Recapitulación
En este blog he compartido mis apreciaciones sobre la conformación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Mis dudas y resquemores sobre el proceso se pueden sintentizar en los siguientes puntos:
1. En 2020, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos (DGEADH) de la Subsecretaría de Gobernación formó un equipo de trabajo con víctimas de la llamada guerra sucia, activistas, historiadores y abogados, encargados de diseñar la política de la memoria, la verdad y la justicia respecto a ese periodo. Por parte de la DGEADH, estuvieron involucrados en este proceso el director general, Félix Santana y el director de enlace, Camilo Vicente, entre otros. Por parte de las víctimas, Alicia de los Ríos y Alejandra Cartagena. Entre los investigadores se encontraban Eugenia Allier, Aleida García y entre los abogados Fabián Sánchez y Pilar Noriega. No fue un secreto que el criterio de invitación a este proceso fue la amistad o afinidad entre el director de enlace y los participantes, algo muy lejano a un criterio institucional o basado en el mérito. Este núcleo se encargó de organizar una serie de reuniones de colectivos de víctimas con el presidente López Obrador, de las cuales derivaron mesas de trabajo con miras a la creación de una comisión de la verdad. Cabe señalar que la selección de colectivos de víctimas a las que se les dio la oportunidad de participar en este proceso fue muy arbitraria, generando una sensación de exclusión en víctimas no organizadas y en colectivos de víctimas desfavorecidos por su lejanía geográfica. Además -esto no me parace una coincidencia- la mayoría de los colectivos invitados habían hecho explícita su simpatía hacia la actual administración.
2. La convocatoria para la creación de la comisión de la verdad, presuntamente resultante de las mesas de trabajo, tenía un problema de origen: se trataba de una comisión presidencial, en la que intervendrían distintas dependencias gubernamentales y en la que los comisionados honorarios serían un elemento más, ni siquiera el de mayor peso. De ningún modo se trataba de un mecanismo autónomo, coordinado por la sociedad civil, con presupuesto propio, como lo venían demandando diversos colectivos de víctimas desde hace décadas. Un problema más grave era la temporalidad de la comisión: abarcaba de 1965 a 1990, dejando fuera a las víctimas del presente. Pareciera que, desde el inicio, el plan hubiera sido utilizar a las víctimas de la guerra sucia para presumir logros en materia de derechos humanos. Se trataba de casos que, a diferencia de los de la actualidad, podían gararantizar la impunidad, puesto que la mayoría de los grandes represores de la guerra sucia ya ha muerto o está más cerca de la tumba que de la justicia. De esta manera, el gobierno podía presumir que creó la primera comisión de la verdad federal, sin un compromiso serio con el castigo a los militares y policías que perpetraron atrocidades.
3. A fines de octubre de 2021 se llevó a cabo el proceso de selección de los comisionados honorarios que integrarían la comisión. La convocatoria circuló de forma express, dando muy poco tiempo a los interesados en inscribirse al proceso para preparar sus materiales y presentar sus candidaturas. Las entrevistas entre el subsecretario Alejandro Encinas y los postulantes fueron transmitidas en vivo, como si se tratara de un proceso serio y transparente. Sin embargo, había otra falla de origen: Alicia de los Ríos, asesora de la SEGOB que ya se encontraba integrada al equipo de trabajo de la DGEADH, fue la misma persona encargada de entrevistar a los postulantes, no en representación de su equipo, sino de todos los colectivos de víctimas. En otras palabras, fue juez y parte. De acuerdo a las recomendaciones de expertos en derechos humanos, los colectivos de víctimas no deben tener el control de los mecanismos de verdad, precisamente por las situaciones que se pueden derivar de esta situación, como las disputas entre colectivos y la exclusión de unas víctimas para favorecer a otras. Así, lo que el equipo de trabajo de la DGEADH presentó como una gran fortaleza -la creación de una comisión de víctimas para víctimas- es, en realidad, su principal debilidad.
