubiera propuesto escribir sobre esos temas. En 2005, coordinó la obra: Historia de la guerrilla en México. Fuentes orales y artísticas, que reunía ensayos diversos sobre el MASM, la literatura testimonial y la contrainsurgencia. Gabriel Santos también recopiló un archivo considerable al respecto, sin embargo, falleció en 2010 sin poder concluir su obra.

A partir de 2003, el espectro se amplió de forma considerable, pues empezaron a aparecer obras escritas por investigadores y periodistas que ya no tenían ninguna conexión directa, personal o emocional, con el MASM o la guerra sucia. Entre ellos, cabe mencionar a los académicos Marco Bellingeri, Andrés Rubio Zaldívar, José Luis Sierra Guzmán, Claudia Rangel, Evangelina Sánchez y Verónica Oikión. Esta última fue, junto con Marta Eugenia García, compiladora de la obra en tres volúmenes Movimientos armados en México en el siglo XX (2006), la cual incluyó textos tanto de exguerrilleros como de investigadores que recién incursionaban en el el estudio del socialismo armado.

En 2007 se publicaron cuatro obras sobre el MASM: la crónica periodística de Laura Castellanos, México Armado; el ensayo libre de Fritz Glockner, Memoria Roja, el ensayo histórico de Enrique Condés, Represión y rebelión en México (el primer volumen de cinco) y la crónica de Ignacio Lagarda El color de las amapas, sobre la actividad de la Liga Comunista 23 de Septiembre en la Sierra Baja Tarahumara. El interés de Glockner por el tema se derivaba de su parentesco con el guerrillero ajusticiado Napoleón Glockner, mientras que Condés había pertenecido al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y había pasado cinco años recluido en la Penitenciaría de Lecumberri. En el ámbito periodístico, Castellanos fue la primera en escribir sobre el conjunto de las organizaciones armadas de 1940 a principios de los ochenta. Por su parte, la motivación de Lagarda partió del hecho de haber sido testigo indirecto de la actividad guerrillera en su pueblo natal, San Bernardo, Álamos, Sonora, entre 1974 y 1975.

A este corpus de obras le sucedió el trabajo de una nueva generación que ya no tenía prácticamente ninguna conexión con la guerra fría, pues eran niños o adolescentes cuando ésta concluyó. Sergio Arturo Sánchez Parra y Rafael Santos Cenobio en Sinaloa, Jesús Zamora García, Rodolfo Gamiño Muñoz y Fortino Domínguez en Jalisco y Cristina Tamariz, Carlos Rentería y la de la voz en Ciudad de México, fuimos algunos de los primeros tesistas que nos aproximamos con ojos nuevos a las hemerotecas, los archivos recién desclasificados de la SEGOB y la SEDENA y la fuente oral, con miras al rescate de la historia del MASM. Nuestros trabajos fueron producidos en la primera década del siglo XX. De ahí en lo sucesivo se vinieron como cascada múltiples investigaciones, al punto de que ya puede hablarse de la consolidación historiográfica de la guerra sucia como un periodo en la historia de México que ya no podrá ser omitido ni borrado, nunca más.

Como podrá advertirse en esta somera revisión, no hubo un pionero exclusivo, sino que la historiografía del MASM y la guerra sucia se ha desarrollado en círculos concéntricos, partiendo de los protagonistas y sobrevivientes hacia los contemporáneos de esa época, hasta llegar a los profesionistas que ya no tienen ninguna relación con el periodo. Debe reconocerse que todos estos grupos o generaciones enfrentaron enormes riesgos y dificultades en su quehacer. Al menos hasta la primera década del siglo XX, las investigaciones sobre las organizaciones armadas clandestinas y la guerra sucia no eran bien recibidas en la academia, por el contrario, se les miraba con desconfianza, temor y escepticismo respecto a su relevancia y valor social. Algunos tuvieron que publicar sus obras en ediciones marginales, imposibles de conseguir. Otros más sufrimos hostigamiento, chantajes y presiones para no dar a conocer los resultados de nuestras pesquisas. Son cosas que espero que la posteridad recuerde, porque la inversión intelectual y emocional para romper las gruesas capas de silencio con las que el Estado mexicano envolvió esos temas, fue inmensa. Desde ese lugar de la memoria, hago un sincero reconocimiento a Juan Fernando Reyes Peláez y Alberto López Limón, pues pese a que tuvimos grandes diferencias metodológicas e interpretativas, soy testigo y doy fe del tesón y la entrega incondicional con la que recuperaron la historia de los revolucionarios de la Guerra Fría mexicana. Descansen en paz.

