Recapitulación y ambivalencia

Recapitulación

En este blog he compartido mis apreciaciones sobre la conformación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Mis dudas y resquemores sobre el proceso se pueden sintentizar en los siguientes puntos:

 1. En 2020, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos (DGEADH) de la Subsecretaría de Gobernación formó un equipo de trabajo con víctimas de la llamada guerra sucia, activistas, historiadores y abogados, encargados de diseñar la política de la memoria, la verdad y la justicia respecto a ese periodo. Por parte de la DGEADH, estuvieron involucrados en este proceso el director general, Félix Santana y el director de enlace, Camilo Vicente, entre otros. Por parte de las víctimas, Alicia de los Ríos y Alejandra Cartagena. Entre los investigadores se encontraban Eugenia Allier, Aleida García y entre los abogados Fabián Sánchez y Pilar Noriega. No fue un secreto que el criterio de invitación a este proceso fue la amistad o afinidad entre el director de enlace y los participantes, algo muy lejano a un criterio institucional o basado en el mérito. Este núcleo se encargó de organizar una serie de reuniones de colectivos de víctimas con el presidente López Obrador, de las cuales derivaron mesas de trabajo con miras a la creación de una comisión de la verdad. Cabe señalar que la selección de colectivos de víctimas a las que se les dio la oportunidad de participar en este proceso fue muy arbitraria, generando una sensación de exclusión en víctimas no organizadas y en colectivos de víctimas desfavorecidos por su lejanía geográfica. Además -esto no me parace una coincidencia- la mayoría de los colectivos invitados habían hecho explícita su simpatía hacia la actual administración.

2. La convocatoria para la creación de la comisión de la verdad, presuntamente resultante de las mesas de trabajo,  tenía un problema de origen: se trataba de una comisión presidencial, en la que intervendrían distintas dependencias gubernamentales y en la que los comisionados honorarios serían un elemento más, ni siquiera el de mayor peso. De ningún modo se trataba de un mecanismo autónomo, coordinado por la sociedad civil, con presupuesto propio, como lo venían demandando diversos colectivos de víctimas desde hace décadas. Un problema más grave era la temporalidad de la comisión: abarcaba de 1965 a 1990, dejando fuera a las víctimas del presente. Pareciera que, desde el inicio, el plan hubiera sido utilizar a las víctimas de la guerra sucia para presumir logros en materia de derechos humanos. Se trataba de casos que, a diferencia de los de la actualidad, podían gararantizar la impunidad, puesto que la mayoría de los grandes represores de la guerra sucia ya ha muerto o está más cerca de la tumba que de la justicia. De esta manera, el gobierno podía presumir que creó la primera comisión de la verdad federal, sin un compromiso serio con el castigo a los militares y policías que perpetraron atrocidades.

3. A fines de octubre de 2021 se llevó a cabo el proceso de selección de los comisionados honorarios que integrarían la comisión. La convocatoria circuló de forma express, dando muy poco tiempo a los interesados en inscribirse al proceso para preparar sus materiales y presentar sus candidaturas. Las entrevistas entre el subsecretario Alejandro Encinas y los postulantes fueron transmitidas en vivo, como si se tratara de un proceso serio y transparente. Sin embargo, había otra falla de origen: Alicia de los Ríos, asesora de la SEGOB que ya se encontraba integrada al equipo de trabajo de la DGEADH, fue la misma persona encargada de entrevistar a los postulantes, no en representación de su equipo, sino de todos los colectivos de víctimas. En otras palabras, fue juez y parte. De acuerdo a las recomendaciones de expertos en derechos humanos, los colectivos de víctimas no deben tener el control de los mecanismos de verdad, precisamente por las situaciones que se pueden derivar de esta situación, como las disputas entre colectivos y la exclusión de unas víctimas para favorecer a otras. Así, lo que el equipo de trabajo de la DGEADH presentó como una gran fortaleza -la creación de una comisión de víctimas para víctimas- es, en realidad, su principal debilidad.

4. El proceso de selección favoreció a los cuatro candidatos más afines a Alicia de los Ríos: David Fernández, Eugenia Allier, Aleida García y Abel Barrera. El padre Fernández pertenece a la esfera del Centro de Derechos Humanos A. Pro, que litiga el caso de la mamá de Alicia, mientras que el padre Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, entró a propuesta de Pilar Noriega y Nicomedes Fuentes, comisionados honorarios de la extinta Comisión de la Verdad de Guerrero. Alicia de los Ríos elaboró los puntajes de los postulantes con ayuda de gente de la DGEADH. Hasta la fecha, esta oficina se ha negado a hacer públicos esos puntajes. Sin embargo, estos les fueron presentados a los colectivos de víctimas que votaron en asamblea por los comisionados. La negativa a revelar los puntajes me lleva a suponer que los colectivos de víctimas fueron deliberadamente engañados para hacerles creer que algunos postulantes tenían más méritos que otros. Sin desdeñar el mérito de los "elegidos," es claro que ni uno solo de ellos era experto en guerra sucia ni tenía trabajo previo con las víctimas del periodo.

De entrada, quedaron excluidos los expertos internacionales bajo el supuesto de su ausencia física del país. La parte más controversial, que la opinión pública ignora, es que hubo una acalorada discusión en la que el bloque de Alicia hizo todo lo posible por vetar a candidatos que, por mérito profesional, debieron haber quedado en la comisión, como es el caso de quien esto escribe (de acuerdo con algunos de los presentes, yo estaba en el cuarto lugar en los puntajes). Después de tantos vetos y exclusiones, el único candidato de consenso para ser el quinto comisionado fue el reconocido experto en narcotráfico Carlos Pérez Ricart.

El mismo día de la votación de la asamblea, diversos participantes me hicieron saber los nombres de los elegidos como comisionados. Al día siguiente, para mi sorpresa, descubrí que Encinas había validado semejante proceso, dando a conocer los resultados. Alicia de los Ríos afirmó que la asamblea de colectivos y la comisión entrevistadora, coincidentemente, habían llegado a los mismos resultados por caminos distintos. En otras palabras, trató de proyectar la imagen de que fue un proceso sin discrepancias, agregando más capas de falsedades al asunto. Quisiera destacar que hubo una persona que tuvo el valor de defenderme del linchamiento del bloque de Alicia, a quien le estoy sumamente agradecida, pues adujo la falta de pruebas en mi contra y defendió mi presunción de inocencia ante las calumnias que se vertieron para vetarme.

Más adelante, me reuní con víctimas que participaron en dicha asamblea, quienes me compartieron las conversaciones de Whatasapp que demostraban el complot en mi contra. Del mismo modo, algunos me pidieron una disculpa por haber participado del veto a mi persona, señalando que en la asamblea se sintieron manipulados en esa dirección, ya que desconocían mi trayectoria. De ahí que la explicación pública dada por Alicia de los Ríos, respecto a mi exclusión por un presunto conflicto con los colectivos de víctimas, sea parcialmente falsa. Sí tuve diferencias con algunos colectivos, pero nada relacionado con las infamias que se dijeron sobre mí. Por ética profesional, en ningún momento daré a conocer el contenido de esas conversaciones, a menos que esto me sea requerido por una autoridad judicial. 

5. Desde su inauguración en la ciudad de Chihuahua, el 10 de diciembre del 2021, quedó en claro que el presidente López Obrador logró imponer su visión personal del perdón cristiano para saldar las deudas del pasado. Así, al sentar a las víctimas frente a sus verdugos militares, decretó una reconciliación de facto.

6. De la comisión de la verdad de nombre largo y ambicioso, se desprendió un mecanismo de esclarecimiento histórico y un mecanismo de justicia. Este último no requirió de un proceso de selección; ahí se incorporaron quienes ya venían trabajando con el equipo de la DGEADH, como Fabían Sánchez Matus, y se invitó a juristas de derechos humanos reconocidos. Cabe preguntar, por qué del mecanismo histórico requirió un proceso de selección y el mecanismo jurídico no? 

7. El plan de trabajo del mecanismo de esclarecimiento histórico es tan ambicioso y abarca tantos rubros que parece inviable. Curiosamente, hay algo que la comisión de la verdad sí excluye: los casos de las personas que quedaron en medio del conflicto. Pongo por ejemplo el caso de Lorena Keller, secuestrada por un comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre en 1977, cuya madre fue ejecutada por Alicia de los Ríos (madre) cuando intentaba impedir que se llevaran a su hija. Al parecer, este es el episodio que determinó que Nazar Haro ordenara la desaparición de Alicia, una vez detenida por la Brigada Blanca. Conocemos el calvario que ha sufrido la familia de los Ríos en la búsqueda de Alicia, pero de la familia Keller nadie ha dicho una palabra. No debería ser este precisamente el trabajo de una comisión de la verdad? Escuchar todas las voces para llegar a la verdad? De ningún modo quisiera que mi comentario se interpretara como una apelación a la teoría de los dos demonios, la cual he combatido fehacientemente. De lo que estoy convencida es que la comisión de la verdad ha pasado desapercibida en la esfera pública por su incapacidad para demostrar la relevancia social del tema, como algo que nos atañe a todos los mexicanos directa e indirectamente.