4. El proceso de selección favoreció a los cuatro candidatos más afines a Alicia de los Ríos: David Fernández, Eugenia Allier, Aleida García y Abel Barrera. El padre Fernández pertenece a la esfera del Centro de Derechos Humanos A. Pro, que litiga el caso de la mamá de Alicia, mientras que el padre Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, entró a propuesta de Pilar Noriega y Nicomedes Fuentes, comisionados honorarios de la extinta Comisión de la Verdad de Guerrero. Alicia de los Ríos elaboró los puntajes de los postulantes con ayuda de gente de la DGEADH. Hasta la fecha, esta oficina se ha negado a hacer públicos esos puntajes. Sin embargo, estos les fueron presentados a los colectivos de víctimas que votaron en asamblea por los comisionados. La negativa a revelar los puntajes me lleva a suponer que los colectivos de víctimas fueron deliberadamente engañados para hacerles creer que algunos postulantes tenían más méritos que otros. Sin desdeñar el mérito de los "elegidos," es claro que ni uno solo de ellos era experto en guerra sucia ni tenía trabajo previo con las víctimas del periodo.
De entrada, quedaron excluidos los expertos internacionales bajo el supuesto de su ausencia física del país. La parte más controversial, que la opinión pública ignora, es que hubo una acalorada discusión en la que el bloque de Alicia hizo todo lo posible por vetar a candidatos que, por mérito profesional, debieron haber quedado en la comisión, como es el caso de quien esto escribe (de acuerdo con algunos de los presentes, yo estaba en el cuarto lugar en los puntajes). Después de tantos vetos y exclusiones, el único candidato de consenso para ser el quinto comisionado fue el reconocido experto en narcotráfico Carlos Pérez Ricart.
El mismo día de la votación de la asamblea, diversos participantes me hicieron saber los nombres de los elegidos como comisionados. Al día siguiente, para mi sorpresa, descubrí que Encinas había validado semejante proceso, dando a conocer los resultados. Alicia de los Ríos afirmó que la asamblea de colectivos y la comisión entrevistadora, coincidentemente, habían llegado a los mismos resultados por caminos distintos. En otras palabras, trató de proyectar la imagen de que fue un proceso sin discrepancias, agregando más capas de falsedades al asunto. Quisiera destacar que hubo una persona que tuvo el valor de defenderme del linchamiento del bloque de Alicia, a quien le estoy sumamente agradecida, pues adujo la falta de pruebas en mi contra y defendió mi presunción de inocencia ante las calumnias que se vertieron para vetarme.
Más adelante, me reuní con víctimas que participaron en dicha asamblea, quienes me compartieron las conversaciones de Whatasapp que demostraban el complot en mi contra. Del mismo modo, algunos me pidieron una disculpa por haber participado del veto a mi persona, señalando que en la asamblea se sintieron manipulados en esa dirección, ya que desconocían mi trayectoria. De ahí que la explicación pública dada por Alicia de los Ríos, respecto a mi exclusión por un presunto conflicto con los colectivos de víctimas, sea parcialmente falsa. Sí tuve diferencias con algunos colectivos, pero nada relacionado con las infamias que se dijeron sobre mí. Por ética profesional, en ningún momento daré a conocer el contenido de esas conversaciones, a menos que esto me sea requerido por una autoridad judicial.
5. Desde su inauguración en la ciudad de Chihuahua, el 10 de diciembre del 2021, quedó en claro que el presidente López Obrador logró imponer su visión personal del perdón cristiano para saldar las deudas del pasado. Así, al sentar a las víctimas frente a sus verdugos militares, decretó una reconciliación de facto.
6. De la comisión de la verdad de nombre largo y ambicioso, se desprendió un mecanismo de esclarecimiento histórico y un mecanismo de justicia. Este último no requirió de un proceso de selección; ahí se incorporaron quienes ya venían trabajando con el equipo de la DGEADH, como Fabían Sánchez Matus, y se invitó a juristas de derechos humanos reconocidos. Cabe preguntar, por qué del mecanismo histórico requirió un proceso de selección y el mecanismo jurídico no?
7. El plan de trabajo del mecanismo de esclarecimiento histórico es tan ambicioso y abarca tantos rubros que parece inviable. Curiosamente, hay algo que la comisión de la verdad sí excluye: los casos de las personas que quedaron en medio del conflicto. Pongo por ejemplo el caso de Lorena Keller, secuestrada por un comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre en 1977, cuya madre fue ejecutada por Alicia de los Ríos (madre) cuando intentaba impedir que se llevaran a su hija. Al parecer, este es el episodio que determinó que Nazar Haro ordenara la desaparición de Alicia, una vez detenida por la Brigada Blanca. Conocemos el calvario que ha sufrido la familia de los Ríos en la búsqueda de Alicia, pero de la familia Keller nadie ha dicho una palabra. No debería ser este precisamente el trabajo de una comisión de la verdad? Escuchar todas las voces para llegar a la verdad? De ningún modo quisiera que mi comentario se interpretara como una apelación a la teoría de los dos demonios, la cual he combatido fehacientemente. De lo que estoy convencida es que la comisión de la verdad ha pasado desapercibida en la esfera pública por su incapacidad para demostrar la relevancia social del tema, como algo que nos atañe a todos los mexicanos directa e indirectamente.