Juan Fernando Reyes Peláez en una de sus últimas

intervenciones públicas, 23 de septiembre, 2021.

El honor de los personajes históricos, el respeto a la privacidad y el pacto patriarcal de silencio

Hay diferentes formas de abordar la vida privada de los personajes de interés público. El FBI, por ejemplo, se dedicó a espiar de tiempo completo a Martin Luther King y reunió evidencia de sus prácticas de adicción al sexo e infidelidad serial para hacerlo quedar mal ante su familia, su comunidad y sus seguidores, en lo que podría considerarse una operación clásica de guerra psicológica, para desactivar un movimiento poderoso a favor de los derechos civiles para los afroamericanos. Hay varias posibilidades de intrepretación de la conducta del reverendo King. Por un lado, como algo que atañe exclusivamente a la esfera privada y de la libertad sobre el cuerpo. Por otro lado, como una transgresión a los propios códigos de ética a los que King, en su calidad de reverendo, debía más lealtad que nadie. Una tercera vía es entender al reverendo no como un ser que debería medirse con parámetros extraordinarios, en virtud de su asombrosa trayectoria como activista, sino como un ser humano con claroscuros, hombre de su tiempo, hijo del patriarcado que premia el poder y la fama con el derecho a acumular mujeres o a consumir sus cuerpos de forma serial. Desde luego, lo que hizo el reverendo King no fue un caso excepcional sino una penosa normalidad, favorecida por los férreos pactos de silencio que dominaban la esfera privada.

Una pregunta que me ha rondado la cabeza es si al narrar la historia del movimiento de derechos civiles encabezado por el reverendo King, podemos prescindir del relato de sus debilidades morales, pues estas no afectan lo sustancial de su obra y su legado. Dicha omisión puede interpretarse, como ya dije, desde la perspectiva del respeto al honor y la privacidad del personaje en cuestión. No obstante, el proteger el supuesto honor de King iría en detrimento de las personas a las que perjudicó con su conducta: su esposa, sus enamoradas y los feligreses que lo consideraban un padre de familia y un religioso intachable. Borrar a estos actores para proteger el honor de uno sólo contribuiría a reforzar el pacto patriarcal de silencio, alimentar la historia de bronce de los héroes inmaculados y a eludir el debate sobre la complejidad moral de los protagonistas históricos. Concluyo que tanto de King como de cualquier personaje histórico se debe hablar con libertad, sin censura y sin prejuicio. Los personajes del pasado deben ser entendidos en función de su propio contexto, de los referentes de género y de la escala moral de su tiempo. 

Qué pasa cuando queremos aplicar esos criterios no a un personaje histórico ajeno y remoto, sino a alguien muy cercano? Hace unos meses leí las memorias del exguerrillero del grupo Lacandones Benjamín Pérez Aragón. Con Benjamín tejí una bonita complicidad en la que, sin saberlo, era la última etapa de su vida. Benjamín siempre fue muy modesto respecto a su propia trayectoria, pero al leerlo, descubrí que había sido uno de los cuadros más asombrosos de aquella izquierda setentera que se autoinmoló en aras de un futuro mejor para las generaciones venideras. Benjamín murió a consecuencia de las torturas que le propinaron en la juventud y eso aún me hace un nudo en la garganta que me impide hablar del tema a detalle. Las memorias de Benjamín son un tesoro informativo, pero también contienen algo que me ha producido un gran choque generacional: la absoluta libertad sexual con la que el autor narra sus encuentros, amores y desamores a lo largo de su vida. Pertenezco a las generaciones apanicadas por el SIDA, que aprendieron a fuerza de miedo a moderarse y a comprar preservativos. Ha sido una experiencia recurrente escuchar a algunos de quienes fueron jóvenes en los sesenta y setenta ser muy gráficos en la descripción de sus pasiones, número de parejas y actividad sexual. El tema en sí no me asusta, lo que no esperaba es que un militante como Benjamín fuera parte de ese club. Eso me obliga a percatarme de que me traicionó el inconsciente: mi preconcepto del militante ejemplar implicaba a alguien que no tuviera una sexualidad alocada.  