8. El evento que reunió a las víctimas con los militares en Campo Militar No. 1 el 22 de junio del 2022, es uno de los acontecimientos más revictimizantes que ha protagonizado esta administración en materia de derechos humanos. Personas que han sido sistemáticamente agraviadas tuvieron que escuchar impávidas el plan maquiavélico del secretario de la Defensa para honrar a los militares caídos durante la guerra sucia, todo esto con el aval presidencial. Esto debió ser un punto de ruptura entre los colectivos de familiares y el gobierno, o de la comisión de la verdad con el gobierno, pero por razones que ignoro, no lo fue. 

9. Pese a la indignación y a las cartas de protesta de los comisionados honorarios y de los colectivos de víctimas que se desprendieron de la aberrante actuación de los funcionarios públicos, los agraviados siguieron colaborando en las acciones de la comisión de la verdad. La más reciente, en septiembre de 2022, fue una jornada de recorridos por el Campo Militar No. 1, en busca de las instalaciones donde miles de víctimas fueron torturadas y mantenidas en reclusión clandestina por meses o años. Mi principal desacuerdo con esta acción es que el peso de la recolección de pruebas debe caer en el Estado y sus instituciones, no en las víctimas. Nadie mejor que los militares retirados sabe lo que pasó en las entrañas del Campo Militar No. 1. Por qué no los entrevistan a ellos, en lugar de pedirles a las víctimas que, por enésima vez, den su testimonio? Hasta ahora, ninguna de las acciones de la comisión de la verdad parece seriamente encaminada a encontrar a los desaparecidos, aunque esto debió haber sido la demanda central de todo el proceso.

10. El 22 de septiembre la excomisionada honoraria Aleida García presentó su renuncia al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, por razones que han saltado a la vista desde el principio: la falta de autonomía de la comisión, su sujeción a una agenda política prestablecida, la ausencia de presupuesto propio, la cuestión de los militares y otras mil trabas burocráticas para desempeñar una labor satisfactoria. Tanto las carta de renuncia como de exposición de motivos de Aleida fueron filtradas por el Comité Eureka a través del Museo Casa de la Memoria Indómita en sus redes sociales. Cabe recordar que el Comité Eureka, además de tener el control de este museo, también respalda a Rosario Piedra al frente de la CNDH. Este fuego amigo me resulta francamente incomprensible. Qué gana Eureka con rechazar el trabajo de la comisión? Que todo el proceso pase a manos de la CNDH?

11. En conferencia de prensa, las instituciones partícipes de la comisión de la verdad presentaron los resultados de su inspección al Campo Militar No. 1. Los expertos en el tema conocíamos todo lo que presentaron desde hace años. Yo no pude ubicar nada nuevo, excepto el software que muestra las diferentes etapas de construcción de las instalaciones del campo. Concedo que la Comisión Nacional de Búsqueda es la que ha aportado más elementos a la investigación. No obstante, son logros menores, que reflejan la falta de personal y presupuesto. O quizá reflejen algo aún peor: el hecho de que el gobierno federal en realidad esté más preocupado por cuidar su alianza con los militares que en hacer justicia a las víctimas. 

12. He luchado por años contra la visión patrimonialista de la guerra sucia que hace parecer el tema como un problema exclusivo de víctimas y sobrevivientes de la represión. No necesito nada más que mi interés humanitario, ciudadano y académico para exigirle a la administración de AMLO que renuncie a la pretensión de utilizar a las víctimas de la guerra sucia como un botón de muestra de su compromiso con los derechos humanos. A estas alturas, lo que más importa es encontrar a los desaparecidos y si fallan en ese cometido, habrán fracasado monumentalmente. Les exijo que los busquen y los encuentren y que se olviden de capitalizar algo tan delicado con fines electorales o de imagen pública.

13. La Fiscalía General de la República ha estado mayormente ausente en todo el proceso. Su principal función ha sido el sabotaje de las averiguaciones previas correspondientes a los desaparecidos de la guerra sucia, al cambiar a los agentes del ministerio público asignados de forma arbitraria y al estar ausente de todos los eventos relevantes de la comisión de la verdad. El gran represor, Alejandro Gertz Manero, sigue cuidando las espaldas de sus antiguos conocidos y colaboradores.

Ambivalencia

Conozco a decenas de víctimas de la guerra sucia en lo personal y a cientos en lo general. Puedo afirmar que la mayoría guardó silencio después de haber sido atrozmente agraviada por el Estado porque los órganos de seguridad los aterrorizaron hasta hacer del tema un tabú. Pocas víctimas lograron sobreponerse a ese terror sistemático y a la guerra psicológica para convertirse en activistas. Formaron colectivos para luchar por los presos políticos, los torturados, los desaparecidos, los asesinados y los exiliados. Resistieron de una forma admirable y ejemplar, con todo en contra. En el camino, como es natural en estos procesos, algunos mantuvieron la brújula moral y otros la perdieron. Tras cuatro o cinco décadas de lucha, de promesas falsas, de comisiones y fiscalías inútiles y de expectativas frustradas, los colectivos hacen frente a imperativos biológicos que los rebasan: la muerte tanto de los represores como de los familiares-víctimas. Es desde la urgencia que, en esta administración, algunos colectivos han aceptado participar de las iniciativas arriba descritas. Ya no hay más tiempo. Este es el último tren para saber la verdad y para obtener un mínimo de justicia, aunque sea simbólica, ante la muerte de los genocidas, torturadores y asesinos más conocidos. Algunos colectivos de víctimas han celebrado todos los pasos que ha dado esta administración, desde la creación de la comisión de la verdad hasta el ingreso al Campo Militar No. 1, una de las demandas históricas de los familiares de los desaparecidos. No les importa si los procesos han sido amañados, si Morena quiere llevar agua a su molino, si AMLO ya decretó la reconciliación de facto con el ejército o si las acciones llevadas a cabo tienen un tinte de revictimización. Lo que ellos ven son resultados tangibles, incluso, que haya una oficina, la CEAV, que con sus miles de limitaciones burocráticas y presupuestales, les está procesando las solicitudes de reparación del daño. Cuando los veo o platico con ellos y los veo tan satisfechos con estos ápices de justicia, me doy cuenta de que habían perdido la esperanza en que les resolvieran una sola de sus demandas. No es que se conformen con migajas, es que ya no esperaban nada de nadie. Lo que ha hecho esta administración por ellos, lo han recibido como una sorpresa positiva y como el corolario de décadas de lucha. 

Hace 19 años que me incorporé a su lucha y nunca los había visto celebrar algo, como han celebrado dichos eventos. Están en su derecho de hacerlo, pues vaya que han sido persistentes. Sin embargo, no puedo convalidar algo con lo que otros tantos  colectivos de víctimas, víctimas individuales y ciudadanos no estamos de acuerdo. Nuestros caminos se han bifurcado de una forma que a veces me parece irreconciliable. Cuántas amistades entrañables no se terminaron por el imperativo de tomar partido a favor o en contra de las políticas de la 4T sobre los crímenes del pasado! Mi único mensaje para aquellas víctimas es que, no me importa qué bando hayan tomado. Esa lucha que dimos por los derechos humanos fue noble, humanitaria, bien intencionada y cada quien ha hecho lo que ha creído pertinente y necesario. No juzgo a nadie por la forma de administrar su tragedia personal, excepto cuando ello implica la afectación de otras víctimas en aras del oportunismo, el beneficio propio o el lucimiento personal. 

Lo único que podría salvar la situación actual es que la comisión de la verdad encuentre las bitácoras con los números de prisioneros que fueron arrojados al mar desde aviones de la Fuerza Aérea; que vayan a los campos de tiro de San Miguel de los Jagüeyes y San Juan Teotihuacán a recolectar muestras del suelo para buscar vestigios posibles de las ejecuciones masivas; que encuentren los planos de los hornos crematorios de los campos militares No. 1 y No. 37 y que entrevisten extensivamente a los militares retirados de la baja oficialía que participaron en la contrainsurgencia. No obstante, sospecho que esas son acciones que ese poder de facto que es el ejército no aprobará y nos quedaremos otro sexenio sin verdad, sin justicia, sin memoria y creo que hasta sin vergüenza.

        Campo Militar No. 37-D, San Miguel de los Jagüeyes, Huehuetoca, Estado de México, lugar de ejecuciones masivas de prisioneros clandestinos a manos del Batallón de Fusileros Paracaidistas durante el sexenio de José López Portillo.

Cien años de impunidad

Echeverría a su salida de la FEMOSPP, después de haber sido llamado a declarar por el halconazo en 2004. Fue increpado por miembros del Comité '68, quienes le gritaron: "Asesino!"

 
El expresidente Luis Echeverría Alvarez (1922-2022), sobre cuyas prácticas represivas he escrito ampliamente en este blog, falleció a los cien años y seis meses en la impunidad total, sin haber roto jamás el pacto de silencio y sin haber revelado el paradero de los mil desaparecidos de su sexenio. Esto es lo primero que me vino a la cabeza cuando supe la noticia.

No abundaré en su trayectoria, de la que a grandes rasgos me ocupé en la carta que le envié en abril de 2021. Quisiera hacer el recuento de cómo es que Echeverría y su sobrevida se convirtieron en una obsesión para mí, al punto de que una veintena de contactos me escribieron entre el 8 y 9 de julio para preguntarme si ya sabía que Echeverría había fallecido y cómo me sentía al respecto. Agradecí enormemente sus anticondolencias. Mi desprecio a Echeverría no viene del hecho de que uno de mis tíos hubiera estado entre los estudiantes golpeados por el ejército durante el movimiento estudiantil de 1968, o de que mi familia paterna hubiera sido testigo presencial de la represión a los estudiantes -incluida la masacre de Tlatelolco-, lo cual les produjo secuelas físicas y mentales. Soy una persona que, en general, no tiene capacidad para odiar a nadie, pero mi odio a Echeverría se gestó en la cotidianidad del contacto con cientos de víctimas de la guerra sucia en casi todos los estados de la república.

