Hace veinte años era una anomalía decir que México también había tenido una guerra sucia como el resto de sus pares latinoamericanos. Las pocas personas que estudiábamos el tema nos sentíamos casi importantes haciendo una revelación insólita. En términos de memoria colectiva, reconocimiento oficial e investigación académica, el tema yacía en un páramo, condenado al olvido y el silencio. En las últimas dos décadas se produjo una especie de milagro historiográfico, ya que éste ha sido retomado tanto por instituciones gubernamentales como por la academia y organizaciones no gubernamentales. Decenas de estudiantes de la licenciatura al doctorado han elaborado tesis al respecto. Cada año hay múltiples actividades conmemorativas y aparecen nuevos monumentos para memorializar a las víctimas del conflicto. La literatura testimonial del periodo ha vivido un auge inusitado, si bien la mayoría de los testimonios aún son publicados por editoriales independientes y marginales, ajenas al mercado de masas. El tema es menos conocido fuera de México, pero poco a poco han salido a la luz tesis, artículos y libros en otras partes de América Latina, Estados Unidos y Europa. Si bien la producción cultural no ha sido tan constante, cada año tanto aparecen novelas, documentales, obras de teatro y piezas de arte alusivos.
Quizá uno de los aspectos más interesantes es que la guerra sucia ha sido el tema que más iniciativas oficiales ha desencadenado, en sucesión: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 1990), la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP, 2002), la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad, 2012) y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (también conocida como comisión presidencial, 2021). En suma, la guerra sucia mexicana no sólo es un campo de estudio firmemente establecido sino que pasó de ser el episodio más soterrado al más trabajado de la Guerra Fría mexicana. Este efecto boomerang sin duda será algo sobre el que debatirán mucho los especialistas en el futuro. El régimen priísta se obsesionó tanto por ocultar el tema y desterrarlo de la memoria colectiva que al paso de los años, en los regímenes de transición y post-transición, quedó como uno de los grandes pendientes para ajustar cuentas con el pasado. No puede obviarse que esto sólo ha sido posible por el activismo de las víctimas y sobrevivientes del periodo y sus aliados en las batallas por la memoria.
Lamentablemente, pese a esta cascada de iniciativas e investigación, a las víctimas nadie les ha dado una respuesta satisfactoria a sus demandas básicas: saber dónde están los desaparecidos, que se lleve a juicio a quienes los detuvieron arbitrariamente, los torturaron y desaparecieron y que se repare el daño individual y colectivo a los agraviados. Nada, absolutamente nada de eso ha pasado. La iniciativa más reciente, la comisión presidencial de acceso a la verdad, cuya única justificación existencial era dar salida a esas demandas, pasó por alto las necesidades apremiantes de las víctimas y en lugar de eso, sucumbió a la tentación de contar una vez más la historia de lo que ocurrió durante la guerra sucia en particular y con la violencia de Estado en general entre 1965 y 1990. El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) recientemente dio a conocer los seis volúmenes de su informe "Fue el Estado," que resume más de dos décadas de investigación y aporta nuevos elementos para dimensionar el terror estatal del régimen priísta. Es un caso curioso de un mecanismo de esclarecimiento que, teniendo una misión tan concreta --investigar qué pasó con los detenidos-desaparecidos-- decidió recorrer el país en busca de casos no conocidos de violencia estatal. La empresa no pudo ser más ambiciosa, pero sus resultados han estado muy lejos de satisfacer las expectativas de las víctimas organizadas y no organizadas. Prevalece una sensación de desasosiego, porque esta administración que les prometió resolver el asunto, les falló y terminó haciendo oídos sordos a sus reclamos, como todas las anteriores. Con esto, AMLO optó por ser cómplice y encubridor de los crímenes históricos del ejército mexicano.
El MEH se dividió en dos facciones y cada una produjo su propio informe. Estos informes deben ser leídos a la luz de informes oficiales anteriores, para así contrarrestar el discurso pionerista de algunos comisionados del MEH, que repetidamente han declarado que sus hallazgos son inéditos y que inauguraron una nueva narrativa sobre el periodo.
*Informes de la CNDH de 2001 sobre los desaparecidos de la guerra sucia:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2001_Desapariciones70y80.pdf
*Informe de la FEMOSPP de 2006:
https://sitiosdememoria.segob.gob.mx/#005
*Informe de la COMVERDAD de 2014:
Primera edición:
Segunda edición:
*Reporte de investigación sobre la violencia de Estado en Guerrero preparado para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV):
https://www.gob.mx/ceav/documentos/verdad-y-justicia-para-mas-de-43
*Recomendaciones de la CNDH relacionadas con la llamada "Guerra Sucia":
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-30VG-2019.pdf
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-general-46
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-por-violaciones-graves-98vg2023
*Informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico:
-Informe de los comisionados Abel Barreda, David Fernández y Carlos Pérez Ricart:
http://www.meh.org.mx/especial-informe-final/
-Informe de la comisionada Eugenia Allier:
Pendiente.
Es muy posible que, después de tantas iniciativas fallidas, hayamos agotado los cartuchos para seguir exigiendo verdad y justicia a la nueva administración que tomará posesión en septiembre del 2024. Una auténtica comisión de la verdad tendría los mismos obstáculos que la comisión presidencial. Una fiscalía especial para el tema, dirigida por una Fiscalía General presidida por Alejandro Gerz Manero (represor de la guerra sucia) no llevaría a nada, pues el fiscal ha saboteado la investigación sobre las víctimas del periodo desde el inicio de su gestión. Las víctimas de la guerra sucia son probablemente las más revictimizadas de la historia reciente de México. Todas las administraciones desde la de Carlos Salinas hasta la actual les prometieron algo que no quisieron cumplirles. Esto, sin duda, es derivado del poder sin contrapesos y la impunidad estructural del ejército mexicano. Sólo un movimiento ciudadano de masas, como el que obligó al presidente Raúl Alfonsín a llevar a juicio a las juntas militares en 1983, podría cambiar la correlación de fuerzas, pero ese futuro se antoja lejano. El panorama es desolador, pero en 20 años de caminar al lado de las víctimas, sé que no cejarán en su empeño por saber qué pasó con sus desaparecidos y que se juzgue a los culpables, aún en ausencia, porque la infamia no prescribe.
Que todos estos fracasos no nos impidan exigir con contudencia a la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum una comisión de la verdad genuina, ajena al Estado y a intereses de particulares, para investigar el periodo de atrocidades innombrables que comenzó con la llamada narcoguerra en 2006 y se ha prolongado hasta el presente. Que todos estos fracasos sean una lección sobre lo que nunca más se debe volver a hacer a la hora de investigar los crímenes de Estado.