Las revelaciones de Benjamín involucran a actores vivos y muertos, a algunos de los cuales los desnuda en la esfera de la intimidad. Tal es el caso de David Jiménez Sarmiento, el guerrillero lacandón que se convirtió en uno de los máximos dirigentes político-militares de la Liga Comunista 23 de Septiembre y que cayó en combate en 1976, en el intento de secuestro de Margarita López Portillo. No hay ningún dolo en el relato de Benjamín, por el contrario, a pesar de haber estado de algún modo del lado de los agraviados, intentó hacer una descripción objetiva y puntual sobre cómo las infidelidades causaron problemas en el seno del grupo clandestino. Benjamín no tiene reparos en mostrar su debilidad moral: él quería que la esposa de uno de sus compañeros se fijara en él, pero terminó fijándose en David. Debido a esta situación, tanto ella como David fueron juzgados por la organización y apodados "los inmorales." El dato me llamó la atención porque desde hace años había visto que la policía había recogido el apodo de David como "el inmoral," pero al preguntar a sus excompañeros el motivo de tan singular sobrenombre, todos guardaban silencio. De forma emocionada y torpe, hace unos meses puse en mi muro de Facebook que ya sabía por qué le llamaban a David "el inmoral," aunque no haría ninguna revelación al respecto. Lo que siguió fue una reacción en cadena de mensajes condenando y censurando mi post, convocándome a mantener el pacto de silencio. Aturdida por el enojo de terceros y reconociendo mi falta de tacto, borré el post, sin haber procesado cuál de los dos lados estaba en lo incorrecto: ellos por querer mantener el silencio o yo por hacer evidente que ya se había roto. Por supuesto, no lo rompí yo, lo rompió Benjamín y me consta que estaba dispuesto a pagar absolutamente cualquier consecuencia de todas y cada una de las palabras que escribió. 

Agradezco a varias de las personas enojadas por mi post que me hayan contactado directamente, pues otras prefirieron acudir a una estrategia mucho más oscura, como tratarme de hacerme quedar mal en un foro público al cuestionarme sobre el tema de mi presunta violación al honor de los personajes históricos. Quienes lo hicieron se ostentan como feministas y defensoras de los derechos humanos. Creo, en principio, que no hay nada sororo ni feminista en atacar a una mujer por la espalda, pudiendo tener un debate privado sobre el tema. Sobre lo otro, estas personas me convocaban, de nuevo, a un pacto de silencio para preservar el honor de las víctimas como Jiménez Sarmiento. Después de mucho meditar sobre si debo o no aceptar reforzar el pacto de silencio, esta es mi respuesta. Creo que estamos ante un problema clásico de verdad histórica y verdad jurídica. Desde la perspectiva jurídica, una víctima de violaciones a los derechos humanos tiene un carácter unidimensional, en tanto que lo único que interesa en el recuento de los hechos son el lugar, modo y circunstancia en que se produjo su condición de víctima. Desde la perspectiva histórica, no hay nada que impida a un investigador abordar la complejidad social, moral, ética, política, cultural, etc. de los personajes históricos, hayan sido víctimas o no de violaciones graves a los derechos humanos. 