Creo que el primer día que le deseé la muerte a Echeverría fue en un evento de víctimas, por ahí de 2002, donde un joven relató que su hermana había sido torturada por agentes de la DFS con toques eléctricos cuando tenía tres años de edad y aún conservaba las marcas de las quemaduras. Los padres de la niña ya habían sido detenidos y torturados, pero fueron obligados a presenciar lo que hacían con su hija para que delataran más rápido a sus compañeros. Me pareció una escena dantesca. Era indignante y fuera de toda proporción que los responsables de esos hechos gozaran del anonimato y la impunidad.

Por la pesada tradición de intocabilidad que caracteriza a la clase política mexicana, me resultaba más fácil desearle la muerte a Echeverría que albergar la esperanza de verlo preso. Sin embargo, la creación de la FEMOSPP hace veinte años, generó la ficción de que era posible investigar, indiciar, condenar y sentenciar a un expresidente. Como ciudadana, me sumé a la convocatoria del Comité '68 para dar esa lucha.

El fiscal Ignacio Carrillo Prieto solicitó órdenes de aprehensión a Echeverría y sus secuaces por el delito de genocidio en los casos de las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, sin un precedente judicial que respaldara dicha tipificación. Ambas averiguaciones previas estaban mal integradas y en ninguno de los dos casos se presentó la evidencia necesaria para procesar a Echeverría. Si en verdad se hubiera querido que pisara la cárcel, en ambos casos se hubiera acudido a recabar evidencia para probar que se cometió el delito de desaparición forzada, de carácter imprescriptible. Sin embargo, el fiscal acudió a argucias jurídicas para rechazar categóricamente esta tipificación. Hay que aceptar que tenía un buen pretexto, pues a pesar de que México había suscrito la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Senado había impuesto dos candados para garantizar la impunidad de los regímenes anteriores. La primera era una reserva que reconocía el fuero de guerra por delitos cometidos por militares en servicio, impidiendo con ello que fueran juzgados en tribunales civiles. La segunda era una declaración interpretativa  que establecía que los delitos se juzgarían a partir de la entrada en vigor de la convención (2002 en adelante). 

Por otra parte, a pesar de las decenas de testimonios de que, tanto en Tlatelolco como en San Cosme el ejército recogió cadáveres y, presuntamente, los desapareció, los agentes del ministerio público decían que no habían logrado ubicar a ninguna familia que tuviera un desaparecido derivado de dichos acontecimientos. Concedo que ha sido muy difícil ubicar a esas familias, pues muchos estudiantes provenían de otras partes de la república, estaban solos y murieron en el anonimato. Sin embargo, si el gobierno realmente hubiera querido conocer los nombres de las víctimas, hubiera hecho una campaña extensiva en medios de comunicación, algo que nunca ocurrió.

El delito de genocidio no se podría demostrar en ninguna de las dos masacres porque 1) no hubo un discurso ni una práctica de exterminio contra los estudiantes, como sí se aplicó, por ejemplo, contra los grupos guerrilleros. 2) No había cuerpo del delito. No se presentó la evidencia física necesaria para demostrar que se usó una tecnología policiaca o militar conducente al exterminio de un grupo nacional, como sí ocurrió con la guerra sucia, donde se atacó de forma indiscriminada a la población de municipios como Atoyac de Alvarez, Guerrero a través de diferentes tácticas y estrategias, v. gr. tierra arrasada, aldea estratégica, bombardeos, cerco a la producción, cerco de hambre, persecución basada en el parentesco, separación de padres e hijos, detenciones generalizadas, tortura extensiva, desapariciones masivas, ejecuciones clandestinas, vuelos de la muerte. 3) El número de víctimas presentado era demasiado bajo (22 para Tlatelolco, 11 para el halconazo), lo que era contradictorio con el criterio de sistematicidad del genocidio. 

Estoy segura que el fiscal tipificó mal los delitos que investigaba con alevosía y ventaja, a sabiendas que serían rechazados por la PGR, entonces dirigida por el general represor Rafael Macedo de la Concha. Los cientos de casos de desaparición forzada fueron tipificados como privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, que es un delito que sólo pueden cometer particulares, no servidores públicos. La cereza de este pastel de impunidad fue la concesión de la prisión domiciliaria a adultos mayores de 70 años. Por si fuera poco, de acuerdo con las leyes mexicanas, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, por lo que no podrían volver a reabrirse los expedientes que la FEMOSPP echara a perder judicialmente.

Lo más lesivo para las víctimas y sus aliados fue la simulación. Nos hicieron creer que el proceso de justicia transicional iba en serio y, a pesar de nuestro escepticismo, caímos en el juego. Cientos de personas interpusimos demandas o aportamos evidencia al ministerio público. Todo quedó en nada. Echeverría jamás fue condenado por uno solo de los delitos que cometió como subsecretario y secretario de Gobernación ni como presidente.

En el caso del halconazo, los tribunales rechazaron otorgar órdenes de aprehensión, argumentando que el delito de genocidio había prescrito. En 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación -a pesar de estar corrompida hasta el tuétano-, se apegó al principio universal de que el genocidio es imprescriptible. Sin embargo, hubo un nuevo revés para la FEMOSPP en tribunales, pues se determinó que el 10 de junio no había sido un genocidio sino homicidio calificado y éste ya había prescrito. Nadie negó que se hubiera cometido un delito ni se afirmó que Echeverría no fuera culpable, sólo se dijo que el tiempo de la justicia ya había caducado.

En 2006, por iniciativa del entonces jefe de gobierno de la CDMX Alejandro Encinas, el halconazo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual rechazó ejercer su facultad de investigación, afirmando que la FEMOSPP ya había investigado los hechos.

El caso de la masacre de Tlatelolco también tuvo muchos avatares en tribunales. Por breve tiempo, en 2006 se concedió la prisión domiciliaria a Echeverría, pero en 2007 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que  si bien el 2 de octubre del '68 se había cometido el delito de genocidio, no había pruebas que acreditaran la responsabilidad de Echeverría. Esta resolución fue apelada por la parte acusadora, para ser confirmada por el Quinto Tribunal en 2009. De no ser algo tan trágico, sería una comedia de las equivocaciones. A esos jueces corruptos  me hubiera gustado preguntarles: si hubo genocidio y el Secretario de Gobernación, que orquestaba toda la represión en esa época, no tuvo nada que ver, entonces por qué no buscaban a los culpables materiales?

Técnicamente, en ambos casos Echeverría fue exonerado del delito de genocidio por el sistema de impartición de justicia. En la izquierda nos consolamos con victorias pírricas. Qué si le hicimos pasar un mal rato, que si se estuvo encerrado en su casa un tiempo, con algunas interrupciones (de julio de 2006 a marzo de 2009), que si fue acusado del delito más grave del mundo, etc. El hecho es que no pagó nada de lo que debía.

A posteriori, puede decirse que el desastre institucional de la PGR-FEMOSPP y el sistema judicial anticipaban ese resultado. A eso hay que sumar el hecho de que tres funcionarios de Fox, el Procurador General Macedo de la Concha, el Subsecretario de la Defensa Delfino Mario Palmerín Cordero y el Secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero,  hubieran estado embarrados hasta el cuello en el aparato contrainsurgente de los setenta y ochenta. Ellos jamás hubieran permitido que uno de los suyos fuera juzgado en tribunales civiles o militares.

Aquél verano de 2006, en que el Comité '68 y aliados esperábamos afuera de la SCJN la resolución del caso del halconazo, el "abogado del diablo," Juan Velásquez, ingresó a la sala después de toparse con nuestra protesta. Tenía una sonrisa de oreja a oreja y se dio el lujo de saludarnos a los presentes con la mirada y con alguna expresión cordial, como un auténtico gentleman (a mí incluso me tocó el hombro, causándome estremecimiento). El sabía de antemano que tenía ganado el caso. 

Ser testigo de toda esa corrupción e impunidad no hacía sino acrecentar mi odio profundo hacia Echeverría y hacia el Estado mexicano, que en lugar de garantizar nuestros derechos los vulnerabla de múltiples formas. Nos negaron el derecho a la verdad, a la justicia,  y a la memoria. La reparación del daño a las víctimas comenzó en el sexenio de Peña Nieto de forma bastante tardía, desigual, episódica y revictimizadora.

Lo único que me quedaba, como consuelo de tontos, era desearle la muerte a Echeverría todos y cada uno de los días de mi vida. A lo largo de 20 años, no faltó quien me dijera que yo debería ir a terapia. Se burlaban de mí por personalizar el caso. Para mí era claro que tenía que ver conmigo en la dimensión colectiva del impacto de la disfuncionalidad de las instituciones, en el fracaso de la impartición de justicia que nos deja a los ciudadanos a merced de los criminales de todo tipo y, sobre todo, en lo relativo a los crímenes de lesa humanidad. Los años sangrientos del PRI me lesionan en lo más profundo de mi dignidad y mi consciencia, no importa que no me haya tocado vivir aquella época ni importa el tiempo transcurrido. Fueron actos contra natura y cualquier persona que conviva con las víctimas se daría cuenta de la vigencia de esas atrocidades. Asimismo, cualquier persona con sentido común entendería que Echeverría fue uno de los arquitectos  la violencia de Estado que nos persigue hasta la actualidad a través de instituciones con mentalidad contrainsurgente como el ejército, la marina y las corporaciones policiacas, que de tanto en tanto torturan, matan y desaparecen civiles sin rendirle cuentas a nadie. 