8. El evento que reunió a las víctimas con los militares en Campo Militar No. 1 el 22 de junio del 2022, es uno de los acontecimientos más revictimizantes que ha protagonizado esta administración en materia de derechos humanos. Personas que han sido sistemáticamente agraviadas tuvieron que escuchar impávidas el plan maquiavélico del secretario de la Defensa para honrar a los militares caídos durante la guerra sucia, todo esto con el aval presidencial. Esto debió ser un punto de ruptura entre los colectivos de familiares y el gobierno, o de la comisión de la verdad con el gobierno, pero por razones que ignoro, no lo fue.
9. Pese a la indignación y a las cartas de protesta de los comisionados honorarios y de los colectivos de víctimas que se desprendieron de la aberrante actuación de los funcionarios públicos, los agraviados siguieron colaborando en las acciones de la comisión de la verdad. La más reciente, en septiembre de 2022, fue una jornada de recorridos por el Campo Militar No. 1, en busca de las instalaciones donde miles de víctimas fueron torturadas y mantenidas en reclusión clandestina por meses o años. Mi principal desacuerdo con esta acción es que el peso de la recolección de pruebas debe caer en el Estado y sus instituciones, no en las víctimas. Nadie mejor que los militares retirados sabe lo que pasó en las entrañas del Campo Militar No. 1. Por qué no los entrevistan a ellos, en lugar de pedirles a las víctimas que, por enésima vez, den su testimonio? Hasta ahora, ninguna de las acciones de la comisión de la verdad parece seriamente encaminada a encontrar a los desaparecidos, aunque esto debió haber sido la demanda central de todo el proceso.
10. El 22 de septiembre la excomisionada honoraria Aleida García presentó su renuncia al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, por razones que han saltado a la vista desde el principio: la falta de autonomía de la comisión, su sujeción a una agenda política prestablecida, la ausencia de presupuesto propio, la cuestión de los militares y otras mil trabas burocráticas para desempeñar una labor satisfactoria. Tanto las carta de renuncia como de exposición de motivos de Aleida fueron filtradas por el Comité Eureka a través del Museo Casa de la Memoria Indómita en sus redes sociales. Cabe recordar que el Comité Eureka, además de tener el control de este museo, también respalda a Rosario Piedra al frente de la CNDH. Este fuego amigo me resulta francamente incomprensible. Qué gana Eureka con rechazar el trabajo de la comisión? Que todo el proceso pase a manos de la CNDH?
11. En conferencia de prensa, las instituciones partícipes de la comisión de la verdad presentaron los resultados de su inspección al Campo Militar No. 1. Los expertos en el tema conocíamos todo lo que presentaron desde hace años. Yo no pude ubicar nada nuevo, excepto el software que muestra las diferentes etapas de construcción de las instalaciones del campo. Concedo que la Comisión Nacional de Búsqueda es la que ha aportado más elementos a la investigación. No obstante, son logros menores, que reflejan la falta de personal y presupuesto. O quizá reflejen algo aún peor: el hecho de que el gobierno federal en realidad esté más preocupado por cuidar su alianza con los militares que en hacer justicia a las víctimas.
12. He luchado por años contra la visión patrimonialista de la guerra sucia que hace parecer el tema como un problema exclusivo de víctimas y sobrevivientes de la represión. No necesito nada más que mi interés humanitario, ciudadano y académico para exigirle a la administración de AMLO que renuncie a la pretensión de utilizar a las víctimas de la guerra sucia como un botón de muestra de su compromiso con los derechos humanos. A estas alturas, lo que más importa es encontrar a los desaparecidos y si fallan en ese cometido, habrán fracasado monumentalmente. Les exijo que los busquen y los encuentren y que se olviden de capitalizar algo tan delicado con fines electorales o de imagen pública.