Por último, creo que también hay tres niveles que deben ser claramente diferenciados. Al activista, al propagandista, al que honra la memoria de sus compañeros caídos, es a quien le corresponden las hagiografías, los relatos en clave martirológica, la censura de hechos cuestionables en honor de una imagen pulcra, con funciones didácticas para la posteridad. Jamás me he opuesto a quienes llevan a cabo esa labor, puesto que cumplen una función social necesaria y hacen un servicio a la sociedad. A veces, crear figuras de bronce es el único recurso con el que las víctimas pueden lidiar con el dolor y el trauma de la pérdida. Incluso, en mi activismo por la memoria he apoyado estas iniciativas, en tanto que representan una medida de justicia para los agraviados. Por otro lado, como historiadora, mi trabajo debe cumplir con los estándares de rigor teórico y metodológico de la profesión, donde de entrada, quedan excluidas las visiones unidimensionales y las historias de bronce. A este nivel la audiencia con la que busco interactuar, en general, son otros investigadores. No lo digo con un afán elitista, ya que mis trabajos son públicos y cualquiera puede consultarlos. Lo digo en el sentido de que si, de forma deliberada, yo ocultara o tergiversara información, mis colegas, quienes tienen acceso a las mismas fuentes que yo, notarían mi falla y mi honestidad intelectual quedaría en entredicho. Un historiador puede arriesgarse a perder lo que sea, menos su honestidad y su ética profesionales, sin eso no es nada.

Finalmente, como feminista, no puedo tolerar que se me convoque a preservar el pacto patriarcal de silencio, venga de donde venga la convocatoria, pues no se puede ser feminista a modo, criticando el machismo de unos y salvaguardando el pretendido honor de otros, aunque sean familiares, amigos o incluso víctimas, como lo fuera el mismísimo reverendo King.

Mi postura ante la formación de la Comisión de Acceso a la Verdad

Por este conducto, manifiesto mi inconformidad ante la manera en que se ha llevado a cabo el proceso de selección de personas expertas a la Comisión de Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (en lo sucesivo, la Comisión). A continuación, describo las razones por las que considero que se han violado los procedimientos para elegir a las cinco personas expertas que la integrarían.

La historia de la Comisión comenzó con la demanda histórica de diversos colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la violencia de Estado de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta.  El 2 de octubre de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por Alejandro Encinas, firmó un convenio de colaboración interinstitucional con el AGN y el INERHM y dio a conocer la creación de un Comité Asesor conformado por académicos e investigadores para diseñar la Política de Verdad y Memoria del Pasado reciente, cuyas funciones eran estudiar los documentos del AGN para la reconstrucción de los hechos acaecidos en torno al periodo de la “Guerra Sucia” (https://www.gob.mx/agn/articulos/agn-trabajara-de-la-mano-de-la-segob-para-la-construccion-de-una-politica-de-memoria-y-verdad-en-torno-a-la-guerra-sucia?idiom=es).

Dicho comité, tendría algunas de las funciones propias de una comisión de la verdad, como la investigación histórica, la memorialización de las víctimas y el impulso a la justicia. En dicho comité se encontraban, entre otros, los investigadores Aleida García Aguirre, Eugenia Allier y Alicia de los Ríos, como se puede apreciar en este organigrama de Sitios de Memoria-Circular de Morelia #8 (posteriormente borrado de las redes sociales de este organismo):

 

Aunque las actividades del comité de asesores no fueron difundidas, en las redes sociales de Sitios de Memoria-Circular de Morelia #8, hay referencias constantes a eventos en los que participaban Alicia de los Ríos, Eugenia Allier y Aleida García, sin aclarar si era a título individual o en su calidad de asesoras de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