México es un océano de horrores e impunidad. Claramente Echeverría es un símbolo del surgimiento de ese México barbárico, pero no fue un hombre solo ni actuó por mera sociopatía. Fue una pieza de un partido, el PRI, que demostró que estaba dispuesto a transgredir cualquier límite con tal de tener el monopolio del poder y llevarse el famoso carro completo.

Confieso que fue desgastante desearle la muerte a Echeverría durante todo ese tiempo (no le deseo la muerte a nadie más), pero su sobrevida era una afrenta a sus víctimas y a la nación. No voy a mentir ni a apelar a una hipócrita corrección política. Es lamentable que haya muerto impune, no nos merecíamos eso. Sin embargo, me alegra que haya un genocida menos en esta tierra. Un genocida que ya no estará viviendo una vida cómoda, producto de su riqueza malhabida (la especulación inmobiliaria con la que se enriqueció alucinantemente al terminar su sexenio) y sin ser molestado por nadie. Si hay un más allá, espero que nunca descanse en paz. También espero que la sociedad mexicana entienda, de una vez por todas, que no podemos permitir jamás el ascenso de otro Echeverría ni aguantar otros cien años de impunidad. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como el último presidente que pudo haber juzgado a Echeverría por sus crímenes de lesa humanidad y prefirió mantener el pacto de silencio e impunidad.

Por qué el ejército se resiste a juzgar a los militares que perpetraron atrocidades durante la guerra sucia?

Desde que empezó a hablarse de la necesidad de ajustar cuentas con el pasado de autoritarismo y represión de la era priísta, tras la alternancia partidista del 2000, las fuerzas armadas han sido el sector más reacio a colaborar con tales esfuerzos. Su única contribución fue la entrega de una mínima parte de su archivo al AGN, la cual por sí misma hubiera bastado para llamar a declarar a un sinnúmero de militares retirados o en activo. Sin embargo, nada de eso ha pasado. Se sabe que al crearse la fiscalía especial para la guerra sucia (FEMOSPP), el recién fallecido Secretario de la Defensa Nacional de Vicente Fox, Gral. Clemente Vega, junto con el titular de la PGR, Gral. Rafael Macedo de la Concha, presionaron a Fox para sabotear los trabajos de la fiscalía, entre otras cosas, negándole el acceso a información confidencial. Cabe recordar que Macedo fue el primer militar al frente de la PGR desde 1917. No llegó ahí por capricho de Fox, sino como recordatorio del poder de las fuerzas armadas.

Los militares no tienen nada que ganar con la revelación de la verdad. En cambio, su identidad y trayectoria quedarían fuertemente cuestionadas si reconocieran todo lo que han hecho, pues quienes cometieron las peores atrocidades no fueron el cabo Chuchito o el soldado Juanito, sino el alto mando que ordenó llevar a cabo tácticas de tierra arrasada y todo género de masacres y desapariciones masivas de personas. El mismo alto mando que, a la par que exterminaba a la izquierda revolucionaria, se involucraba en el lucrativo negocio del narcotráfico, aprovechando su intervención en las campañas antinarcóticos.

Algunos de los militares más venerados por la SEDENA, quienes a lo largo de su vida fueron ampliamente condecorados, se retiraron con honores y son hasta ahora considerados modelos a seguir para las nuevas generaciones, también fueron algunos de los peores carniceros. Tal es el caso de la alta oficialía del Batallón de Fusileros Paracaidistas, una de las unidades especializadas en contrainsurgencia, la cual fue una de las encargadas del proceso de eliminación de los desaparecidos del régimen. 

Entre los oficiales del BFP que en el sexenio de López Portillo presuntamente tuvieron la encomienda de ejecutar a mansalva a los presos clandestinos -guerrilleros, narcotraficantes, campesinos invasores de tierras y civiles inocentes-, destacan los nombres de José Hernández Toledo, Edmar Euroza Delgado, Rubén Darío Sumuano Durán y Delfino Mario Palmerín Cordero. Este último fue el Subsecretario de la Defensa durante el gobierno de Fox. Ninguno de ellos fue llevado jamás ante un tribunal. De ellos, siguen vivos Euroza, Sumuano y Palmerín.

Sin defensa legal y desprovistas de todo derecho, las víctimas eran trasladadas de la prisión clandestina del Campo Militar No. 1 a las bases militares de San Miguel de los Jagüeyes, Huehuetoca (Campo Militar No. 37-C) o San Juan Teotihuacán (Campo Militar No. 37-A, muy cercano a la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía), ambas en el Estado de México. Ahí eran llevadas a campos de tiro donde se les disparaba con armas de grueso calibre hasta quedar completamente destrozadas e irreconocibles. Sus restos tal vez fueron  enterrados o incinerados en algún crematorio del Campo Militar No. 37. Todo esto se supo por el testimonio del desertor Zacarías Osorio Cruz en su juicio de asilo en Canadá en 1988 (este se puede consultar en el libro Obligado a matar. Fusilamiento de civiles en México).

El alto mando actual no hará nada contra sus oficiales retirados. Su poder ilimitado, sin contrapesos, se finca en una larga historia de servicio incondicional al presidente en turno, impunidad absoluta, memoricidio y la promoción de un relato heroico y ficticio donde las fuerzas armadas son los buenos de la película, los salvadores de la patria.

He llegado a la conclusión de que no habrá justicia para las víctimas de la guerra sucia, por lo que se hace menester denunciar por nombre y apellido a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, escracharlos como se dice en buen argentino. Que la memoria que prevalezca no sea la del exterminador sino la de la víctima que sufrió la destrucción de su terruño, la detención ilegal, la prisión clandestina, la tortura ilimitada y una forma de ejecución-desaparición que uno no le desearía siquiera a un animal infeccioso. No lo digo metafóricamente. El ejército dio un trato menos barbárico al ganado sacrificado durante la fiebre aftosa de 1952.

General de División Delfino Mario Palmerín Cordero.

Foto tomada de la Revista Armas, la cual señala que Palmerín: "fue de los primeros militares mexicanos en adquirir la Green Beret o Boina Verde en Fort Bragg, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde además fue instructor de Español en la Academia Militar de West Point, entre muchos logros más. Pero dos de los cargos que más le llenan de orgullo y satisfacción al General Palmerín Cordero son los de Comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, donde hizo verdaderas aportaciones que hasta el día de hoy siguen vigentes en ese cuerpo especial. [...] Es el autor del Himno de los Paracidistas, el diseñador de su escudo, y quien gestionó el uso de la Boina Roja que se utiliza hasta hoy."

La teoría de los dos demonios, los límites del liberalismo y la transición sin transición

El pasado 22 de junio del 2022 ocurrió un hecho inédito en la historia reciente de México: la administración de Andrés Manuel López Obrador convocó a familiares de víctimas de la llamada guerra sucia y a familiares de los militares caídos en esos años a atender el acto de apertura de la colaboración entre la Comisión para la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990 y la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo primero que cabe observar es que, lo que debió ser un acto de desagravio, perdón y demostración de voluntad política para ajustar cuentas con el pasado, se convirtió exactamente en lo contrario. La equiparación entre los familiares de las víctimas con los familiares de los soldados caídos “en el cumplimiento de su deber” en la jerga militar, dio la sensación de ser una trampa perversa en la que cayeron los colectivos de familiares de víctimas que le dieron su voto de confianza al gobierno de la 4T y su comisión de la verdad. Viene al caso recordar que no se trata de una comisión independiente, sino de una comisión presidencial que, como lo he explicado con anterioridad, está conformada por gente afín a la actual administración, algunos de cuyos integrantes incluso colaboraban previamente con la SEGOB en el diseño de la política de la memoria sobre el periodo.

         Por mi relación con algunos de los colectivos de víctimas que participaron en el evento, se que la mayoría, si no es que todos, ignoraban que los familiares de los soldados caídos habían sido convocados. Es muy probable que, si se les hubiera dicho esto con antelación, se hubieran rehusado a asistir. Los colectivos están muy divididos entre sí, pero coinciden en rechazar una amnistía para los militares, incluso si ello entrañara la revelación del paradero de los desaparecidos. La demanda unificadora es clara, no hay verdad sin justicia. El presidente López Obrador desde campaña manejó el discurso del perdón y la reconciliación y en los eventos públicos relacionados con la guerra sucia ha promovido el sentar a las víctimas junto a los victimarios. En sus discursos se erige como un juez que da la razón a ambas partes, ignorando los principios más básicos de los derechos humanos.