13. La Fiscalía General de la República ha estado mayormente ausente en todo el proceso. Su principal función ha sido el sabotaje de las averiguaciones previas correspondientes a los desaparecidos de la guerra sucia, al cambiar a los agentes del ministerio público asignados de forma arbitraria y al estar ausente de todos los eventos relevantes de la comisión de la verdad. El gran represor, Alejandro Gertz Manero, sigue cuidando las espaldas de sus antiguos conocidos y colaboradores.
Ambivalencia
Conozco a decenas de víctimas de la guerra sucia en lo personal y a cientos en lo general. Puedo afirmar que la mayoría guardó silencio después de haber sido atrozmente agraviada por el Estado porque los órganos de seguridad los aterrorizaron hasta hacer del tema un tabú. Pocas víctimas lograron sobreponerse a ese terror sistemático y a la guerra psicológica para convertirse en activistas. Formaron colectivos para luchar por los presos políticos, los torturados, los desaparecidos, los asesinados y los exiliados. Resistieron de una forma admirable y ejemplar, con todo en contra. En el camino, como es natural en estos procesos, algunos mantuvieron la brújula moral y otros la perdieron. Tras cuatro o cinco décadas de lucha, de promesas falsas, de comisiones y fiscalías inútiles y de expectativas frustradas, los colectivos hacen frente a imperativos biológicos que los rebasan: la muerte tanto de los represores como de los familiares-víctimas. Es desde la urgencia que, en esta administración, algunos colectivos han aceptado participar de las iniciativas arriba descritas. Ya no hay más tiempo. Este es el último tren para saber la verdad y para obtener un mínimo de justicia, aunque sea simbólica, ante la muerte de los genocidas, torturadores y asesinos más conocidos. Algunos colectivos de víctimas han celebrado todos los pasos que ha dado esta administración, desde la creación de la comisión de la verdad hasta el ingreso al Campo Militar No. 1, una de las demandas históricas de los familiares de los desaparecidos. No les importa si los procesos han sido amañados, si Morena quiere llevar agua a su molino, si AMLO ya decretó la reconciliación de facto con el ejército o si las acciones llevadas a cabo tienen un tinte de revictimización. Lo que ellos ven son resultados tangibles, incluso, que haya una oficina, la CEAV, que con sus miles de limitaciones burocráticas y presupuestales, les está procesando las solicitudes de reparación del daño. Cuando los veo o platico con ellos y los veo tan satisfechos con estos ápices de justicia, me doy cuenta de que habían perdido la esperanza en que les resolvieran una sola de sus demandas. No es que se conformen con migajas, es que ya no esperaban nada de nadie. Lo que ha hecho esta administración por ellos, lo han recibido como una sorpresa positiva y como el corolario de décadas de lucha.
Hace 19 años que me incorporé a su lucha y nunca los había visto celebrar algo, como han celebrado dichos eventos. Están en su derecho de hacerlo, pues vaya que han sido persistentes. Sin embargo, no puedo convalidar algo con lo que otros tantos colectivos de víctimas, víctimas individuales y ciudadanos no estamos de acuerdo. Nuestros caminos se han bifurcado de una forma que a veces me parece irreconciliable. Cuántas amistades entrañables no se terminaron por el imperativo de tomar partido a favor o en contra de las políticas de la 4T sobre los crímenes del pasado! Mi único mensaje para aquellas víctimas es que, no me importa qué bando hayan tomado. Esa lucha que dimos por los derechos humanos fue noble, humanitaria, bien intencionada y cada quien ha hecho lo que ha creído pertinente y necesario. No juzgo a nadie por la forma de administrar su tragedia personal, excepto cuando ello implica la afectación de otras víctimas en aras del oportunismo, el beneficio propio o el lucimiento personal.
Lo único que podría salvar la situación actual es que la comisión de la verdad encuentre las bitácoras con los números de prisioneros que fueron arrojados al mar desde aviones de la Fuerza Aérea; que vayan a los campos de tiro de San Miguel de los Jagüeyes y San Juan Teotihuacán a recolectar muestras del suelo para buscar vestigios posibles de las ejecuciones masivas; que encuentren los planos de los hornos crematorios de los campos militares No. 1 y No. 37 y que entrevisten extensivamente a los militares retirados de la baja oficialía que participaron en la contrainsurgencia. No obstante, sospecho que esas son acciones que ese poder de facto que es el ejército no aprobará y nos quedaremos otro sexenio sin verdad, sin justicia, sin memoria y creo que hasta sin vergüenza.
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