A partir de junio de 2021, un grupo de colectivos de familiares y sobrevivientes de la violencia de Estado, entre los que se encontraban el Comité Eureka y sus brazos regionales, el Comité ’68 Pro Libertades Democráticas, la Federación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guerrero (AFADEM), el Colectivo Rodolfo Reyes Crespos de Jalisco y Sinaloa, HIJOS México, Nacidos en la Tempestad, el Comité de Madres de Chihuahua, la A.C. Sobrevivientes y la familia Cabañas, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aceptó la formación de una comisión de la verdad a condición de que los colectivos se pusieran de acuerdo en una propuesta única. Así, los colectivos mencionados, a los que posteriormente se sumó el Comité Unitario de Jalisco, comenzaron a organizar mesas de trabajo con el fin de diseñar la propuesta que presentarían al presidente. El 30 de agosto de 2021, el presidente López Obrador anunció públicamente la creación de una comisión de la verdad presidencial. El decreto que, fechado el 2 de octubre de 2021, fue publicado el 6 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, justificaba el carácter presidencial de la comisión con base en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Ley Pública Federal que otorga al ejecutivo federal la facultad de crear comisiones. El decreto también justificaba la creación de la Comisión a partir de la constitución mexicana, los instrumentos jurídicos internacionales firmados por México y otros de carácter nacional, como la ley general de víctimas y las leyes para prevenir la tortura y contra la desaparición forzada de personas, así como las recomendaciones que organismos nacionales e internacionales han hecho al Estado mexicano en torno a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado reciente.

El diseño de esta Comisión, sin duda, será objeto de debate en el futuro, pues al tratarse de un esfuerzo en el que los colectivos de víctimas de la guerra sucia o terrorismo de Estado han tenido todo el protagonismo, se ha dejado poco espacio, si es que alguno, para la intervención de las víctimas no organizadas --que representan a la mayoría del periodo 1965-1990, incluyendo a las víctimas del Partido de la Revolución Democrática--, así como de otros actores de la sociedad civil. Los movimientos sociales de la actualidad, por ejemplo, se han mantenido al margen del tema por completo. La Comisión, en otras palabras, es fruto de una relación directa entre el presidente y los colectivos de víctimas de la guerra sucia, un caso al parecer sin precedente en la historia de las comisiones de la verdad.

El decreto especificaba la integración de la Comisión por personas servidoras públicas de seis instituciones gubernamentales, así como cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional, quienes ejercerían sus cargos a título honorífico. Asimismo, el decreto establecía que la comisión dependería de la SEGOB, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El mismo decreto estableció que las personas expertas deberían ser elegidas en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores a su entrada en vigor. La vigencia del decreto fue establecida del 7 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024, dos meses antes de la conclusión del sexenio del Lic. López Obrador. Es comprensible que un marco temporal tan limitado imprimiera un sentido de urgencia para crear la Comisión en el menor tiempo posible, sin embargo, los plazos que se manejaron para resolver temas fundamentales en menos de un mes, no dejaron tiempo para convertir a la Comisión en un objeto de discusión en la esfera pública. El perfil que le ha dado el gobierno al tema ha sido extremadamente bajo y la sociedad civil se ha mantenido al margen de los acontecimientos que han rodeado la creación de la Comisión.

El 13 de octubre de 2021 se instaló el Comité de Selección de las cinco personas expertas que formarían parte de la Comisión, integrado por Alejandro Encinas, como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Alicia de los Ríos, como representantes de los colectivos de familiares y sobrevivientes de la contrainsurgencia arriba enlistados y Jesús Peña Palacios como asesor técnico en representación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El 15 de octubre se publicaron las bases para la selección, estableciéndose cuatro fases: 1) postulación de candidaturas del 14 al 20 de octubre. 2) Selección de mejores perfiles bajo criterios de idoneidad el 22 de octubre. 3) Realización de entrevistas el 25 de octubre y 4) La deliberación del Comité de Selección, el 27 de octubre.  Posteriormente, el plazo de postulación se amplió al 22 de octubre:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/Bases_para_la_designacion_de_las_cinco_personas_expertas.pdf

La idoneidad de la selección se basaba en criterios de independencia, imparcialidad, integridad, experiencia profesional en las materias relacionadas con el objeto de la Comisión y en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en los de capacidad de coordinación de equipos multidisciplinarios, habilidades en vinculación con diferentes actores sociales y perspectiva de género. De acuerdo con los criterios de independencia y conflicto de interés, no eran elegibles personas que desempeñaran un cargo público de nivel de dirección, que hubieran desempeñado un cargo de dirigente nacional o estatal de algún partido político en los cuatro años previos a la designación y que tuvieran una posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones como integrante de la Comisión, en razón de intereses personales, familiares, o de negocios, conforme a la normativa aplicable en la materia.