 

La memoria oficial liberalizante

         El primer orador del evento en Campo Militar No. 1 fue el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Su discurso estuvo a tono con las demandas de memoria, verdad y justicia, sin embargo, llama la atención el manejo despolitizado que hace de los guerrilleros socialistas, al referirse a ellos meramente como disidentes políticos y al subsumir sus luchas con la de los movimientos sociales (campesinos, urbanos, estudiantiles, magisteriales, sindicales, etc.). En sus palabras se percibe miedo al lenguaje, reticencia a nombrar las cosas como fueron o una sutil negativa a reconocer a las organizaciones armadas clandestinas y sus metas explícitamente anticapitalistas y socialistas. La memoria oficial que la 4T quiere imponer sobre estas luchas en su conjunto parte de una visión teleológica según la cual todos los opositores de la era priísta lucharon por la democracia y el triunfo de AMLO fue la culminación de décadas de movilización social. Esto se advierte claramente en estas líneas del discurso de Encinas:

Esta transformación [la 4T] se reconoce en las luchas políticas y sociales que recorrieron ciudades y comunidades en todo el territorio nacional, en la sierra guerrerense, en las luchas por la tierra, la libertad sindical y la defensa de los derechos laborales, en los movimientos urbanos del magisterio, de los estudiantes universitarios y normalistas, la lucha por la libertad de prensa y la lucha de los disidentes políticos quienes lucharon por la democracia electoral que, ante la cerrazón de un régimen autoritario, empuñaron el idealismo de construir un mejor país. En esas luchas nos reconocemos millones de mexicanas y mexicanos que han sostenido sobre sus hombros la esperanza en la transformación de México.

         No es motivo de sorpresa que el grupo en el poder utilice la historia para apuntalar sus fines políticos, esa ha sido la dinámica que ha atravesado la historia mexicana. Lo sorprendente es lo burdo de la tergiversación histórica. Las organizaciones armadas clandestinas de los 1960 y 1970 eran diametralmente opuestas a las organizaciones donde militaban personajes como AMLO y Encinas (el PRI y el Partido Comunista Mexicano, respectivamente). No luchaban por la democracia sino por un cambio radical del sistema socioeconómico, que entrañaría la instauración de un régimen político basado en la dictadura del proletariado. No eran demócratas, pues pensaban que el mundo sólo podía cambiarse a balazos. La manera en la que la 4T busca hacer asimilables a los guerrilleros al ponerles un barniz de liberalismo demócrata es inaceptable. Las opiniones están divididas respecto a si la 4T es la heredera legítima de los movimientos sociales pacíficos, como insinúan AMLO y Encinas, pero este es un tema sobre el que regresaré en otra ocasión.

En su discurso, Encinas también delineó el plan de trabajo entre la comisión de la verdad y la SEDENA, un plan con el que no podría estar más de acuerdo, pues incluye la inspección ocular de las instalaciones donde se llevaron a cabo las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el acceso a los archivos de la SEDENA y las entrevistas a militares retirados o en activo que hayan sido testigos o partícipes de esos hechos. En lo que no coincido es en que se maneje este plan de trabajo como si fuese algo sin precedente. Tanto la SEGOB como la comisión de la verdad parecen ignorar que tanto la CNDH en el sexenio de Zedillo como la FEMOSPP en el sexenio de Fox llevaron a cabo un trabajo semejante. Tanto a visitadores de la CNDH como agentes del Ministerio Público, al parecer acompañados de algunos civiles, se les dio acceso a las instalaciones del Campo Militar No. 1 y unos y otros dijeron no haber encontrado indicios de la prisión clandestina. En el sexenio de Fox se podían consultar las fotografías de esa inspección en la página de la CNDH; a través de ellas se puede advertir que el acceso a las instalaciones fue muy limitado y controlado. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué garantías existen de que el ejército no hará lo mismo esta vez? ¿Qué organismos nacionales o internacionales se erigirán como árbitros para garantizar que el ejército no obstruya el acceso a la verdad?

En su discurso, el general Luis Crescencio Sandoval recordó que la SEDENA ya había transferido su archivo sobre aquellas décadas al AGN. Sus palabras textuales fueron: “esta institución ha entregado con anterioridad al Archivo General de la Nación mil 653 legajos relacionados con los movimientos sociales y políticos del pasado.” Desde 2002 en adelante, ante cualquier solicitud de información o transparencia, el ejército ha repetido el mismo guión: los archivos ya fueron entregados. Quienes hemos trabajado con el fondo documental de la SEDENA en el AGN sabemos que la información que se entregó fue parcial y rasurada, como si se hubieran elegido los documentos menos incriminadores para el instituto armado. Si resultara cierto que el ejército dará acceso a los archivos de sus diferentes unidades involucradas en la contrainsurgencia, se necesitarán varias docenas de investigadores para procesar esas cantidades ingentes de información.

Por otra parte un programa de entrevistas con represores y testigos, retirados o en activo, sólo puede ser viable si hay una presión legal de por medio o la promesa de una amnistía. En este escenario, ninguno de los dos casos es viable. La Fiscalía General de la República está presidida por uno de esos viejos represores de los setenta, Alejandro Gertz Manero que en sus funciones en la PGR lo mismo mandaba a torturar a coleccionistas de piezas prehispánicas que a presuntos campesinos marihuaneros y amapoleros. Gertz representa un obstáculo aún mayor que el del ejército, pues su carrera depende de resguardar el pacto de impunidad y silencio. Su presencia en la FGR es garantía de que nadie será juzgado por las atrocidades del pasado. Respecto a la posibilidad de ofrecer una amnistía, lo que se ha configurado a lo largo de este sexenio es una amnistía de facto. Ni uno solo de los perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos de los sesenta a la fecha ha sido indiciado. No se avizora ninguna posibilidad de juicios a represores en el horizonte próximo. Los órganos encargados del tema le siguen dando largas a las víctimas, como si estas no llevaran 40 o 50 años de espera.

 

La instauración de la teoría de los dos demonios

En el estrado del evento en Campo Militar No. 1 había tres víctimas de la guerra sucia. Una de ellas, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, hermana del guerrillero desaparecido Jesús Piedra Ibarra. Contrariamente a lo que cabía esperar, no hizo ningún pronunciamiento. La primera oradora fue Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos y quien cuenta con más de 120 familiares asesinados y desaparecidos, incluida su madre. Ella describió los horrores que su familia extensa vivió cuando estuvieron detenidos-desaparecidos por dos años en la prisión clandestina del Campo Militar No. 1, lugar al que ella arribó siendo una bebé de dos meses. La segunda oradora fue Alicia de los Ríos, hija de guerrilleros de la Liga Comunista 23 de Septiembre (el padre murió en combate y la madre está desaparecida), quien fuera asesora de la SEGOB en la política de la memoria y quien eligió, junto con Encinas, a los integrantes de la comisión de la verdad. Por un mínimo acto de transparencia, debió esclarecerse que Micaela es delegada de la CNDH en Guerrero y que Alicia es asesora de la comisión. La cercanía de estas víctimas con la 4T dio la impresión de tratarse de un evento controlado, donde se esperaba que no habría grandes sobresaltos, a pesar de que se nombraron algunas de las prácticas más infames de las fuerzas armadas, como la tortura sistemática, la desaparición forzada en prisiones militares clandestinas, las ejecuciones extrajudiciales, los vuelos de la muerte y la formación de grupos paramilitares como la Brigada Blanca.

         El tono mesurado pero firme de los discursos de Encinas, Micaela y Alicia fue dramáticamente aplastado por la participación insensible y revictimizante del secretario de la defensa nacional, gral. Luis Crescencio Sandoval González. Haciendo eco del que ha sido el discurso histórico del ejército, el general delegó la responsabilidad central de los hechos en la autoridad civil y entró de lleno en la legitimación y glorificación de las fuerzas armadas. En su discurso no había ningún indicio de entendimiento de la gravedad de los hechos que se le imputan a su institución. No había ningún asomo de arrepentimiento o deseo de pedir perdón, como tampoco el más mínimo trazo de comprensión de lo que entrañan los derechos humanos. Por ejemplo, la desaparición forzada es un delito que se comete todo el tiempo que la persona está desaparecida; aún si hay un recambio de autoridades, este no anula la responsabilidad de la institución perpetradora. El gral. Sandoval es tan responsable como lo fuera el gral. Hermenegildo Cuenca por no revelar el paradero de los desaparecidos. El gral. Sandoval habló de su institución como si hubiera habido un “borrón y cuenta nueva” y como si el ejército actual no tuviera nada que ver con el que cometió toda clase de abusos y atrocidades a lo largo del siglo XX.

         El gral. Sandoval dijo textualmente que: “Los derechos a la memoria histórica, al acceso a la verdad, la reparación integral y la no repetición de los hechos son derechos que como parte de las instituciones del Estado mexicano debemos hacer valer en estricto cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, no hizo sino lavarle la cara al ejército, apelando a su carácter popular y de defensa de las poblaciones más vulnerables. El general evocó varios artículos constitucionales relativos a la misión del ejército de salvaguardar la seguridad interior y defender al país ante amenazas externas. Entre líneas, era claro que justificaba la actuación de los militares en el pasado, pues en la visión castrense estos no hicieron sino proteger a la nación del enemigo interno, que era la subversión comunista, instigada por agentes internacionales. Evidentemente, el ejército mexicano no ha atravesado por ningún cambio ideológico-cultural y sigue apelando a la doctrina de seguridad nacional en la que se basaron todas las guerras sucias del continente. Con ello se contraviene el principio fundamental de las garantías de no repetición de esos crímenes.