A la convocatoria respondimos únicamente 25 personas, aunque sin duda, de no haber sido el plazo tan estrecho, se habrían postulado muchas más. Entre los postulantes, se encontraban dos exguerrilleros: José Luis Alonso Vargas y Rosa María González Carranza, un familiar de un desaparecido, Leticia Carrasco Gutiérrez, una víctima directa de la represión, José Luis González López y perfiles que no cubrían los requisitos de experiencia profesional en la materia, como los del artista escénico y docente Alejandro Guerrero Zavala, el filósofo Gerardo de la Fuente Lora, el psicólogo forense Ignacio Jesús Cano y los abogados Emilio de Gyves Montero y Félix Velasco Arévalo. Asimismo, se postuló José Sotelo Marbán, quien había dirigido al equipo de investigadores que elaboró el informe histórico de la FEMOSPP “Que no vuelva a suceder” y quien estuvo inhabilitado de la función pública por negligencia administrativa por un periodo de diez años (2007-2017). Esta sanción, cabe aclarar, fue por haber filtrado a la prensa el informe mencionado.

A partir de ahora, describiré las que considero son cuatro graves irregularidades del proceso de selección.

1. Entrevista a los 25 candidatos postulantes en lugar de los 10 perfiles finalistas establecidos en la convocatoria. El 23 de octubre se nos notificó a los postulantes que todos pasaríamos a la fase de entrevista por haber cumplido con los requisitos, a pesar de que los diez perfiles anteriormente mencionados claramente contravenían los criterios de imparcialidad, experiencia profesional y conflicto de interés. En la fase de entrevistas, el subsecretario Encinas reiteró que todos los perfiles cumplían con los requisitos. La única persona que declinó participar fue la investigadora hermana de un desaparecido, Leticia Carrasco. Considero que dicha estrategia pudo haber estado encaminada a minar aún más el interés público en el proceso de selección, pues si bien todas las entrevistas fueron transmitidas en vivo, para quienes estábamos en horario laboral, era imposible dar seguimiento a todas y cada una en tiempo real.

Durante un día y medio, la comparecencia pública de los 24 candidatos ante el comité de selección evidenció cuáles eran los perfiles que contaban con experiencia en las materias de la Comisión. Se presentaron cinco tipos de expertos: 1) abogados con experiencia institucional en derechos humanos (Carlos Pérez Vázquez y Silvano Cantú); 2) investigadores internacionales con experiencia en comisiones de la verdad (Eduardo González Cueva y Rodrigo Gómez Tortosa); 3) investigadores con experiencia en el tema de la violencia política del periodo conocido como guerra sucia o terrorismo de Estado (Francisco Ávila Coronel, Jesús Zamora García, Rafael Rodríguez Castañeda, Florencia Ruiz Mendoza y la de la voz), 4) investigadores expertos en áreas periféricas a la materia de la comisión (Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre, Carlos Pérez Ricart y Silvia Soriano Hernández) y 5) defensores independientes de derechos humanos (David Fernández Dávalos y Abel Barrera Hernández).

2. Elección de candidatos no expertos en la materia. El 27 de octubre se dieron a conocer los resultados del proceso de selección. Para sorpresa de muchos, no había ningún abogado con experiencia institucional en derechos humanos, ningún experto internacional en comisiones de la verdad y ningún experto en violencia política del periodo de la guerra sucia, a pesar de los excelentes perfiles que se presentaron en esos tres rubros.

3. Conflicto de interés. Entre los candidatos elegidos se encuentran Eugenia Allier Montaño y Aleida García Aguirre, quienes nunca aclararon ni en su carta de exposición de motivos ni en su comparecencia que eran parte de un comité asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB desde 2020, aunque sí lo consignaran en sus respectivos currículos, donde incluso reconocen que dicha asesoría se extiende hasta la actualidad. Estas investigadoras, además, son amistades de Alicia de los Ríos, como podría atestiguar cualquiera que las conozca. Presumo que la señora de los Ríos y los grupos a los que representa habrían hecho una elección con base en criterios personalistas y no en los criterios de idoneidad establecidos en la convocatoria. Otro dato que no puede pasarse por alto es que la organización de derechos humanos que representa a la señora de los Ríos en el caso de desaparición forzada de su madre es el Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro,” con la que el padre David Fernández Arévalos tiene vínculos estrechos, por tratarse de un centro dirigido por la Compañía de Jesús.