Lo más cercano que estuvo el general de reconocer los abusos del pasado fue cuando señaló: “Para atender las diversas situaciones que se generaron con estos movimientos sociales, el Estado mexicano en su momento adoptó políticas y medidas en algunas regiones del país que buscaron garantizar la seguridad, el orden constitucional y el restablecimiento del Estado de derecho. Sin embargo, determinadas acciones implicaron lamentablemente que un sector de la sociedad se viera afectado por sucesos que se alejaron de los principios de legalidad y humanidad, valores que nunca pueden estar separados de la vida institucional del país.” Esto sin mencionar quién suspendió el Estado de derecho y cuál fue el sujeto que afectó a ese sector de la sociedad.

Otro dato preocupante del discurso del gral. Sandoval es que aludió únicamente a tres episodios de la guerra sucia: el asalto al cuartel general de Ciudad Madera, Chihuahua en 1965, los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y los movimientos sociales (sic) del estado de Guerrero. ¿Significa esto que el ejército no reconoce los saldos del resto de sus acciones contrainsurgentes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Estado de México y el Distrito Federal?

         La cereza del pastel de este discurso plagado de contradicciones fue el establecimiento oficial de la versión mexicana de la "teoría de los dos demonios," que implica una especie de toma y daca: el ejército está dispuesto a reconocer a las víctimas del bando enemigo a cambio de que se le permita memorializar a sus propios caídos. No se dice explícitamente que los dos bandos hayan sido malos, sino que en ambos hubo bajas qué lamentar. El gral. Sandoval expresó sin escrúpulos:

Con esta misma convicción me dirijo a todas y a todos los que portan el uniforme de la patria, para manifestarles que en este significativo evento también se encuentran presentes algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces, a quienes, por instrucciones del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se analizará su inclusión en las gestiones para el mecanismo integral de reconciliación social del Estado mexicano como parte del patrimonio colectivo del pueblo de México. De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida.

Ninguna administración previa memorializó a los militares caídos durante la guerra sucia, ni siquiera los presidentes que derramaron más sangre, como Echeverría y López Portillo. Sólo Díaz Ordaz autorizó que se memorializara a los militares caídos en el asalto al cuartel Madera en 1965 y en la masacre de Tlatelolco en 1968. La razón principal por la que los gobiernos del PRI nunca celebraron con bombo y platillo la derrota de lo que denominaban como “movimiento subversivo” fue porque eran conscientes de que se habían extralimitado jurídicamente y porque la contrainsurgencia generó un movimiento de derechos humanos en torno a la presentación de los desaparecidos, el cual se erigió como una corriente de cuestionamiento moral tanto de los gobiernos responsables de las atrocidades como de sus sucesores. La cabeza más visible de ese movimiento, Rosario Ibarra de Piedra, contendió dos veces por la presidencia con la exigencia de la presentación con vida de su hijo y de todos los desaparecidos. Para el PRI no había forma de negar los hechos, a pesar de su negativa sistemática a revelar el paradero de los desaparecidos.

La pretensión de memorializar a los soldados caídos, décadas después, es anacrónica, contraria a los derechos humanos y, sobre todo, revictimizante. Los familiares reunidos en el Campo Militar No. 1 tuvieron que escuchar al gral. Sandoval jactándose por el tributo y sentido homenaje a los militares que perpertaron la guerra sucia y cayeron “en el cumplimiento de su deber.” Faltó quien le preguntara: ¿era su deber torturar bebés en frente de sus padres? ¿Era su deber desaparecer y tirar al mar a opositores y civiles desprovistos de toda defensa legal? ¿Era su deber arrasar pueblos enteros, indígenas o campesinos, como lo hicieron múltiples veces en Guerrero y en lugares como Golonchán, Chiapas en 1980?

Cualquier persona con un mínimo conocimiento de los hechos se debe oponer rotundamente a la glorificación de los militares caídos durante la guerra sucia, pues durante esos años las fuerzas armadas en su conjunto violaron los derechos humanos de forma sistemática, ya fuese por acción, aquiescencia u omisión. Los militares están entrenados para pelear y, de ser el caso, morir en combate, ese es su trabajo, no hay nada extraordinario en ello. Lo lamento por las familias de los militares caídos, pero al menos ellas gozaron de una explicación oficial y de una pensión, a diferencia de las víctimas de la guerra sucia. Se dirá que los guerrilleros, al declararle la guerra al Estado, también estaban dispuestos a asumir las consecuencias, lo cual es cierto. Lo que no es aceptable, jurídica y moralmente, es la manera en que las fuerzas armadas gestionaron la contrainsurgencia, bajo una lógica de exterminio y de causar el máximo sufrimiento al enemigo, a sus familias y a sus comunidades. Estamos hablando del genocidio y la sevicia como políticas de Estado. Por ello, de ningún modo se puede equiparar a los militares muertos en combate con los guerrilleros asesinados, torturados y desaparecidos. No sólo hay un abismo ideológico entre ellos, también una patente asimetría de fuerzas, recursos y legitimación política y moral. Es menester recordar que hubo guerrilleros que cometieron excesos, pero fueron minoría, a diferencia de las fuerzas armadas. Además, a los guerrilleros no se les juzgó conforme a derecho sino a partir de la lógica de la venganza y de dejarles caer todo el peso del Estado, violentando con ello el marco legal vigente y los tratados en derecho internacional suscritos por México en aquellos años.

Los militares que deben ser rescatados del olvido son aquellos que manifestaron su desacuerdo con los métodos contrainsurgentes y los abusos a la población civil y, en consecuencia, fueron asesinados y desaparecidos por órdenes de sus propios superiores. Este sistema interno de limpieza ideológica, descrito por algunos desertores del ejército, era un método de terror para garantizar la complicidad y el silencio de todos y cada uno de los miembros de las fuerzas armadas. A las familias de los soldados objetores de conciencia se les dijo que sus deudos habían perecido en una misión en la que no era posible rescatar el cuerpo por las condiciones del lugar. La realidad es que estos militares disidentes también fueron víctimas de desaparición forzada y no conocemos sus historias ni sus nombres por el férreo pacto de silencio del ejército. Que el ejército actual, en lugar de reivindicar la obediencia debida, tome el ejemplo de estos objetores de conciencia, porque nada obliga a los militares a obedecer órdenes que entrañen violaciones a los derechos humanos.

Mientras el gral. Sandoval proclamaba orgulloso la igualación de todos los caídos en el conflicto, los familiares de las víctimas, perplejos, gritaban: “vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Hasta donde se, ninguna multitud le había gritado en la cara a un Secretario de la Defensa mientras éste pronunciaba un discurso, haciéndolo inaudible. Fue un momento muy ríspido que dejó una sensación de puñalada trapera al voto de confianza que los colectivos de víctimas depositaron en la 4T. Aquí no hay confusión ni engaño, el gral. Sandoval dijo explícitamente que AMLO autorizó la memorialización de los soldados caídos y el presidente lo ratificó con su silencio. Pudo haber rechazado esta propuesta, pero no lo hizo. Con ello, le dio un balazo a su pretensión de pasar a la historia como el presidente que resolvió los problemas legados por la guerra sucia y, de paso, asfixió a su propia comisión presidencial de la verdad. Nada ni nadie impedirá que la SEDENA memorialice a sus caídos. Esto significa que las fuerzas armadas no entendieron nada y aspiran a una reconciliación superficial, fincada en la teoría de los dos demonios. Esta es una mala señal para un clima de respeto a la democracia, la paz y los derechos humanos al que millones de mexicanos aspiramos. El ejército conserva una mentalidad contrainsurgente y persiste en la doctrina de seguridad nacional, sólo está dispuesto a hacer algunos cambios cosméticos a condición de una extensión sin precedente de sus prerrogativas. No entraré a discutir aquí por qué AMLO ha llevado tan lejos su alianza con el instituto armado. Lo que me parece claro es que tuvo la oportunidad de ser el presidente que le hizo justicia a las víctimas de la guerra sucia y, en cambio, se aferró a una visión religiosa y ajena a derecho sobre el perdón y la reconciliación. Nunca entendió que ante los crímenes de lesa humanidad no hay perdón ni reconciliación posibles, borrón y cuenta nueva o cierre definitivo. Aún si el Estado mexicano implementara las políticas más avanzadas en materia de memoria, verdad, justicia y reparación del daño, esto no sería sino un remedio paliativo ante el daño que se le causó a cientos de miles de mexicanos. Sin embargo, ni siquiera estamos ahí. Todo apunta a que la 4T no va a poder resolver el entuerto que ha creado entre darle parte de razón a las víctimas y otra parte a los victimarios.

El discurso final de AMLO justifica el pesimismo. Si bien reconoció el derecho de los pueblos a tomar las armas contra los gobiernos injustos y condenó la respuesta exterminadora del Estado ante los insurgentes, empleó la ocasión para reivindicar su vía, la vía de la lucha electoral pacífica para llevar a cabo las grandes transformaciones nacionales que el país necesita. Su tono de autopromoción mostró poca empatía con las víctimas recién agraviadas por el discurso del gral. Sandoval, a quien felicitó ampliamente. Discursivamente, AMLO sostiene que la verdad y la justicia son la antesala de la reconciliación nacional. En los hechos, mantiene su alianza con personajes de ese pasado oscuro, como Gertz Manero, Manuel Barlett y otros menos conocidos. Las palabras finales de AMLO no dejan lugar a dudas de que ha abrazado la "teoría de los dos demonios" (¿o deberíamos llamarla "de los dos ángeles"?) como política de la memoria (cursivas mías):

Entonces, le agradezco al general secretario y a los oficiales del Ejército su lealtad, su verdadera lealtad, su auténtica lealtad. Porque esa es la instrucción: el que no ocultemos nada, absolutamente, cero impunidad. Y que podamos entre todos aclarar esta situación y que podamos, yo espero que no en mucho tiempo, tener ya un relato completo con recomendaciones con acciones que se deban de tomar para que de esta manera honremos la memoria de los que perdieron la vida, de los que se nos adelantaron y que lucharon por un ideal o lucharon en cumplimiento de un deber.

Reflexiones finales sobre la “teoría de los dos demonios”

         En diversas partes de América Latina y, de forma señera, en Argentina, surgió la llamada “teoría de los dos demonios” para explicar la dinámica de violencia insurgente y contrainsurgente. Esta visión propone que eran tan malos el pinto como el colorado y que las víctimas legítimas fueron las que, sin haber tomado partido por ningún bando, quedaron en medio del conflicto, lo que en la jerga militar se conoce como “daños colaterales.” Este discurso permeó el informe ¡Nunca más! de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, dado a conocer en 1984 y a la sociedad civil argentina le tomó décadas combatirlo. Al menos, en la actualidad, esa ya no es la visión oficial que priva en Argentina, pues se estableció el marco de memoria del terrorismo de Estado.

En México la “teoría de los dos demonios” nunca se institucionalizó, a pesar de ser la interpretación que enarbolaron muchos escritores liberales o de izquierda sobre la guerra sucia, como Carlos Monsiváis, Julio Scherer, José Woldenberg y, de forma notable, Héctor Aguilar Camín. Por otra parte, México llega con mucho atraso a las políticas de justicia transicional que caracterizaron a la mayoría de los países donde hubo conflictos armados internos de los sesenta a los noventa. Pese a que, desde el sexenio de Carlos Salinas hasta la actualidad hubo administraciones que se comprometieron a resolver el tema de la guerra sucia, los únicos resultados concretos fueron el informe de la CNDH sobre los desaparecidos del 2001; el informe ¡Qué no vuelva a suceder! del equipo de investigación histórica de la FEMOSPP del 2006, cuya versión original fue rechazada y censurada por la misma PGR; el informe final de la Comisión de la Verdad de Guerrero de 2014 y el informe Verdad y justicia para más de 43 de la Dirección General de Vinculación y Reparaciones Colectivas, sobre las causas históricas de la victimización en el estado de Guerrero (2020). El informe de la CNDH es el que más desentona en ese conjunto, pues presenta las violaciones graves a los derechos humanos como casos aislados de los que se debe responsabilizar exclusivamente a funcionarios públicos que faltaron a su deber. Esa fue la visión que adoptó la administración de Fox, incluyendo el área jurídica de la FEMOSPP-PGR.

Los otros informes (incluyendo el no censurado de la FEMOSPP) reconocen que la represión y el terror fueron políticas de Estado y que, en mayor o menor medida, todas las instituciones de gobierno participaron en el conflicto, no sólo las encargadas de la seguridad nacional. La actual administración y su comisión de la verdad empezaron con el pie izquierdo su abordaje de la guerra sucia, pues debieron asumir oficialmente estos informes y sus recomendaciones y enfocarse en dos metas concretas, como lo hicieron las comisiones de otros países: por un lado, esclarecer cómo funcionaba el circuito desaparecedor y cuál fue el destino final de los desaparecidos; por el otro, establecer las cadenas de mando que iban del policía de a pie y el soldado raso al presidente de la república y aportar evidencia para llevar a juicio a los pocos represores que aún quedan vivos. En lugar de eso, por motivos propagandísticos y de legitimación, el discurso oficial adopta un tono fundacional, como si esta administración fuera la primera que le ha entrado seriamente al asunto y como si los archivos y las instalaciones militares se abrieran por primera vez en la historia mexicana. Quizá les convendría hacer a un lado el tono triunfalista para enfocarse en lo que las víctimas quieren saber, que no es otra cosa sino el paradero de los desaparecidos. Nada podrá borrar el agravio de la ceremonia del Campo Militar No. 1 y la adopción de la “teoría de los dos demonios,” pero que el sexenio terminase sin que los mexicanos sepamos la verdad sobre los desaparecidos de la guerra sucia sería una catástrofe para la memoria, el derecho a la verdad y los derechos humanos en general.

Se entiende que personajes como AMLO o Encinas no puedan ir más allá de sus límites ideológicos marcados por el liberalismo democrático. No se justifica, pero se comprende que usen la historia del tiempo presente para satisfacer su agenda política. Sin embargo, la institucionalización de la “teoría de los dos demonios” apunta posiblemente a un síntoma más grave: el de la transición sin transición. Los funcionarios de la actual administración se legitiman en su presunta labor transformadora, pero siguen sin entender que lo que México necesita es menos desarrollismo/megaproyectos y más derechos humanos. No podemos seguir siendo una sociedad que lamenta masacres, ejecuciones y desapariciones todos los días. Esta violencia extrema tiene sus orígenes en la guerra sucia. El legado de ese terrible conflicto no se resolverá con discursos promisorios, intentos parciales de esclarecimiento histórico, indemnizaciones deficientes y la persistencia de la impunidad. Se necesitan, entre otras cosas, una política genuina de desarrollo social de las comunidades agraviadas; un aparato de justicia completamente renovado y comprometido con llevar a juicio hasta al último criminal de Estado y la transparencia absoluta de las instituciones encargadas de la seguridad pública y nacional, además de su compromiso con el respecto irrestricto a los derechos humanos de la población. Recordemos, además, que no sólo se trata de restañar las heridas abiertas por la guerra sucia, sino también las que dejaron las guerras de baja intensidad de los 1990 y la narcoguerra infinita que inició en 2006. Las víctimas merecen justicia y México necesita paz. Lamentablemente, no hay ningún indicio de que la 4T esté a la altura de las circunstancias para darle a cada quien lo que le corresponde.

Ilustración de Rodolfo Fucile.

Respuesta de la SEGOB a mi solicitud de información sobre los puntajes del proceso de selección de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico

Una actitud deleznale por parte de algunos de los involucrados en el diseño y conducción del proceso de selección de la recién inaugurada Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (CoVEH) de la guerra sucia, ha sido señalar -sin pruebas- que yo no fui seleccionada para ser parte de los comisionados porque no hice un uso ético de la información confidencial en mis investigaciones sobre el periodo. También dicen en sus corrillos que mis críticas al desaseo del proceso obedence a un presunto resentimiento/ego herido ocasionado por mi exclusión. Curiosamente, sólo circulan sus calumnias ante los colectivos de víctimas de la guerra sucia y en otros espacios privados, pues como seres de las sombras que son, no pueden probar sus dichos con evidencia ni tampoco tienen la menor intención de posibilitarme el derecho de réplica públicamente. Sin embargo, cuando termine de salir a la luz toda la verdad, ellos quedarán en una postura muy comprometida, al haber convertido un proceso tan importante para la memoria histórica  y la lucha contra la impunidad en un club de afinidades políticas y personales. Tras dos meses de haber hablado con diferentes participantes de los colectivos de víctimas, quienes eligieron a los comisionados de la CoVEH en una instancia autodenominada "asamblea de colectivos," no deja de sorprenderme que el proceso haya sido conducido de una manera tan turbia y sin el menor asomo de responsabilidad por parte de la SEGOB. 

A los periodistas e investigadores del presente y a los historiadores del futuro, encargados de escrutinizar la historia y el funcionamiento de la comisión de la verdad, les propongo la siguiente hipótesis, para que la confirmen o refuten. La lógica con la que ha gobernado el partido MORENA en la presente administración, no parte de la negociación con actores plurales para resolver conflictos, como tampoco de la inclusión de personas apartidistas o de agrupaciones políticas distintas (de capacidad probada) en la administración pública. Por el contrario, MORENA busca que cada servidor público y cada actor de la sociedad civil con el que interactúen sea un simpatizante o aliado declarado del presidente. Los demás son considerados enemigos a los que se les debe combatir por diferentes medios, principalmente en la arena pública, en redes sociales y medios afines al gobierno, no importa si son de derecha o izquierda. La forma en la que se creó la comisión de la verdad fue un microcosmos de este accionar de la llamada cuarta transformación (4T).

Los funcionarios de la SEGOB buscaron garantizar que en la comisión estuviera sólo gente afín a la 4T, para lo cual se valieron de la complicidad de personajes que asumen una triple identidad como investigadores, asesores/funcionarios de Gobernación y víctimas. Pongo como ejemplo el caso -no único- de la señora Alicia de los Ríos, una de los dos miembros del comité de selección que elaboró los puntajes de los postulantes a la CoVEH (un tercer miembro, perteneciente a la ONU, estuvo en calidad de asesor técnico, pero no tomó parte en el proceso). Parte de la jugada de ajedrez consistió en transmitir en línea las entrevistas con los postulantes, para darle un cariz de legitimidad a algo que ya estaba pre-cocinado, aunque se necesita la evidencia para demostrarlo fehacientemente. Por ello, el 1o de noviembre solicité a la SEGOB que se hicieran públicos "los puntajes de todos los candidatos participantes, así como la información relativa a la selección de los cinco comisionados, los criterios de selección, las entidades individuales y colectivas que participaron en el proceso de selección y las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo para elegir a los comisionados, en el entendido de que el proceso fue público y no hay ningún impedimento para que esta información sea transparentada."