4. El 1º de noviembre mandé a la secretaría técnica de la Comisión esta solicitud de información, la cual no me ha sido respondida aún al día de hoy, 18 de noviembre, a pesar de la celeridad con la que se ha llevado a cabo el proceso de selección:

“En mi calidad de postulante a la Comisión para el Acceso a la Verdad, me permito solicitar los puntajes de todos los candidatos participantes, así como la información relativa a la selección de los cinco comisionados, los criterios de selección, las entidades individuales y colectivas que participaron en el proceso de selección y las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo para elegir a los comisionados, en el entendido de que el proceso fue público y no hay ningún impedimento para que esta información sea transparentada.”

De todo lo anterior, concluyo que la Subsecretaría de Derechos Humanos cometió una falta al no transparentar que dos de las postulantes eran miembros de su comité de asesores que venía trabajando en temas relativos a la comisión de la verdad y que, más que nadie, conocían el proceso desde sus entrañas y posiblemente contribuyeron al diseño institucional de la Comisión. Adicionalmente, la Subsecretaría de Derechos Humanos cometió otra falta al colocar a la señora de los Ríos en una posición de juez y parte del proceso. Considero que la señora de los Ríos, en su calidad de víctima de la guerra sucia, miembro del comité asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos, amiga personal de dos candidatas y del secretario técnico de la Comisión de la Verdad, Camilo Vicente, no era la persona indicada para convertirse en miembro del comité de selección de las personas expertas, pues el conflicto de interés es evidente en múltiples niveles.

Son muy preocupantes tanto la falta de transparencia por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la selección final, como la creación de una comisión sin expertos en el tema a investigar, pues como se desprende de sus currículos, ninguno tiene experiencia de trabajo con víctimas de la guerra sucia ni investigación en el estudio de las prácticas de la violencia de Estado en las décadas de los sesenta a ochenta, como lo son la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado de población. Me preocupa, fundamentalmente, que en la comisión no haya ningún experto en la búsqueda de desaparecidos, que debiera ser el objetivo central de su labor.

Considero grave que el gobierno no haya alentado una discusión pública más amplia en torno a la Comisión y el proceso de selección. Todo ha pasado desapercibido y, como cualquiera que estudie los patrones de las comisiones de la verdad puede prever, sin presiones externas e internas, los perpetradores de crímenes de guerra y de lesa humanidad tienen garantías de impunidad a perpetuidad. Al haber dejado en manos de los colectivos de víctimas las decisiones centrales sobre la conformación de la comisión, el gobierno mexicano se muestra más preocupado por aparentar que cumple con un compromiso frente a las víctimas, más que en los resultados que pueda brindar un proceso con estas características en el largo plazo. El modelo de comisión de la verdad que se ha implementado en México, de ningún modo debe servir de referente para futuras comisiones.

De parte de la sociedad civil, debe haber una vigilancia mayor para evitar que la primera comisión de la verdad de carácter federal se convierta en una simulación de verdad y justicia en perjuicio de las víctimas, cuyo universo se extiende a miles de familias dispersas en la república mexicana y los Estados Unidos, las cuales han sido históricamente marginadas de cualquier debate público sobre la justicia para los crímenes del pasado. Por esta misma razón, el gobierno no puede decir que la legitimidad de la Comisión se basa en los colectivos de víctimas. Lo único que podría legitimar a la Comisión es que recogiera todas las voces de los agraviados y tomara medidas expeditas para resolver las demandas comunes a todas las víctimas: que se revele el paradero de los desaparecidos, que se establezcan mecanismos extraordinarios para enjuiciar a los represores y que se repare el daño de forma integral a las familias vulneradas por la violencia del Estado mexicano.