A pesar de que el proceso de selección duró solamente cinco días, la SEGOB tardó dieciocho días en procesar su respuesta. El documento responde tangencialmente algunas de mis preguntas, sólo incluye mi puntaje, a pesar de que es bastante claro que pedí el de todos, y evade el tema mayor, que es la existencia de la asamblea de colectivos. Espero que otros investigadores tengan más éxito para esclarecer qué colectivos la integraron, por qué a algunos abogados se les fue otorgado un voto individual cuando sólo las víctimas tenían ese derecho, quién resguarda las minutas y los videos de sus reuniones en Zoom y con qué criterios eligieron a los comisionados. Esta es la segunda parte de mi hipótesis. La señora De los Ríos, con el interés de colocar a sus candidatos personales a toda costa -dos asesoras de Gobernación amigas suyas, un asociado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro que lleva el caso de su madre ante instancias judiciales e internacionales y el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan- manipuló los puntajes para beneficiar a sus favoritos y perjudicar a quienes considera sus adversarios. Con estos puntajes, que posiblemente no reflejan más que su opinión personal y el interés del señor Encinas por tener una comisión controlada, la asamblea de colectivos tomó la decisión final. Sobre los detalles escabrosos que me han revelado quienes participaron en la votación no me compete ventilar nada, pues ellos han preferido guardar silencio por razones estratégicas y de seguridad personal. Lo único que puedo decir es que, si los investigadores logran que los videos de la votación salgan a la luz, a nadie le quedará duda que la asamblea de colectivos no se basó en criterios rigurosos. Por el contrario, votaron con base en vetos derivados de viejas rencillas personales, difamaciones, mentiras, y unos puntajes de dudosa integración. Además, de común acuerdo, excluyeron a todos los postulantes no radicados en México. Cabe señalar también que algunos de los colectivos ni siquiera sabían que las dos investigadoras que se encontraban en la lista de los puntajes más altos, Eugenia Allier y Aleida García, eran asesoras de Gobernación. Nunca habían oído hablar de ellas pero creyeron en los puntajes. La señora De los Ríos y sus cómplices engañaron a las propias víctimas con las que buscaban legitimar el proceso.

Esto me lleva a responder tres de los cuestionamientos que se me han hecho sistemáticamente en redes sociales. 1) Por qué quise participar en el proceso de selección? Como lo he expresado en escritos anteriores, yo creía que se trataba de una iniciativa seria, que se basaría en los modelos ofrecidos por otras comisiones de la verdad en América Latina y el resto del mundo y, sobre todo, que representaba la última oportunidad para saber lo que pasó con los desaparecidos de la guerra sucia. Por supuesto, si desde el principio hubiera sospechado que se trataba de una iniciativa cuyo objetivo era simular que el gobierno cumplió con una deuda histórica, no me hubiera postulado. 2) Por qué no hice un escándalo público en cuanto me di cuenta de que el proceso estaba lleno de irregularidades? Con razón o sin ella, puse por encima el interés de las víctimas de los colectivos. Desde el mismo día de la votación (28 de octubre) en adelante, varias de ellas me contactaron para describirme los pormenores de una votación con la que quedaron insatisfechas pero aceptaron como un mal necesario. Las víctimas me pidieron que no dijera nada para no afectar algo que representa para ellas una luz y una esperanza en la lucha histórica que han dado. Su reclamo me pareció justo, aún cuando iba completamente en contra de los intereses de otros compañeros postulantes, el de las víctimas no organizadas y el mío propio. Si mis declaraciones podían ser usadas para sabotear a la comisión, era mejor guardar un silencio prudente. 3) Por qué soy la única que ha manifestado su inconformidad ante el proceso de selección y por qué lo hice tardíamente? Algunos postulantes con los que tuve contacto me dijeron que al darse cuenta de que no era una iniciativa seria, perdieron todo interés en involucrarse en una discusión pública o privada sobre lo que consideran una farsa que no llevará a nada. Otros comparten mi indignación, pero no están en condiciones de hacer públicas sus críticas, por temor a las consecuencias. Por mi parte, estoy en una situación privilegiada que me permite no temer a las represalias del gobierno ni mucho menos a los rumores malintencionados de ciertos funcionarios de la SEGOB y sus aliados, quienes en lugar de tener la humildad de ejercer la autocrítica, pedir perdón por sus omisiones o buscar la reconciliación, insisten en sus calumnias infantiles. Si hablo hasta ahora es precisamente porque ellos persisten en la lógica de la omnipotencia de quien se lleva el "carro completo" y no tiene nada que negociar con nadie, lo cual me parece muy lamentable, pues pareciera que le dan a la CoVEH el tratamiento de botín político.

Como una ciudadana que ha pertenecido a la oposición la mayor parte de su vida, no tengo ninguna razón de peso para regalarle mi silencio a la 4T. Espero que en algún momento entiendan el valor del pluralismo y el papel de las minorías y abandonen el fetiche priísta del carro completo, sobre todo tratándose de un asunto tan delicado, como son los derechos humanos, que no deben ser sometidos a una lógica partidista bajo ninguna circunstancia. También confío en que las víctimas de la época actual aprendan de la  experiencia en la creación de esta comisión de la verdad, para que pugnen por un modelo completamente distinto, que no caiga en el partidismo y el personalismo que tanto daño han hecho a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no sólo para los agraviados, sino para la sociedad mexicana en su conjunto. Es hora de que se abandone la visión patrimonialista de los derechos humanos, como algo que compete exclusivamente a quienes han sido lesionados en sus derechos. Ese entendimiento limitado ha favorecido, entre otras cosas, el aislamiento de las víctimas y la formación de ciertos liderazgos/cacicazgos que buscan construir una especie de clientelas políticas con los afectados. Cuando la sociedad en su conjunto entienda que la violación de los derechos humanos de uno solo nos afecta potencialmente a todos, podremos construir una auténtica cultura ciudadana contra el abuso de poder, la impunidad, el olvido y el silencio.

A continuación, reproduzco la respuesta que le dio la SEGOB a mi solicitud de información.

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2021

Asunto: Respuesta a solicitud de información

DRA. ADELA CEDILLO

ASSISTANT PROFESSOR

UNIVERSITY OF HOUSTON

P R E S E N T E.

 

En atención a su solicitud de información del 01 de noviembre de 2021 que a la letra dice:

Por este conducto, en mi calidad de postulante a la Comisión para el Acceso a la Verdad, me permito solicitar los puntajes de todos los candidatos participantes, así como la información relativa a la selección de los cinco comisionados, los criterios de selección, las entidades individuales y colectivas que participaron en el proceso de selección y las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo para elegir a los comisionados, en el entendido de que el proceso fue público y no hay ningún impedimento para que esta información sea transparentada.

Al respecto comparto con usted que el Comité de Selección quedó instalado el 13 de octubre de 2021, siendo integrado por:

I.         Alejandro Encinas Rodríguez como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

II.         Alicia de los Ríos Merino como representante de los colectivos de familiares de personas detenidas-desaparecidas y de sobrevivientes de la contrainsurgencia del pasado reciente.

III.         Con la asesoría técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Quedando representada en dicha ocasión por Jesús Peña Palacios.

El Acta de instalación del Comité de Selección es pública y puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/ACTA_DE_INSTALACION_DEL_COMITE_DE_SELECCION.pdf

De igual forma, la información relativa al proceso de selección, los criterios y las fases, se encuentra ya publicada en a través del documento “Versión pública del resultado del proceso para seleccionar a las cinco personas expertas que se integrarán a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”. Disponible en el siguiente enlace:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/RESULTADO_PROCESO_DE_SELECCION.PDF

Los criterios de selección que contribuyeron a la toma de decisiones en la designación quedaron referidos en la cláusula XVIII de dicho documento, estando desglosado cada criterio por indicador, definición y escalas de medición.

Sobre los puntajes obtenidos hago de su conocimiento lo siguiente:

·       En relación a los criterios de evaluación curricular, de un total de 26 puntos posibles, tras la revisión de los documentos entregados por usted durante el proceso de selección, usted obtuvo 16 puntos. En esta evaluación, el máximo puntaje obtenido fue de 18.

·       En relación a los criterios de evaluación para la etapa de entrevista, de un total de 16 puntos posibles, tras haberse llevado a cabo el proceso de entrevistas, usted obtuvo 8 puntos por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Como lo establece la base OCTAVA de las Bases de la Consulta Pública para seleccionar a las cinco personas expertas que se integrarán a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, el Comité de Selección valoró de manera colegiada, con la asistencia técnica de la OACNUDH, cada uno de los perfiles hasta consensuar en la selección de las cinco personas expertas que forman parte de la Comisión.

Las bases pueden consultarse en:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/Bases_para_la_designacion_de_las_cinco_personas_expertas.pdf

Sin más por el momento, quedamos de usted.

 

 

EQUIPO TÉCNICO

DE LA COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA VERDAD, EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y EL IMPULSO A LA JUSTICIA DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DE 1965 A 1990

 

                           "No hay democracia con desaparecidos," un lema vigente al día de hoy.